El día que el flamante fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, Diego Pérez, se sumerja en el caso Cardama –denunciado penalmente por el gobierno ante la aparición de indicios de “estafa” y “fraude”– tendrá a su disposición, como insumo adicional, todo el material producido por la comisión especial de la Asamblea General que, desde fines de febrero, está investigando el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas al astillero español. A la fecha de hoy, con apenas nueve sesiones, las actas de la comisión ya suman 476 páginas. Y restan testimonios claves, como el del exministro de Defensa Javier García, el del exdirector de Recursos Financieros de la cartera Damián Galó y, tal vez, el del propio Mario Cardama.
Al diputado Joaquín Garlo, uno de los representantes del Frente Amplio en la comisión, por momentos no le resulta sencillo encontrar el documento al que hace referencia, en entrevista con la diaria, entre la pila de hojas que revientan la carpeta que lleva en su tapa el nombre de la empresa española. Además de las actas, el legislador del Movimiento de Participación Popular tiene todos los informes que envió el gobierno, un puñado de pendrives con inconmensurable información e incluso algunos documentos aportados por los legisladores de la oposición, de los que dice desconocer su origen.
Para Garlo, las recientes comparecencias del excomandante en jefe Jorge Wilson y del exjefe del Estado Mayor Gustavo Musso, aunque con posturas diferentes, confirmaron “la desprolijidad del proceso de selección” del astillero español para la construcción de dos buques offshore patrol vessel (OPV) para la Armada uruguaya. Afirma, además, que los elementos ya recabados en la investigación “parecen conducir a la conclusión de que Cardama podría haber accedido a información” privilegiada “de forma previa” a su selección por parte de las autoridades del gobierno anterior.
Hasta ahora, a partir de las comparecencias de Wilson y de Musso, ¿qué se ha podido clarificar?
Las comparecencias tanto de Musso como de Wilson, como de los oficiales que integraron la comisión técnica de la Armada, confirmaron varios elementos que dan cuenta de la desprolijidad del proceso de selección de Cardama y de cómo el proceso de compra directa de 2023 fue armado prácticamente de forma tal que fuera beneficioso para los intereses de Cardama, más que para el Estado uruguayo.
Hay versiones distintas entre Wilson y Musso en cuanto al alcance que tenía la Junta de Almirantes en el análisis sobre las ofertas, por ejemplo, con respecto a la situación financiera de los astilleros. ¿Cuál es tu conclusión?
Ahí hay que remitirse al pasado, a los gobiernos del Frente Amplio, cuando inicia el proyecto OPV. Eso quedó de manifiesto cuando comparecieron en la comisión [los ex comandantes en jefe de la Armada Carlos] Abilleira y [Alberto] Caramés, que plantearon con mucha claridad cuál fue el origen del proyecto OPV. El elemento clave en todo el proyecto OPV, desde su origen en 2009, fue que necesitamos adquirir embarcaciones que hayan sido probadas, porque Uruguay no está en condiciones de sortear su suerte y de hacer un experimento de trabajar con prototipos o con astilleros que no tengan experiencia.
Eso fue una definición muy clara desde el principio del proyecto, al punto tal de que en el gobierno pasado, cuando se llevaron adelante las compras directas de 2022 –una quedó desierta y la otra se dejó sin efecto–, uno de los elementos fundamentales para la adquisición de las embarcaciones nuevas era justamente la necesidad de que fueran embarcaciones probadas, y que, en definitiva, los astilleros que las construyeran tuvieran experiencia previa en la construcción de este tipo de embarcaciones. Lo llamativo es que entre 2022 y 2023 esa exigencia definida por la Armada no fue tenida en cuenta por el Ministerio de Defensa para la compra a Cardama.
Eso lo definió el Ministerio, no la Armada.
Eso lo definió el Ministerio, no la Armada, al punto tal que la comisión técnica de oficiales de la Armada no fue consultada en ninguna etapa del proceso de compra a Cardama en 2023. Se decidió recurrir por parte del comandante Wilson a ese mecanismo de la Junta de Almirantes, que no es un mecanismo que esté reglado ni que sea habitual para este tipo de definiciones.
Ahora, nosotros advertimos que en el expediente de la compra directa había un oficio de Wilson dirigido al [entonces] director de secretaría del Ministerio de Defensa [Fabián Martínez], en el que se responde a un oficio de Martínez que no figura en el expediente. Lo buscamos por todos lados y no está. Lo pedimos ahora específicamente al Ministerio de Defensa. Es el oficio 38 de 2023. Wilson responde a ese oficio de Martínez haciendo referencia a la reunión llevada a cabo en el Ministerio de Defensa el 13 de junio de ese año con el dueño de la empresa, haciendo referencia a Cardama.
Esa es la reunión que trascendió tras la comparecencia de Wilson, en la que dijo no recordar si estaba el exministro García.
Exacto, esa reunión celebrada el 13 de junio es posterior al informe de Wilson en el que se recomienda a Cardama entre los distintos astilleros, que fue el 31 de mayo, pero es previa al informe de la comisión asesora nombrada por el ministro para elegir definitivamente a qué empresa comprarle los barcos, que fue en julio de 2023. Entonces, ¿por qué miembros de la Armada y jerarcas políticos del Ministerio de Defensa se reunieron con los representantes de uno de los oferentes en el marco de la compra directa en una reunión en la que [lee el oficio de Wilson] “se contemplaron en la oferta todas las consideraciones requeridas por la Armada previamente”? Ese es un elemento que nosotros todavía no hemos terminado de desentrañar: si Cardama accedió o no a información privilegiada interna del Ministerio de Defensa, de la Armada, a la hora de mejorar su oferta y ser finalmente seleccionada y contratada por el Estado uruguayo.
¿Todo parece indicar que sí?
Estos elementos que hemos ido reuniendo parecen justamente conducir a la conclusión de que Cardama podría haber accedido a información de forma previa a su selección por parte de la comisión asesora, en detrimento de los otros oferentes, que sí contaban con experiencia previa, que sí habían construido OPV y que sí tenían una larga trayectoria en la industria naval vinculada a este tipo de material, elementos que Cardama no reunía.
El exsubsecretario de Defensa, Rivera Elgue, dijo en su momento en Desayunos informales que su visita a Cardama, previa a la compra, fue porque “esa era la oferta que se estaba considerando”. ¿Ese tipo de proceder es el habitual?
En materia de defensa nacional, el Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera, el Tocaf, establece justamente el mecanismo de la compra directa por excepción, por razones fundadas de seguridad nacional. Ahora, lo llamativo de este proceso es que, en vez de ir directamente por una empresa en el marco de la compra directa, se hace un llamado a ofertas y se conforma una comisión asesora a efectos de definir qué oferta seleccionar; y uno supone que cuando se desarrolla un procedimiento de esas características es para seleccionar la mejor oferta, ponderando todos los elementos. [Pero] lo que sucedió es que esa ponderación no se llevó a cabo, o sea, se seleccionó una oferta que no reunía todas las características, ni técnicas, ni los antecedentes, ni los elementos que había definido la comisión técnica de la Armada, que fueron dejados deliberadamente de lado.
Elgue también dijo que su viaje se definió en una reunión entre el Ministerio de Defensa y Presidencia. ¿Por qué desde el oficialismo no se ha planteado citar a comisión a Luis Lacalle Pou?
Esta comisión es producto de un acuerdo interpartidario. Ese acuerdo estableció la necesidad de investigar todo el procedimiento y de que se investiguen todas las etapas. Ahora, todos los actores de la comisión hemos coincidido en que, en el marco de la investigación, si surgen otros nombres de otros actores involucrados que deban ser citados, eventualmente se planteará. Pero no se descarta, y no pretendo que esto sea un titular, porque, en realidad, no es que no se descarte convocar a [tal persona], sino que la definición es: empezamos por estos nombres, después vemos.
Lacalle Pou ha dicho que estaba “enterado de todo lo que pasó”, que renunció a los fueros y que no tenía ningún problema en que se investigue.
Bueno, las responsabilidades, desde el punto de vista político, las determinará eventualmente el Parlamento; y desde el punto de vista penal, las determinarán eventualmente la Fiscalía y el Poder Judicial, en el marco de una investigación penal. Más allá de lo que diga cualquiera de los actores involucrados.
Una de las cosas que ha señalado la oposición es el voto de José Luis Elizondo, el actual comandante en jefe de la Armada, en la Junta de Almirantes. ¿Eso cómo lo ven en el oficialismo, les llama la atención?
¿Llama la atención en qué sentido?
Porque él recomendó a Cardama.
¿Y?
En vista de los antecedentes que mencionabas de Cardama...
A ver, Elizondo todavía no ha comparecido. Nosotros esperamos su comparecencia para preguntar también cuáles fueron las razones por las cuales él tomó esa decisión. Yo las desconozco. No voy a tampoco a prejuzgar sin haber escuchado su postura.
Tu compañero de sector y de comisión, Nicolás Viera, calificó como “raro” el traslado del fiscal Alejandro Machado, que tenía a su cargo el caso Cardama, entre otros. ¿Qué opinión tenés?
En términos generales, cuando se producen traslados de fiscales y de magistrados en el medio de investigaciones que son trascendentes para la vida en sociedad, sin lugar a dudas son procedimientos que hacen ruido, que llaman la atención, que generan interrogantes. Yo creo que, en términos generales, quienes ocupamos lugares de responsabilidad política tenemos que ser cautelosos a la hora de formular valoraciones respecto de esos movimientos que se pueden generar tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía. Y por esa razón yo, hasta ahora, no tengo los elementos suficientes para pronunciarme o hacer valoraciones sobre el traslado del fiscal Machado.
Pero, de todos modos, considerás que hace ruido.
En términos generales, no en este caso concreto. Cuando hay un traslado de un juez o de un fiscal en el marco de determinados procedimientos, naturalmente en la sociedad genera ruido. A mí no me consta que el traslado del fiscal Machado esté vinculado a esta investigación ni a ninguna otra. Pero creo que sería importante que desde los órganos del Estado, en este caso desde la Fiscalía, se informe a la población con transparencia para evitar suspicacias. En este caso y en todos.
Machado dijo que se postuló para la Fiscalía de Cibercrimen, pero al mismo tiempo no pidió el traslado.
Exacto, porque son cosas distintas. Lo importante en esto, insisto, es que desde la Fiscalía se informe a la población con transparencia y con claridad para evitar este tipo de suspicacias que creo que no le hacen bien al sistema de justicia. Hay una cuestión cultural también de hermetismo de determinados organismos del sistema de justicia que generan una distancia con la sociedad, con la comunidad, y yo creo que es momento de romper esa barrera. La Fiscalía tiene que tener un diálogo más fluido con la sociedad en ese sentido.
La oposición va a presentar una denuncia por el rol que tuvieron en la investigación del Ministerio de Defensa Daniel Marsiglia y Damián Rojas. ¿Ese proceso no fue del todo prolijo o se intenta desviar la atención?
Desde el principio, desde la presentación de las denuncias para la conformación de comisiones investigadoras tanto en el Senado como en Diputados, algunos actores de la oposición han definido como estrategia correr el foco de atención en este contrato temerario entre Cardama y el Estado uruguayo. Hay una intención deliberada de algunos actores de la oposición de correr el foco de atención de lo que para nosotros es lo central, que es investigar cómo Cardama llegó a Uruguay, por qué se contrató a Cardama cuando no reunía los elementos técnicos como para construir estas embarcaciones y cómo pudo pasar que el Estado uruguayo fuera estafado con las garantías.
Pero, en este caso particular, ¿se hizo todo en regla?
Bueno, estamos todavía a la espera de las comparecencias, que están previstas en el cronograma de trabajo de la comisión, de los miembros del Ministerio de Defensa que participaron en los procedimientos, para justamente poder tener una posición al respecto.
¿Te sorprende la postura de algunos legisladores del Partido Colorado y del Partido Independiente? Cuando empezó, parecía que era una cuestión del Partido Nacional.
La verdad que sí, me sorprendió, porque incluso algunos de los miembros de la comisión que forman parte de lo que llaman la Coalición Republicana han aparecido en la comisión con documentos internos del Ministerio de Defensa que no son la documentación brindada por el Ministerio de Defensa o por el Poder Ejecutivo. Yo lo he dejado asentado una y otra vez en las actas de la comisión, que desconocíamos el origen de esos documentos. Y no solamente diputados del Partido Nacional. El diputado [del Partido Independiente, Gerardo] Sotelo compareció en la comisión un día con un documento cuyo origen desconocíamos; creo que era un acta de una reunión que además pertenecía al gobierno anterior.
Al margen de esto, creo que algunos actores de la oposición han adoptado una posición de defensa de los intereses de Cardama y no de los intereses del Estado uruguayo. Yo eso lo sostengo y lo reafirmo, y he sido criticado por parte de algunos actores de la oposición que se han sentido identificados, al parecer, con estas valoraciones. Pero a mí me llama la atención que algunos legisladores de la oposición, en vez de defender los intereses del Estado uruguayo –no del gobierno, del Estado uruguayo–, hayan adoptado una tesitura en pos de la defensa de los intereses de Cardama o de construir argumentos para defender la posición de Cardama públicamente.
¿Pensás que la oposición va a pagar un costo político por este tema?
Yo creo que la sociedad, con los elementos que están arriba de la mesa hasta ahora, ha construido una opinión sobre el proceso de Cardama y es que, por lo pronto, ha sido un proceso desprolijo que tiene elementos bastante oscuros, que fue un negocio turbio.
La eventual regulación de las comisiones que “no figuran en ningún lado”
El 2 de marzo, la comisión especial de la Asamblea General que investiga el caso Cardama recibió a su primer invitado: el exministro de Defensa José Bayardi, quien en su primera intervención confesó sentirse “medio desconcertado” por la convocatoria. Allí, mientras respondía sobre asuntos vinculados a la Armada en los gobiernos frenteamplistas, Bayardi fue consultado en dos oportunidades por Garlo sobre el funcionamiento de las comisiones en las compraventas de material militar.
Con base en su experiencia, Bayardi contestó que las comisiones “no figuran en ningún lado”. “¿Qué quiere decir eso? Que no son parte del contrato. En un contrato de compraventa cuando se vende una casa, se paga una comisión del 3% más IVA. Eso es lo que figura, aunque se acuerde menos con el vendedor. De todas formas, en términos militares, esa información no figura, y puedo asegurar –por datos que tengo– que los montos son mucho mayores a las comisiones de compraventas comunes, pero no esperen encontrar eso en los contratos, salvo que haya empresas –no personas– que tengan representaciones”, expresó.
Consultado al respecto, Garlo dijo a la diaria que, a su entender, este tipo de procedimientos, “que se dan de facto y que trascienden a los gobiernos”, deberían regularse eventualmente. “Creo que es necesario justamente para bregar por la mayor transparencia en los procesos de contratación pública, máxime cuando en materia de defensa nacional las normas de contratación pública permiten las contrataciones directas por excepción”, señaló.
