Este jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, brindó una conferencia de prensa en la que anunció múltiples cambios en la cúpula de la Policía Nacional, producto de un “monitoreo permanente” que el Ministerio del Interior (MI) lleva a cabo en torno a las diferentes “necesidades” que se presentan en materia de seguridad.
Los cambios incluyen la designación del subdirector nacional de la Policía, Alfredo Clavijo, al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo. Sustituirá a Pablo Lotito, que será trasladado a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, y cuyo actual director, Julio Sena, será el nuevo subdirector de dicha institución, en lugar de Clavijo. También se anunciaron remociones: la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, dejará su lugar, que pasará a ser ocupado por el comisario Fabián Monzón; mientras que Julián Abraham reemplazará a Alberto González en la dirección de Asuntos Internos.
El anuncio desató inmediatamente la polémica y suscitó críticas de múltiples actores que integran el arco de la oposición, como el exministro del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli, y el senador colorado Andrés Ojeda, que perciben los cambios como una forma de evitar asumir, a su entender, el fracaso de la gestión de Negro.
En un posteo en la red social X, Martinelli caracterizó las medidas anunciadas como el resultado de “una crisis de conducción que el Ministerio del Interior ya no puede ocultar” y alertó por una situación que “lejos de ser el final, es apenas el comienzo”. Según acusó, la designación de Clavijo como jefe de Policía de Montevideo obedece a un supuesto deterioro en la convivencia entre este y el director de la Policía Nacional, Andrés Azambuya, que evolucionó hacia “una disputa permanente por protagonismo, espacios de poder e influencia” y derivó en una solución que “apenas compra tiempo”.
El exministro del Interior también cuestionó la salida de Ferreira y dijo que su remoción “parece la baja necesaria para abrir espacio a una nueva correlación de fuerzas”, al tiempo que advirtió que el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Layera, “recupera peso específico mediante el control de áreas sensibles vinculadas a inteligencia, investigaciones y drogas”. Para Martinelli, la situación denunciada deriva en “una estructura fragmentada” en la que “distintos grupos acumulan cuotas de poder propias” y resulta contraproducente, ya que “mientras los jerarcas disputan espacios, la gestión se deteriora”. El exministro denunció una “sensación creciente de desorden interno” y alertó: “La Policía percibe esas tensiones y la tropa observa cómo las peleas de arriba terminan condicionando el funcionamiento cotidiano”.
“Estas fracturas no generan mejores resultados ni mayor control”, argumentó Martinelli, que dijo que en su lugar “terminan hackeando la capacidad de conducción del Ministerio”. “Lo curioso es que hace apenas 16 meses Negro presentó a estos jerarcas diciendo que estaba poniendo ‘a los mejores en los lugares donde más se necesitan’. Hoy los cambia diciendo exactamente lo mismo. O no eran los mejores en 2025 o no lo son en 2026”, ironizó. Y remató: “Cuando un gobierno empieza a rotar a los mismos nombres esperando resultados distintos, el problema ya no está en los cargos. Está en la conducción”.
Por su parte, y en una entrevista con Radio Monte Carlo, Ojeda calificó al “enroque de figuritas” propuesto como insuficiente. “No hemos tenido ninguna explicación de fondo de cambios de gestión sustantivos que tendrían que ocurrir”, subrayó el senador colorado, que denunció que varios barrios de Montevideo “se han convertido en verdaderas zonas de guerra narco a cielo abierto”.
En esta línea, evaluó que el gobierno “no parece estar entendiendo la magnitud de lo que ocurre”. Para Ojeda, la seguridad pública debería ser la principal prioridad de Yamandú Orsi, y la situación amerita la implementación de una “estrategia antinarco”, que asemejó a la experiencia del Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario –creado por la exministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich para combatir el narcotráfico en la ciudad homónima en 2024, pero disuelto por su sucesora, Alejandra Monteoliva, a principios de este año, citando mejoras en los índices de criminalidad–. “Estoy francamente muy preocupado: no veo que den pie con bola y los cambios de nombre son más una confesión del fracaso que un cambio de gestión”, concluyó el colorado.