Este lunes, el senador del Frente Amplio (FA), Eduardo Brenta, explicó el proyecto de ley que presentó la bancada oficialista para establecer los “juicios por la verdad” en diálogo con Panorama Informativo. Señaló que prevé “cumplir algunos convenios internacionales que Uruguay tiene” y busca “profundizar las políticas de esclarecimiento en materia de violaciones a los derechos humanos”.
Indicó que “no pretende un objetivo de responsabilidad penal” porque existen casos en los que la persona responsabilizada penalmente puede no estar viva y quien reclama “tiene el derecho a conocer la verdad”, por lo que posibilita “un juicio que no podría hacerse si la persona estuviera muerta”, ya que en ese caso “no hay acción penal posible”.
“Mientras no se apruebe un proyecto que hay planteado sobre imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual, violación y demás, aquí se pueden llevar adelante juicios que tendrán o no responsabilidad penal siempre y cuando el responsable esté o no vivo. Lo que se busca es preservar la memoria, que se haga justicia aun no estando la persona”, indicó. Extendió el razonamiento a los militares fugados, puesto que “el juicio por la verdad se puede hacer igual” y puede tener consecuencias penales si es capturado.
Junto con el proyecto de ley para impedir el pago de pasividades a militares prófugos que presentó el FA, Brenta catalogó las iniciativas como “un conjunto de acciones que buscan preservar la memoria, profundizar en las mismas, reparar a las víctimas y a sus familiares –en el caso de que las víctimas hayan sido asesinadas, por ejemplo– y preservar la memoria”. También prevén crear un observatorio “que va a registrar todos estos juicios” y “la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en todas las áreas”.
Sobre la puesta en práctica, el legislador afirmó que “iniciaría como un proceso cualquiera ante la Justicia” como si el acusado “estuviera presente”. “Permitirá reconstruir los hechos, presentar testigos, llegar al conocimiento de la verdad y constatar la violación de los derechos humanos que la persona denuncia, esté o no presente el perpetrador”, sostuvo.
Hoy, los legisladores oficialistas se entrevistarán con el colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, pero es un proyecto del FA “a partir de iniciativas de abogados vinculados a los temas de derechos humanos”. Sobre una posible duplicación de labores, indicó que “no sería una superposición”, sino que constituirá “un aporte en un área donde muchas veces no se puede llevar adelante la acción penal” porque “el perpetrador ya no está entre nosotros”.
Es “bastante más justo” hablar de “las oposiciones que de la oposición”
El proyecto llegó en plena discusión por la Rendición de Cuentas, donde los votos de Cabildo Abierto podrían ser clave para la aprobación en general. Su líder, Guido Manini Ríos, dijo a la diaria Radio que los militares presos en Domingo Arena forman parte de un proceso de “venganza”.
Para Brenta, “la posibilidad de que esto sea una moneda de canje está absolutamente descartada” y para el FA no existen chances de que “cualquier clase de negociación incluya modificar resoluciones de la Justicia respecto a quienes están detenidos” en ese recinto.
“Totalmente”, respondió al ser consultado si el cabildante se equivocó. Sin embargo, consideró que CA entendió que “no es una moneda de cambio” y valoró positivamente que “planteara mejorar las transferencias” en un contexto donde hay una “oposición que a 48 horas de presentado el proyecto” hizo una “triste conferencia” donde lo “rechazó de lleno”.
Brenta indicó que “no todo el mundo actúa de la misma manera” y es “bastante más justo respecto a lo que sucede hablar de las oposiciones que de la oposición”. Dijo que, mientras el norte del país vive “una situación dramática” tras un fuerte temporal, se intenta “construir un discurso sobre un hecho puntual como que el no realizar el acto vinculado a la Jura de la Constitución implique desconocerla”, cuestionó y dijo que existe una “oposición cerril que se opone a lo que venga”.
Las condiciones no buscan “revincular al niño, niña o adolescente al sistema educativo o al sistema de salud”
Un debate entre oficialismo y oposición es la condicionalidad en la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia prevista por el articulado. Brenta dijo que existen trabajos académicos que “demuestran que el retiro de las transferencias, particularmente las asignaciones familiares, no tiene un efecto de revincular al niño, niña o adolescente al sistema educativo o al sistema de salud”.
Asimismo, sobre los cuestionamientos respecto a que recibir los beneficios en efectivo impide la trazabilidad, dijo que hay evidencia académica en la que “se ha constatado que las familias que reciben transferencias las utilizan básicamente en alimentación y servicios básicos”.
Para Brenta, se intentó instalar que el dinero se utiliza para “comprar celulares y vino”, pero se declaró sorprendido de que “algunos legisladores se retrotraigan a una discusión de 20 años atrás”. Además, entiende que controlar el gasto de las familias más vulnerables implica una “mirada desde el punto de vista ideológico complicada, porque en realidad a algunos sí los controlamos a morir –a los pobres–, a otros no los controlamos”.
