Durante el acto de conmemoración de la batalla de Las Piedras, el presidente de la República, Yamandú Orsi, llamó a cuidar que los “intereses político-partidarios no interfieran en la saludable independencia de la administración de justicia”. Con ese punto de partida, fuentes del Frente Amplio (FA) señalaron a la diaria que dentro de la fuerza política “está preocupando la situación” de la Fiscalía, tomando como último hecho el traslado del fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado.
Machado asumirá la titularidad de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, por lo que dejará su responsabilidad al frente del caso Cardama. También quedará al margen de la investigación que tenía sobre la mesa –entre otros actores políticos– al expresidente Luis Lacalle Pou por la destrucción de un documento certificado en la Torre Ejecutiva.
Según confirmó El Observador, el fiscal Diego Pérez quedará a cargo de estas causas. La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, al ser consultada respecto del traslado de Machado, dijo que el motivo fue su postulación –entre otros fiscales– al cargo de Cibercrimen, confirmó la diaria con fuentes políticas.
Este escenario, al que se suman cuestionamientos al traslado de la fiscal Sandra Fleitas –al frente del caso que tiene como acusado al exsenador Charles Carrera–, lleva a que la fuerza política esté “analizando cuáles son las vías a seguir”. “Estos movimientos que hizo [Mónica Ferrero] en las fiscalías de Delitos Económicos, que son las que tienen que investigar a los funcionarios públicos, llaman la atención”, plantearon a la diaria desde la orgánica del FA, en el entendido de que se acostumbraba usar el “concurso” como procedimiento para acceder a esos cargos.
En ambos casos se analiza que no se trata de funcionarios con “una trayectoria destacada” para ocupar cargos de tal relevancia. Asimismo, se entiende que, por “razones de servicio”, era lógico que Machado permaneciera en el cargo. En el caso que involucra al expresidente Lacalle Pou, por ejemplo, se entiende que la llegada del nuevo fiscal implica “volver a empezar”. En términos generales, se plantea un escenario de “discrecionalidad” en el manejo de los cargos de las fiscalías de Delitos Económicos.
En este análisis de los “pasos a seguir”, el FA como estructura mantendrá reuniones con sus legisladores. Lo que se señala como punto central es evitar “la judicialización de la política a través de la Fiscalía”, ante “señales muy adversas y muy preocupantes” en estas causas.
La visión desde el Parlamento
Desde la bancada de senadores del FA, en las últimas horas, se refirió a este tema Daniel Caggiani. El legislador remarcó en una rueda de prensa que “es raro cómo se dio” el traslado de Machado y enfatizó que todavía no hay “explicaciones públicas de parte de la Fiscalía”. En ese marco, recordó los dichos del expresidente Lacalle Pou sobre que “quien comenzaba debía terminar el caso”, durante la causa que tenía como protagonista al excustodio presidencial Alejandro Astesiano y mientras se hablaba de un posible traslado de la exfiscal Gabriela Fossati.
“Lo primero que tenemos que tener desde el sistema político, y sobre todo en el Parlamento, es elegir una nueva fiscal [de Corte] con todos los votos necesarios”, aseguró Caggiani. Asimismo, recordó que “algunos actores de la oposición han trancado” ese proceso. “Uno se preguntaba por qué era, y capaz que uno ahora se está dando cuenta de por qué era; esperemos que no sea por eso”, dejó planteado el senador oficialista.
Por último, Caggiani indicó que el cambio de fiscal durante la investigación implica que “hay criterios diferentes” durante el proceso, lo que “les quita garantías a los propios investigados”. “Habría que preguntarle a los indagados qué piensan sobre este cambio, porque no los escuché hablar tampoco”, remarcó.
