Hace poco más de un año, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió en la Torre Ejecutiva a integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes le solicitaron que dé la “orden formal” a las Fuerzas Armadas de que entreguen información sobre los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Este lunes, una delegación de Madres y Familiares encabezada por Ignacio Errandonea, Graciela Montes de Oca, Javier Tassino, Laura Boiani y Silvia Bellizzi volvió a reiterar el pedido en una nueva reunión con el mandatario en la Torre Ejecutiva.
Orsi estuvo acompañado por la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Tras el encuentro, que se extendió por más de una hora, Errandonea dijo que Orsi les trasladó que en el gobierno “estaban estudiando” la posibilidad de dar la orden a las Fuerzas Armadas. Puntualizó que el presidente “no se comprometió”, pero “por lo menos no dijo que no”, lo cual “ya es algo”.
El encuentro de este lunes fue solicitado por la organización debido a la lentitud que perciben en la búsqueda de los desaparecidos. “No hay información nueva. El acceso a los archivos se está trabajando de forma lenta y vemos que se trabaja en forma lenta por trabas burocráticas”, afirmó Errandonea, y catalogó como “inadmisible” que “haya pasado un año de gobierno y todavía no están los convenios para poder entrar en un archivo”.
Consultado sobre qué tipo de impedimentos se han registrado, explicó que, si bien el Ministerio de Defensa firmó una resolución que encomienda a las Fuerzas Armadas a garantizar el “acceso irrestricto” de la Institución Nacional de Derechos Humanos a los archivos militares, “el problema es que hay que saber dónde están los archivos”. “Venimos jugando a la mosqueta con la información. Los actuales mandos militares ocultan la información”, aseveró Errandonea.
El referente de Madres y Familiares sostuvo que Orsi “se manifestó a favor y se comprometió a buscar desde acá, desde la Torre Ejecutiva, agilizar todos los trámites que fueran burocráticos que dependieran del Poder Ejecutivo”.
En paralelo, Madres y Familiares también le pidió al presidente “que se solicite a toda la ciudadanía que quien posea información la presente, que la entregue”, ya que una eventual orden del presidente solo alcanzaría a los militares en actividad, mientras que a “los retirados y los familiares [de los militares] retirados que puedan tener algún tipo de dato no les puede dar la orden porque ya no cumplen orden”.
“Hay una complicidad para que este señor siga prófugo”
Con respecto a la situación de militares retirados, Madres y Familiares ha solicitado que se suspenda el cobro de pensiones desde el exterior por parte de militares que están prófugos de la Justicia por crímenes cometidos durante la dictadura. “No puede suceder que los prófugos de la Justicia, como son militares retirados y que en general, tienen buen grado –ergo, tienen muy buena jubilación–, vivan en el exterior y todos nosotros les pagamos la jubilación para que se mantengan prófugos. Eso me parece bastante injusto”, manifestó Errandonea.
En la reunión de este lunes, Madres y Familiares denunció que el consulado uruguayo en Miami –a cargo de la cónsul Mariana Baubeta Álvarez– entregó el 11 de febrero una fe de vida –necesaria para el cobro de jubilaciones desde el exterior– al aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya Roberto Freddy Amorín Maciel, investigado en la causa sobre la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza.
En mayo de 2019 la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad pidió el procesamiento de Amorín Maciel, junto con otros militares, tras una causa judicial iniciada por una denuncia colectiva de ex presos políticos en 2010. Según el pedido de procesamiento del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, el aviador retirado “revistió como juez sumariante en distintas ocasiones y fue reconocido por alguna de las víctimas como partícipe en los tormentos”, por lo cual “deberá responder por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad”. En 2023, la jueza Silvia Urioste de 27º turno emitió una orden de captura a nivel nacional e internacional para Amorín Maciel.
“Hay una complicidad para que este señor siga prófugo”, dijo Errandonea, y señaló que al estar requerido por la Interpol [Organización Internacional de Policía Criminal], “la orden es que los funcionarios [del consulado] deben llamar inmediatamente a Interpol y eso no se hizo”. Consideró que se trata de una “falta grave”, y agregó: “No sé si no es falta criminal también, si no corresponde que actúe la Justicia”. En ese marco, le solicitaron a Orsi que “se investigue y se tomen las medidas y que sea drástico con esto”. El presidente, según Errandonea, “se comprometió a transmitirlo al ministro de Relaciones Exteriores”, Mario Lubetkin, y entendió que “había que investigar qué era lo que había pasado y, eventualmente, si correspondía, tomar las medidas que correspondan”.