En julio de 2025, y luego de un tratamiento a contrarreloj, el Poder Legislativo aprobó una norma que modificó la ley orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Más allá de establecer cambios que servían de salvataje para una institución paraestatal que en ese momento veía comprometido el cumplimiento de sus obligaciones, los legisladores dispusieron la creación de una Comisión de Expertos en Seguridad Social para profundizar más en su reforma.
Según se estableció por ley, esta comisión debía estar conformada por tres representantes del Poder Ejecutivo que pertenecieran respectivamente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Asimismo, se previó tres representantes de la CJPPU que fueran votados por el directorio y representaran “tanto al orden de los activos como al de los pasivos”.
Finalmente, luego de la reglamentación de la ley, el 28 de noviembre comenzó a funcionar oficialmente la comisión. Allí quedó establecida la representación de OPP y el MEF por parte de los economistas Hugo Bai y Ariel Cancio, respectivamente. Asimismo, la presidencia del órgano quedó en manos del director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico. La ley dejó previsto también que, desde la fecha de instalación del ámbito, este debía expedirse en un plazo de 120 días (que culminó el 28 de marzo), pudiendo prorrogarse por decisión del Poder Ejecutivo por un tiempo máximo de 60 días (hasta el 28 de mayo).
El viernes 15 de mayo fue la última reunión de la comisión. Di Doménico confirmó a la diaria que el final del proceso se dio en “un clima institucional de alta calidad” donde se desplegaron “rigurosas coordenadas técnicas”, y se elaboró “un denso informe” que “más allá de matices” tuvo un “acuerdo general”. Sin embargo, el jerarca del MTSS destacó que se estableció el compromiso de no dar a conocer el contenido “hasta que el presidente de la República y la presidenta de la Asamblea General lo reciban”.
El trabajo de la comisión
Di Doménico enfatizó que durante el proceso de trabajo se concedieron entrevistas a “múltiples partes interesadas”. Según queda constancia en la página de la CJPPU, se desarrollaron audiencias y se recibió material de la Intergremial de Profesionales Universitarios, la Asociación de Afiliados a la CJPPU, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, la asociación civil El Orden Profesional y la Asociación de Profesionales Independientes.
Según se estableció en la hoja de ruta de la comisión, el proceso tenía el propósito de analizar “fortalezas y debilidades del régimen previsional” de la CJPPU, estudiar “la evolución demográfica y laboral del colectivo profesional afiliado y sus impactos en la sustentabilidad del régimen”. Asimismo se apuntaba a “evaluar experiencias nacionales e internacionales de esquemas previsionales similares”.
El objetivo final establecido, luego de esa etapa, era “formular recomendaciones de reforma o reestructuración del régimen previsional” teniendo en cuenta algunos elementos como lo son “la garantía de ingresos adecuados en la etapa pasiva, mediante mecanismos contributivos y eventualmente no contributivos”, la “sostenibilidad económica y financiera del régimen en el mediano y largo plazo” y la “equidad intergeneracional e intrageneracional del sistema”.
También remarcó como necesario, entre otros aspectos, tener en cuenta la “compatibilidad con principios de universalidad, solidaridad y eficiencia del sistema previsional nacional” y la “adopción de medidas tendientes a ampliar la base de aportantes, incluyendo el análisis de mecanismos para la efectiva incorporación de profesionales que declaran ‘no ejercicio’”.
Asimismo, incorporó dentro del planteo la posibilidad de llevar adelante el “análisis de la forma de aportación de los afiliados activos, evaluando la justificación del régimen de aportes sobre ingresos fictos, así como los mecanismos que permitan contemplar trayectorias laborales y densidades de cotización heterogéneas”.
En la misma línea, se dejó clara la posibilidad de prever medidas tendientes a “la flexibilización de regularizaciones que afecten la incorporación y retención de afiliados activos”. También se abrió la puerta a “la incorporación de nuevas carreras universitarias al régimen de aportación de la caja”.
