Rivera tiene la particularidad de compartir una frontera seca, sin barreras, con Santana do Livramento (Brasil), algo que genera severas complicaciones en el control de animales en situación de calle, tal como informó la diaria recientemente. Lo reconoció el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, quien compartió la preocupación debido a que la libre circulación transfronteriza de perros abandonados deriva en ataques a majadas en los predios rurales del departamento limítrofe.
Ante esta realidad, el INBA decidió liberar un millón de pesos adicionales para la Intendencia de Rivera, informó Vieta en diálogo con este medio. El objetivo de esa partida extra, según dijo, es dar un “empuje mayor” a las campañas de castración de perros y gatos.
A diferencia del sistema anterior, que financiaba un cupo cerrado de intervenciones, el nuevo esquema le dará mayor flexibilidad a la comuna para contratar más veterinarios o licitar servicios según la demanda local. “Buscamos generar trajes a medida de cada territorio”, precisó el funcionario.
Escasos recursos para un “problema gigante”
Las dimensiones de la problemática superan ampliamente la capacidad operativa actual del organismo. En Uruguay existe una población estimada de 1.800.000 perros y más de 600.000 gatos, informó. “Es una problemática gigante”, sentenció Vieta, para quien “no se justifica” que el INBA funcione con solamente tres directores regionales para los 18 departamentos del interior. “Si no hay referentes locales, todo termina muriendo en la capital”, agregó.
Para acortar los tiempos de respuesta y la aplicación de sanciones, el organismo presentó un proyecto de ley que crea la figura del referente departamental del INBA. La iniciativa se encuentra a estudio de las bancadas de los partidos políticos.
También, a propósito de la discusión a nivel legislativo, Vieta detalló que hay “consenso interpartidario” para cambiar la tipificación del maltrato animal, que pasaría de ser considerada una falta administrativa a un delito penal. El presidente del INBA confía en que dicho proyecto recibirá la media sanción en la Cámara de Diputados antes de fin de año.
El titular del INBA citó episodios recientes en Paysandú y Canelones, donde fiscales debieron acudir a figuras como “hurto especialmente agravado” para aplicar prisión domiciliaria a maltratadores de animales. “Uruguay es de los pocos países sudamericanos que no han avanzado fuertemente en bienestar animal; hay que darle las herramientas a la Justicia”, afirmó.
En cuanto a la discusión sobre cómo los dueños de perros agresivos deberían resarcir económicamente a los productores que pierden ganado, Vieta colocó sobre la mesa la discusión sobre un seguro obligatorio para tenedores de animales de gran porte o razas potencialmente peligrosas. El INBA, según informó, trabaja en una nueva reglamentación para regular la tenencia de este tipo de animales.
Respuesta ante ataques en el medio rural
A mediados de julio, pequeños productores denunciaron que unas 100 ovejas habían muerto en ataques provocados por jaurías de perros en Puntas de Caraguatá y Cerros Blancos, zonas rurales próximas a Villa Vichadero, a más de 130 kilómetros de la capital de Rivera. También se han registrado ataques recientes en Tacuarembó y Cerro Largo, y la problemática está instalada desde hace años.
Consultado al respecto, el titular de Bienestar Animal dijo que el organismo ha comenzado a intervenir en estos territorios, a pesar de las limitaciones de personal. Por ejemplo, en las inmediaciones de la cárcel de Cerro Carancho, en Rivera: tras recibir una denuncia del productor Alejandro Ignacio, inspectores del INBA retiraron a los animales agresores del lugar. Los perros con dueño identificado serán retirados del lugar para que se hagan cargo, otros pasaron a estar bajo el amparo de las protectoras y los demás fueron trasladados temporalmente a los caniles de la Unidad 12 del centro penitenciario local. En la zona de Villa Vichadero, los ataques se han reducido, pero no se ha logrado identificar cuál es el paradero de las jaurías.
“La sábana del Estado es corta”, lamentó Vieta, quien se mostró confiado en que trasladar la gestión de los recursos a los gobiernos departamentales ayudará a dar “respuestas más eficientes”. El presidente del INBA explicó que las comunas son las que conocen a cabalidad el trabajo diario de cada protectora local, lo que permite buscar soluciones concretas, solucionar problemas y proyectar mejoras a futuro.
Al respecto, Vieta agradeció el trabajo de las organizaciones protectoras de animales, a las que calificó como “fuertes aliadas y parte de la solución”, por lo que deberían contar mayores recursos presupuestales.
