En el despacho de la diputada colorada Paula de Armas (Vamos Uruguay), donde hay una foto de tamaño casi real de José Batlle y Ordóñez, ella y la diputada del Frente Amplio Tatiana Antúnez (Partido Comunista), conversaron con la diaria sobre el proyecto de ley en el que están trabajando para modificar un conjunto de aspectos del sistema de adopciones. En una primera instancia, las legisladoras identificaron varias trabas en los costos que implica el proceso de adopción. Luego, a partir del contacto con organizaciones de familias adoptantes, el abanico de temas se les “empezó a abrir de una manera muy sostenida y muy grande”.
Las diputadas tienen la expectativa de presentar formalmente la iniciativa en la cámara baja en julio. Desde marzo, como representantes del Poder Legislativo, están trabajando sobre el sistema de adopciones en un grupo que fue convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), en el que también participan el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social, ASSE, el hospital Pereira Rossell y la sociedad civil.
¿Por qué decidieron redactar un proyecto sobre esto? ¿Qué problemas detectaron para adoptar?
Tatiana Antúnez: Esto surge porque tuvimos una entrevista con un profesor de Literatura de un liceo que nos contó que había adoptado a una nena grande. Nos colgamos a hablar del tema de la adopción, de cómo había sido su proceso. Una de las cosas que nos decía era que se quería casar y no podía porque todos sus ahorros los estaban destinando a pagar los juicios [del proceso de adopción]. Ahí se nos empezaron a prender pila de alarmas de cosas, además de todo lo que sabemos del sistema en general que está mal, y empezamos a decir: “Tenemos que hacer algo con esto”. Le preguntamos cuánto tenía que pagar y nos dijo que mínimo son 4.000 dólares para arriba. No sabíamos que era tanto.
Paula de Armas: A raíz de esa historia de este conocido en común empezó la curiosidad, pero ahora ya nos hemos reunido con colectivos como la Asociación de Padres Adoptantes [del Uruguay, APAU], también con Hijos del Sistema, que justamente lo que hacen es representar a los adolescentes que están en el sistema de protección del Estado. El abanico se nos empezó a abrir de una manera muy sostenida y muy grande. Las familias de APAU nos planteaban que una de las cosas es el tema de los costos, que asociamos directamente al proceso judicial, porque la familia adoptante tiene que hacerse cargo y pagar un abogado para el niño, para la familia adoptante y uno que represente a la familia biológica del niño.
Pero vimos que no solamente tienen dificultades con el tema de los costos desde el punto de vista procesal. Una de las preocupaciones que planteamos en la mesa de trabajo convocada por la INDDHH sobre adopciones es la necesidad de descentralizar un poco la asistencia a las familias, porque muchas familias del interior que quieren adoptar tienen que venir a Montevideo, sí o sí, a cada una de las instancias previas a la inscripción en el Registro Único Adoptante. Eso tiene un gasto en moverse. Cuando empieza la etapa de adaptación y de vinculación, de integración con los niños, a veces son familias que están en Montevideo y el niño está en un hogar, por ejemplo, en el norte del país, y eso también genera costos, gastos permanentes y constantes. Creemos que logrando una descentralización real y posible, teniendo en cuenta que podemos generar cuatro regiones, beneficiamos también así a las familias. No solo el costo es en lo judicial, sino también en todo el proceso, que, además de extenso, es costoso.
Tatiana Antúnez: Lo que identificamos es que adoptar termina siendo un privilegio. Nuestra perspectiva, desde el punto de vista de legislar, tiene que ver con el interés común. Nos fuimos encontrando con un camino que es sinuoso. En esto de pensar en la adopción como una restitución de derechos a las infancias, cuanto más obstaculizás el proceso, más difícil es que las familias se animen a incluirse y ser parte de todo este trayecto, que es largo, que tiene costos.
Después nos fuimos encontrando con otras cuestiones, como que tenés que tener determinados recursos en cuanto al estado de tu casa. Hay un protocolo que INAU tiene aprobado, que plantea –y eso es parte de las observaciones que hacen los equipos técnicos– que tienen que tener un dormitorio con tal medida exclusivamente para el niño o niña que vaya a llegar a la casa. Eso genera también desigualdades con las familias que tienen hijos e hijas de forma biológica. Hay cuestiones que hacen a los derechos y los privilegios, pero también que hacen a una separación muy marcada entre lo biológico y lo sanguíneo, y todo eso que también pone un montón de tensión y de diferenciaciones a una familia que efectivamente se quiere embarcar en un proceso de adopción.
¿Y esos protocolos los quieren cambiar con el proyecto?
Tatiana Antúnez: Sí, aunque en este grupo de trabajo estamos observando que hay cosas, que vamos identificando como embrollos, problemas, dilemas, que tienen que ver con la gestión y otros que tienen que ver específicamente con lo legislativo, que se pueden modificar para que esto genere nuevos derechos y que se amplíen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay mucho para hacer desde la gestión también. Hay que reforzar muchas cosas y el INAU está mostrando apertura con esto.
¿Qué cosas tienen que pasar sí o sí por el ámbito legislativo?
Paula de Armas: Hay que crear una licencia especial para estas familias, que tiene que ser fraccionada. Para que una familia sea idónea para adoptar, el INAU les exige una estabilidad económica que garantice que ese niño va a tener sus necesidades básicas cubiertas. Para eso las familias tienen que tener un empleo estable. Cuando ellos tienen que asistir al INAU, a los distintos talleres, a ver si van a ser una familia idónea, están, tanto en lo público como en lo privado, condicionados a la buena fe de su empleador a que les permitan tomarse un día para poder asistir a esos talleres, que son obligatorios y que si no asisten se les cae el proceso. Nosotros entendemos que tienen el mismo derecho que una madre biológica, que va y asiste a las consultas médicas que tiene periódicamente.
También se está dando [otro tema] en esta mesa de trabajo, y es que el INAU tiene que dejar de ser juez y parte en el proceso. Las familias hacen con las duplas [de técnicos] todos los talleres para ver si son idóneas o no. Cuando a las familias se las declara no idóneas y apelan –es decir, consultan por qué no son idóneas–, quien juzga eso es el propio INAU nuevamente. El INAU le dice: “No sos idóneo”, y después es el que atiende la apelación. A raíz de todas estas experiencias estamos evaluando crear por ley un órgano de fiscalización que garantice que esa apelación sea atendida de una forma imparcial y que pueda contemplar ambas posturas: la del INAU y la de las familias. Como pasa en lo judicial, en el Tribunal de Apelaciones, cuando uno apela una sentencia no es el mismo juez que la dictó el que determina si esa sentencia fue debidamente tomada o no.
Por último, algo que nace a raíz de adolescentes que fueron adoptados de niños, es una situación que nos han planteado que tiene que ver con su propia historia, que es que desconocen si hay algún antecedente, alguna patología, alguna enfermedad crónica en su familia biológica. Lo que hicimos fue plantear a ASSE crear un registro en particular en el cual ese niño, cuando sea adulto o en su infancia, con los padres adoptantes, por intermedio de la Justicia, pueda acceder a esa información. En la medida de lo posible, el objetivo es tener ambas informaciones, al menos de su mamá biológica, para que se deje constancia si padecía alguna patología que pueda luego ser heredada por su hijo. Creemos que es algo que no implica un gasto de recursos, sino que es un tema de orden y de garantía para el futuro de ese niño. Eso es algo que podemos instrumentar por ley bajo la órbita de algún ministerio, que puede ser el de Salud Pública, pero que sea un lugar en concreto.
Tatiana Antúnez y Paula de Armas, el 20 de mayo, en el Palacio Legislativo.
Foto: Alessandro Maradei
Se han dado casos fatales con respecto a las infancias y adolescencias en los que se evidenciaron fallas en el sistema de coordinación entre instituciones, ¿cómo podría funcionar esto que plantean en la práctica, teniendo en cuenta la situación actual?
Tatiana Antúnez: Primero, tenemos que dejar de barrer bajo la alfombra y reconocer que tenemos un problema, porque eso es algo que nos cuesta mucho poner en palabras. Si realmente estamos comprometidos con las infancias, en este caso con las más vulnerables, esto hay que decirlo con nombre y apellido: esto está pasando, hay una desconexión entre los diferentes organismos y eso genera fallas en las intervenciones, genera intervenciones tardías que derivan en situaciones graves. En las adopciones esto también pasa, no solo con este tema específico que hace a la salud. Hay otros casos emblemáticos donde en el proceso de adopción no se hicieron los rastreos correspondientes.
Paula de Armas: Tenemos un tema, que en realidad lo estamos evaluando, sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia, que lo que hace es exigir que primero se priorice el vínculo biológico y luego los vínculos afectivos. Entonces, ¿qué sucede? Ante la ineficiencia, muchas veces por distintas causas, se han cometido errores que para una familia pasan a ser un horror. Entonces, creo que realmente tenemos que cuestionarnos hasta dónde la ley es justa para ese niño.
Hay muchas familias biológicas que se han hecho cargo de sobrinos, de nietos, y que lo han hecho muy bien y que han hecho mucho esfuerzo para darle a ese niño el derecho de vivir en familia. Pero sabemos que hay otras situaciones en las que no ha sucedido esto. Y una de las cosas que pusimos sobre la mesa de trabajo es que al menos cuestionemos esto, cuestionemos si debemos –o no– realizar una modificación legislativa al respecto. Creo que estamos en un camino correcto en el que hasta distintos juristas, además de quienes participan del Poder Judicial y de la Defensoría, han proporcionado distintas opiniones, y de la conclusión final vamos a determinar si es necesaria una modificación jurídica, en el proyecto o no, al Código de la Niñez.
Tatiana Antúnez: Esto tiene que ver con que podría ser mejor, pensando en el interés superior del niño, que ese gurí tenga una mamá o un papá adoptivo, y que no deje de vincularse igual con aquellos vínculos biológicos que surjan. Pero ahí es necesario tener una lupa mucho más grande de la que se tiene hoy para poder evaluar el caso a caso, porque esto sí tiene que ir como muy a medida.
No quiero evadir la pregunta de cómo mejoramos todo el sistema de comunicación y de alertas. Creo que hace dos semanas recibimos [en el Parlamento] a todos los que hoy son parte de la Ley Gapiia [garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia]. Me parece que eso es una buena cosa, pero cuesta mucho pensar en su implementación. Una de las cosas que se habló con mucho énfasis, incluso desde la oposición, es mejorar el sistema informático que hoy se tiene, para empezar a armar ese rompecabezas que hoy está fallando y buscar alternativas en eso.
Paula de Armas: Si yo pretendo tener una visión holística, mirar el bosque y no el árbol, realmente tenemos que hacer que eso funcione. Cuando nos dicen: “Ah, pero eso es difícil”, y sí, ya sabemos que es difícil. Las barras más jóvenes de los que estamos hoy en el sistema político venimos con esa fuerza, que no vamos a permitir que nos digan: “Bueno, pero ya te vas a cansar”. No, no nos vamos a cansar. Porque sabemos que se puede hacer. Nosotros hoy estamos trabajando en proyectos de adopciones, pero somos conscientes de que hay que generar políticas públicas que prevengan esta situación, porque también un poco es eso. ¿Por qué los niños llegan a INAU? ¿Por qué muchos niños están institucionalizados? ¿Por qué? Porque estamos fallando en muchas otras cosas que determinan que estos niños luego terminen en INAU. No es solamente mejorar el sistema de protección que estamos seguros que hoy funciona y funciona mal.
A raíz del caso de la adopción que hizo una pareja italiana de un menor uruguayo se han cuestionado los cambios que introdujo la ley de urgente consideración (LUC), en el sentido de que hubo una flexibilización de los procesos. ¿Tienen pensado modificar la LUC?
Tatiana Antúnez: Yo hice un pedido de informes por ese tema a sabiendas de que hubo una flexibilización que puede tener que ver con la implementación de la LUC. Creo que hay cosas que podríamos pensarlas para mejorarlas. Tampoco han aumentado significativamente las adopciones. En función de los datos que tenemos, son muy pocas las adopciones que se dan bajo este régimen, por lo tanto, tampoco tenemos una medición de impacto real de cómo afecta.
Paula de Armas: Yo he sido muy clara, incluso hasta con las organizaciones que nos hemos reunido, de que no estoy dispuesta a derogar los artículos de la LUC con respecto a adopciones. Si una modificación se plantea para mejorar aún más la condición del proceso de adopción, estoy dispuesta a discutirlo y también a consultar a la sociedad al respecto. Tengamos claro que hay algunos artículos que fueron sometidos a referéndum, entonces me parece realmente importante que la sociedad sea parte en esto, en caso de que se pueda llegar a plantear una modificación y, como digo, para mejorar, no para derogar.
¿Han buscado apoyo en el Partido Nacional?
Paula de Armas: Sí, ya hablé con [el diputado] Pablo Abdala, que fue presidente del INAU [en el período pasado]. Pablo es una persona que también me consta que trabajó mucho en el INAU, que tuvo muy buenas intenciones. Le hemos contado de nuestro proyecto, de cuáles son las líneas principales, y él incluso ha puesto a las órdenes equipos técnicos para ayudarnos, para sacar este proyecto adelante.
Lo estamos hablando con algunos compañeros que han trabajado en el tema. Esto termina en el plenario en el que estamos los 99 legisladores y tenemos la esperanza de que salga adelante. Creemos que así va a ser porque el trabajo que se está haciendo es un trabajo serio, responsable, cuidadoso, con respaldo de los equipos técnicos. No estamos redactando un proyecto al azar ni como nos parece, sino que está basado en evidencia y en argumentos jurídicos, así que esperamos el consenso de toda la cámara para sacarlo adelante.
Tatiana Antúnez: Yo creo que no va a haber grandes discrepancias con esta propuesta, a partir de que se está amasando con diversos actores que hacen específicamente a la temática, independientemente de nosotras, que somos legisladoras en este momento. Dado todo ese trabajo, se está haciendo una buena acumulación en ese sentido. Es seguro que [el proyecto] va a reunir los consensos porque se viene trabajando con mucha atención. Tenemos pila de expectativa con que vaya a contar con todos los apoyos.
