El planteo del equipo económico, incluido en la Rendición de Cuentas, de reasignar el 50% de los créditos presupuestales del Instituto Nacional de Colonización (INC) destinados a la compra de tierras a otras prioridades de la actual administración no fue la única propuesta que se conoció en las últimas horas vinculada al organismo encargado de las políticas de colonización. Al proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo se sumó una iniciativa presentada por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, que plantea la creación de un régimen especial para que los colonos del INC puedan convertirse en propietarios de la tierra, abandonando su condición de arrendatarios.
En el proyecto de ley del legislador colorado se plantea en primer lugar la creación de “un régimen especial de enajenación con pago a plazos de las tierras administradas” por el INC; el cometido central de dicho régimen será “convertir en propietarios a los actuales colonos arrendatarios”, con la finalidad de “asegurar su mayor independencia económica”.
Para acceder a este régimen los colonos arrendatarios deberán acreditar una antigüedad mínima de cinco años en tal condición. La adquisición del campo podrá efectuarse mediante el pago de cuotas en un plazo máximo de 40 años.
En la iniciativa se dispone que “el precio de cada fracción será determinado por el Departamento de Tasaciones del INC, conforme a su metodología técnica habitual”, la cual deberá ponderar tanto “la capacidad productiva y las posibilidades de explotación de la fracción” como “su valor de plaza” a los efectos de “asegurar criterios objetivos, verificables y homogéneos para todos los colonos que accedan al régimen”. Asimismo, se establece que, en aquellos casos en los que el valor determinado “resulte menor que el de adquisición” por parte del INC, el organismo “tomará a su cargo la diferencia”.
En la exposición de motivos del proyecto, Bordaberry sostiene que la utilización de la metodología del Departamento de Tasaciones del INC, en lugar del criterio de “fijación discrecional por parte del directorio” del organismo, permite evitar “dos riesgos simétricos”. Por un lado, “que el precio quede fijado muy por debajo de la realidad económica de la tierra, lo que desnaturalizaría el régimen en un subsidio encubierto y comprometería la sostenibilidad del propio instituto”; por otro, “que quede fijado a valor de mercado pleno, lo que, dado que en zonas de alta concentración de colonos tamberos, como San José, el valor de la tierra supera ampliamente los 6.000 dólares por hectárea, haría inaccesible la compra para cualquier colono, por generoso que sea el financiamiento ofrecido”.
El legislador colorado puntualiza que la normativa vigente “ya autoriza la venta de tierras a plazo a los colonos”; no obstante, advierte que “lo que falta es transformar esa facultad discrecional en un derecho exigible por el colono cumplidor”.
El proyecto también establece que, una vez cancelada la totalidad del precio de compra del campo, “se producirá el cese del régimen de colonización respecto de la parcela adjudicada y quedará extinguido el estatuto de colono respecto del titular y su familia, lo que deberá ser declarado expresamente por el INC”.
“Solo una minoría ha logrado alcanzar la propiedad plena”
Bordaberry afirma que el objetivo del proyecto es transformar a los colonos arrendatarios en propietarios para que “la tierra trabajada durante años por una familia se traduzca, legítimamente, en un derecho de propiedad y en capital propio”. Es decir, “que el paso por el INC sea, en los hechos y no solo en el texto de la ley, un paso hacia la condición de propietario”.
El senador colorado señala que actualmente “más del 65% de los colonos del instituto ocupa la tierra bajo arrendamiento u otras formas de tenencia precaria”, mientras que “solo una minoría ha logrado alcanzar la propiedad plena de la parcela que trabaja”. En ese sentido, Bordaberry afirma que “la independencia económica del colono no se alcanza prolongando indefinidamente su condición de arrendatario, sino facilitando su acceso efectivo a la propiedad”.
El legislador colorado afirma que actualmente “es cada día más difícil para una familia rural retener a sus hijos en el campo si no pueden ofrecerles la certeza de un patrimonio propio”. Por eso, sostiene, “se impone una nueva concepción de la colonización: ya no como sistema de tutela permanente, sino como puente hacia la propiedad”.