Aunque la Rendición de Cuentas ingresó al Parlamento el martes 30 de junio, el gobierno todavía trabaja en el proyecto de ley para generar una causal de jubilación anticipada a los 60 años, que deriva del Diálogo Social, proceso que culminó en abril.
La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, dijo a Panorama informativo que la ley actual “mantiene la edad mínima de jubilación a los 60 años hasta los que se jubilan a 2032” y tiene “dos causales adelantadas”, una para “quienes tienen muchos años de trabajo” y otra para “algunas ramas o giros de actividad”. Un problema de ese diseño es que “la tecnología va a impactar en todas las cosas que sean rutinizables”. Además, explicó que si un trabajador que debe jubilarse a los 65 se queda sin trabajo a los 59, “salvo que tenga 28 años de aportes, tendría derecho a un subsidio por inactividad compensada recién a los 63”. Lo anterior es problemático porque “la gente queda desatendida” y por su impacto financiero en el sistema con “otros beneficios”, como subsidios por incapacidad.
La idea es atender esas contingencias para que la nueva causal anticipada que planteó este gobierno “financieramente sea viable”, señaló. Además, indicó que para dos tercios de los trabajadores utilizarla implicaría “cobrar menos”, pero, para la porción restante, “como su jubilación tiene un componente de subsidio importante que la reforma pasada explicitó –que se llama suplemento solidario y se cobra a los 65–, uno también actualiza a los 60 ese monto y para ese tercio el monto que les da es muy similar al que cobraban antes de la reforma”.
“Todos los que hoy tienen compatibilidad con el trabajo la siguen teniendo. Lo que no sería compatible con el trabajo es aquellos que utilicen esta causal adelantada una vez esté aprobada, y si tuvieran que irse a los 65 años, se van a los 60”, aclaró.
Rodolfo Saldain, redactor de la reforma jubilatoria que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou, remarcó que la nueva causal “no sería verdad salvo con jubilaciones muy pequeñas”. Pardo reparó en que un Diálogo Social es “un proceso diferente” a una Comisión de Expertos –el empleado por el gobierno anterior– y efectivamente se realizan estudios, con lo que “la viabilidad financiera quedó despejada con la presentación del documento”.
Respecto a los montos, agregó que “la preferencia que tuvo el diagrama de la reforma de 2023” era no permitir “que la gente cobre menos de ciertos montos” y, por tanto, no “queda otra que subir la edad”, lo que terminó generando los problemas antes mencionados. En ese sentido, evaluó que “no habría problema en que la gente cobre menos porque atiende contingencias” que además tienen “impacto financiero sobre el sistema”, con lo que se vincula a “opciones” y “preferencias que están viniendo a explicitarse ahora”.
Asignación Familiar del Plan de Equidad: se prevé mantener un 20% del beneficio condicionado
La Rendición de Cuentas incluye unificar y fortalecer el sistema de transferencias dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Pardo recordó que “se están unificando cuatro beneficios que existen hoy” en un sistema que, de aprobarse, “empieza gradualmente”.
“El 1° de enero entrarían tres generaciones: los nacidos en 2025, los nacidos en 2026 y los nacidos en 2027, incluidas mujeres embarazadas. Los que no entren siguen cobrando lo que cobran hoy; vale aclarar, estos beneficios cubren al 55% de los niños, niñas y adolescentes de este país”, apuntó.
En esa lógica por generaciones, ingresar niños nacidos en ese lapso tiene previsto un costo incremental de “31 millones de dólares” financiado por “la redistribución de gasto y la revisión de alguna cuestión de exoneración impositiva”.
Según Pardo, los niveles se medirán con “un índice de carencias críticas que es multidimensional”. El sistema prevé dos franjas por edades; donde se refuerzan más los montos es en la de 0 a 3 años y mujeres embarazadas, por lo cual, “como el año que viene se entra solo en esas franjas, se pagan los montos mayores”. Para los menores niveles de ingreso corresponden $ 10.000 en ese grupo, mientras que para los dos niveles de ingresos siguientes se propone $ 6.600 y $ 3.300.
Como ejemplos, la jerarca dijo que una madre soltera con un niño menor de 3 años y un ingreso de $ 20.000 recibiría, en el sistema actual, unos $ 12.500, mientras que de aprobarse el nuevo régimen de transferencias “el año que viene pasa a cobrar unos $ 20.000”. A su vez, una pareja que ingresa $ 57.000 entre ambos –con la mujer embarazada y un niño menor de 3– hoy percibe $ 4.000 y pasa a recibir un poco más de $ 13.000. Si el niño es mayor de esa edad, la pareja “pasa igual a más del doble” hacia unos $ 8.000.
Un eje de debate fueron las contraprestaciones, y el Diálogo Social recomendó eliminarlas. Sin embargo, Pardo aclaró que actualmente el único beneficio condicionado a la inscripción y asistencia en los institutos de enseñanza son las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad. Dado que “las preferencias del sistema político importan y mucha gente no está a favor de quitar irrestrictamente la condicionalidad”, se prevé, del beneficio total, “un 20% dejarlo condicionado, que es más o menos lo que representaría la Asignación Familiar del Plan de Equidad, y el resto dejarlo sin condicionamiento”.
Destacó que los beneficios cubren la situación de unos 460.000 beneficiarios y la única contraprestación condicionada abarca a 406.000 personas. “De esos, a los que el año pasado se les retiró en julio la asignación porque no cumplían el requisito de estar inscriptos, aun después de la revinculación, fueron en el entorno de unos 3.000”, lo que representa una “mínima porción”.
