La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) visitó el viernes la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, para trasladar sus pedidos presupuestales y también para manifestarse sobre el proyecto de ley que transforma a la defensa pública como un servicio descentralizado del Poder Judicial.
Según informó en la comisión la presidenta de Adepu, Estefanía Broggi, actualmente la defensa pública –encargada de representar a quienes no pueden acceder a un abogado– está integrada por 308 profesionales activos en todo Uruguay. De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, Broggi indicó que los defensores atienden temas vinculados a familia, pensión alimenticia, visitas, la niñez y adolescencia, civil, laboral, adolescentes infractores, administrativo, aduanero, faltas, salud mental y violencia basada en género.
Al desglosar dónde están esos 308 defensores, señaló que 98 trabajan en Montevideo y los 210 restantes se dividen en las defensorías de todo el país: la de Dolores, en Soriano, por ejemplo, tiene tres defensores, mientras que la de Salto tiene 12, pero sin especialización. “En el interior hacen todas las materias. Hoy los compañeros que van a estar en una audiencia de pensión alimenticia luego van a tener que ir a defender a una víctima por violencia de género”, apuntó Broggi.
“Cada defensor sostiene diariamente un volumen de trabajo que no ha dejado de crecer, porque la conflictividad aumenta, las competencias se amplían y se crean leyes, pero sin recursos”, apuntó la presidenta de Adepu. Resaltó que la estructura de la defensa pública “no va acompañada de ese crecimiento” y que esto “tiene consecuencias” para los defensores y también para quienes hacen uso del servicio. “El ciudadano que no puede pagar un abogado particular, y que necesita sí o sí ver un defensor público, muchas veces ve a ese defensor tres o cuatro minutos, porque a veces estamos corriendo y lamentablemente no podemos darle un servicio de calidad”, reconoció.
Asimismo, Broggi resaltó el hecho de que la defensa pública “hoy cuenta con presupuesto cero, con escasez de funcionarios, [que están] sin herramientas”. En ese contexto, la presidenta del gremio dijo que “es la primera vez” que el Poder Judicial hace un pedido presupuestal para la defensa pública en su Rendición de Cuentas.
Concretamente, el Poder Judicial solicitó seis cargos de defensor público itinerante, una creación gradual de 96 cargos permanentes desde 2027 a 2029 y 14 cargos suplentes: cinco para la capital y nueve para al interior. “El Poder Judicial reconoce por primera vez que estamos carentes de recursos: ya no somos solamente nosotros que venimos y pedimos, sino que ellos también lo están solicitando”, destacó Broggi.
Sin embargo, en la Rendición de Cuentas que presentó el Poder Ejecutivo no hay recursos asignados para fortalecer a la defensa pública. “No encontramos creación de cargos para atender el déficit actual; no encontramos cargos suplentes, a pesar de que los pedimos desde hace años”, lamentó Broggi, y agregó que “la única mención” a la defensa pública en el proyecto presupuestal refiere a la regulación de los pases en comisión. “Que la defensa pública solo aparezca para limitar o regular los pases en comisión revela el lugar que ocupa en las prioridades institucionales”, aseveró.
La presidenta de Adepu dijo que es “responsabilidad” del sistema político que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias “muchas veces queden sin asistencia” por la falta de recursos. En ese sentido, afirmó que el acceso a la Justicia “no puede quedar siempre para después” y resaltó que esto “está estrechamente vinculado a las problemáticas y prioridades definidas en esta rendición”.
Además del reclamo presupuestal, Broggi dio cuenta de un pedido del gremio que data ya de varios años, que es la creación de una defensoría especializada en niñez y adolescencia. Sobre esto, dijo que en la primera audiencia de urgencia de todos los casos “siempre va a haber un defensor público, que atiende muchas veces al denunciado, otras veces al denunciante”, y que “cuando aparece un niño, niña o adolescente tiene que elegir a quién asistir por no tener cargos”.
“Cuando se habla de personas con medidas de protección en la televisión, de cuidado, de institucionalizaciones, de adopciones, de situaciones de violencia, la mayoría va a necesitar un abogado y va a necesitar un defensor público”, aseguró. “Cuando mis compañeros tienen que ir a ver a ese niño, niña o adolescente institucionalizado, por falta de recursos, muchas veces no logran verlo, o se los va a ver una vez y pasan meses para poder volver, porque lamentablemente estamos en audiencias, tenemos que atender al público”, contó.
Diputados del FA trabajan en cambios al proyecto para descentralizar la defensa pública
Por otro lado, Adepu aprovechó la instancia para reclamar avances en el proyecto para descentralizar la defensa pública, que ya tiene media sanción del Senado –fue aprobado con votos de todos los partidos– y actualmente está a estudio de la Cámara de Diputados. Broggi dijo que para resolver “la crisis de la defensa pública” la “primera decisión” a tomar por parte de los legisladores es independizar la defensa pública.
Luego de la aprobación en el Senado, los diputados aplazaron la votación por entender que el proyecto tiene algunos elementos a estudiar, como la designación de los defensores públicos.
En ese sentido, los diputados frenteamplistas Joaquín Garlo y Alejandro Zavala están trabajando en un conjunto de cambios que presentarán en la comisión que estudia el proyecto una vez terminada la discusión de la Rendición de Cuentas, según señalaron a la diaria. Garlo aseguró que el proyecto “no está trancado” y que se está trabajando en coordinación con las asociaciones de trabajadores.
