El Frente Amplio evalúa realizar una nueva denuncia por el caso Cardama que apunte a los responsables políticos

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En las próximas semanas, la comisión especial de la Asamblea General conformada para analizar el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas desde 2010 a la fecha recibirá a los ministros de Defensa Nacional que participaron en la contratación del astillero español Cardama y en la posterior rescisión de ese contrato. El lunes 20 de julio será el turno del nacionalista Javier García, a la semana siguiente concurrirá Armando Castaingdebat, y finalmente la comisión recibirá a la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, informó a la diaria el presidente de la comisión, el senador nacionalista José Luis Falero.

El 23 de agosto culmina el plazo de actuación que tiene el organismo, pero como además de los ministros y exministros falta el testimonio, por ejemplo, del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, del empresario Mario Cardama y de otros actores que participaron del proceso, lo más probable es que se solicite una prórroga hasta fin de año, dijo a la diaria el vicepresidente de la comisión, el senador frenteamplista Nicolás Viera. El diputado blanco Pablo Abdala confirmó a este medio que “se está manejando la posibilidad de promover una prórroga ante la Asamblea General”, aclaró que en el Partido Nacional “nadie ha puesto objeción” a esa posibilidad y consideró que “puede resultar necesario” extender los plazos.

Si bien todavía faltan testimonios y documentación por analizar, es claro a esta altura que habrá un informe en mayoría del Frente Amplio (FA) –que todavía no se sabe si contará con el apoyo de Identidad Soberana o Cabildo Abierto– y al menos un informe en minoría de la Coalición Republicana (CR), porque ambos bloques políticos ya tienen conclusiones preliminares contrapuestas, que compartieron con la diaria.

El primer período: interés o desinterés en adquirir las patrulleras

El análisis del período 2010-2020, que incluye al primer ciclo de gobiernos frenteamplistas, genera conclusiones contrapuestas de los legisladores consultados. De todos modos, no se analizan en este caso presuntas irregularidades, sino que se realizan valoraciones políticas sobre el eventual interés o desinterés de los gobiernos del FA en adquirir patrulleras oceánicas.

Para Pablo Abdala, los gobiernos del FA “hicieron poco” para concretar la adquisición de las patrulleras, mientras la senadora frenteamplista Liliam Kechichian evaluó que el “único interés” de la oposición en la investigadora era “decir que nosotros no habíamos tenido interés en tener patrulleras”. “Y la verdad es que quedó claro que interés había, pero que no estaban dadas las condiciones económicas y que se priorizaron otras cosas”, señaló.

El proceso de selección de Cardama: “Desprolijidades” o “una decisión sustentada”

En 2022, el gobierno de Luis Lacalle Pou hizo un llamado para la adquisición de patrulleras oceánicas. Hubo ofertas de empresas de China, Países Bajos y Francia. La opción mejor evaluada técnicamente fue la de la empresa China Shipbuilding Trading Co., a un costo de 160 millones de dólares. En enero de 2023, el Ministerio de Defensa de la época anuló el llamado, argumentando que el monto propuesto por la empresa china excedía lo que el gobierno preveía gastar por este concepto.

En abril de 2023 se inició un nuevo proceso, pero por compra directa. Según se informó en su momento, por orden del comandante en jefe de la época, Jorge Wilson, desde la Armada Nacional se comunicaron directamente con distintos astilleros para recibir propuestas. Se presentaron siete interesados y sus iniciativas fueron analizadas por los distintos almirantes. En mayo, con el visto bueno de Wilson, Héctor Magliocca y José Luis Elizondo, el ministerio eligió la propuesta de Cardama. Se pronunció en contra Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor de la Armada, que en su informe había puesto a Cardama en último lugar. Y en julio de 2023, el ministro de Defensa de la época, Javier García, anunció la decisión de comprar los buques a Cardama por un total de 82 millones de dólares; fundó su decisión en los plazos de entrega, el costo total y el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del astillero español.

Para el senador frenteamplista Eduardo Brenta, si algo caracterizó el proceso de compra directa fue “la permanente desprolijidad” y los “mecanismos poco transparentes” a la hora de negociar con los oferentes. Señaló que no se tuvo en cuenta que se estaba ante un astillero “sin experiencia” y que se estableció un mecanismo de pago que el Banco República “puso en cuestión”. Tampoco se prestó atención al Banco Central cuando alertó sobre la necesidad de contratar a alguien especializado para evaluar la capacidad financiera del astillero, advirtió el legislador frenteamplista.

En el mismo sentido, Viera señaló que durante el proceso de contratación “no hubo un expediente centralizado donde vos puedas encontrar todo el proceso de firma del contrato”. “Eso para nosotros también forma parte de una irregularidad flagrante de parte de quienes tienen que administrar la cosa pública”, cuestionó.

Kechichian marcó que “muchas cosas se hicieron sin que quede nada registrado”. “Y bueno, cuando estamos discutiendo en el fondo también la transparencia de este proceso, eso llama mucho la atención. Hay muchas reuniones que reconocen que se hicieron, en las que participaron la Armada, el empresario [Cardama] y el ministerio, donde no hay ningún registro escrito”, afirmó la senadora frenteamplista.

Además, los senadores del FA entienden que se favoreció a Cardama en algunos momentos del proceso. Kechichian señaló por ejemplo la reunión que hubo en el ministerio con el astillero español antes de la decisión de contratarlo, mientras a otros oferentes no se les dio esa oportunidad. “Ahí ya hubo como una señal de privilegio para Cardama”, consideró la senadora. Por otra parte, Brenta recordó que el astillero español accedía a todos los pedidos del gobierno sin modificar el costo de su oferta. “Si yo le solicito que haga siete reformas y el precio sigue siendo el mismo, concluyo, o que no va a hacer la reforma, o que va a salir cualquier cosa, ¿no?”, comentó Brenta.

En cambio, para Schipani quedó probado que el gobierno anterior, “con la información que el ministerio tenía” en ese momento, tomó “una decisión sustentada”, basada en los plazos y en el precio que ofrecía Cardama. Mencionó los pronunciamientos favorables al astillero español de los oficiales de la Armada, con la excepción de Musso.

Abdala coincidió en que en este caso el mando político de la época actuó “con gran objetividad, con gran transparencia y con gran prudencia”. Dijo que tomó una decisión que “fue recomendada por mayoría en la junta de almirantes” y además aceptó una oferta que “económicamente estaba dentro de las posibilidades del país”.

El proceso de constitución de las garantías: documentos falsos y empresa en proceso de disolución

El astillero Cardama tuvo problemas para la constitución de las garantías del contrato, y el gobierno de Lacalle Pou debió otorgar sucesivas prórrogas antes de dar por válida la garantía expedida por la empresa Eurocommerce, que el gobierno de Yamandú Orsi confirmó finalmente que pertenecía a una empresa en proceso de disolución. Kechichian señaló que en una ocasión esa extensión de plazo fue realizada de forma verbal, no quedó constancia escrita, por parte del entonces ministro de Defensa, Armando Castaingdebat.

“El astillero estuvo 11 meses sin garantía” y las garantías finalmente expedidas eran “falsas”, cuestionó por su parte Brenta. Agregó que quedó claro, del trabajo de la comisión, que “no hubo controles básicos sobre las garantías, ninguno”, que “no hubo un escribano en ninguna parte del proceso” y “no se chequeó la garantía por ningún lado. Se la dio por buena”.

Cuando comparecieron a la comisión, el 15 de junio, los representantes del estudio jurídico Delpiazzo, que asesoró al gobierno durante el proceso, aclararon que no tuvieron a su cargo el control de las garantías. José Miguel Delpiazzo señaló, según consta en la versión taquigráfica, que cuando se les hacía “alguna consulta concreta en torno a los documentos de garantías, se aclaraba –y debe figurar en algunos de los correos– que nuestro análisis era meramente jurídico a fin de contrastar el documento con las exigencias del contrato, aclarando que no estábamos en condiciones de analizar solvencia o antecedentes de entidades financieras o bancarias”.

Kechichian indicó que cuando en comisión se le preguntó a quien en ese entonces era el director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, “por el control y por la validación de la documentación presentada por Cardama, parecía que no pasaba por ningún control financiero para determinar la solvencia de las garantías ni la del astillero. Manifestó que ese control no era de uso y costumbre en la cartera”.

Adicionalmente, uno de los últimos documentos remitidos por Presidencia al Parlamento da cuenta de que el acta de manifestación que presentó Cardama junto con la garantía también es falsa. Ya en octubre, el notario español Luis Calabuig de Leyva había dicho al semanario Búsqueda que su firma, que aparecía estampada en dicha acta de manifestación, había sido falsificada, hecho por el cual luego presentó una denuncia ante la Policía española. En noviembre, la diaria informó que el gobierno uruguayo recibió un informe en el que el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil concluyó que las copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas “por ningún notario”. La “clara falsificación” fue perpetrada por alguien “absolutamente ignorante” en la legislación notarial española, tanto por los errores en su elaboración como por el “vehículo documental” elegido, sentenció el profesional español en su informe.

Sobre el otorgamiento de las prórrogas para la presentación de las garantías, Schipani evaluó que el gobierno anterior “tenía el dilema” de si “daba prórrogas, procurando que se pudiera en definitiva presentar la famosa garantía, o rescindía todo y se volvía a foja cero”. “Volvíamos de vuelta al estado en el que el gobierno asumió, que era sin patrulleras oceánicas, partiendo de la base de la importancia que tienen las patrulleras oceánicas para el Uruguay”, afirmó. Cuestionó también que se hagan “escenificaciones de que se dio una prórroga” cuando es algo “totalmente habitual en un proceso de compra” y se estaba intentando que se pudiera “llevar adelante el contrato”.

En el mismo sentido, Abdala consideró que las prórrogas estuvieron motivadas por la voluntad del gobierno de “salvar el contrato y que las patrulleras se construyeran” y por la preocupación de “actuar con la debida prudencia”. “Yo le llamo prudencia a que no aceptó la primera garantía que se le propuso, desechó varias de las alternativas que Cardama le propuso” e incluso valoró en un momento la posibilidad de rescindir el contrato, destacó.

Las conclusiones de la oposición: “Ninguna irregularidad”

Para la oposición, la actuación de la comisión especial da cuenta de que “la montaña parió un ratón”, en palabras de Schipani; y que no surgió “indicio alguno y mucho menos prueba de irregularidad de ninguna especie”, según sostuvo Abdala. El diputado nacionalista valoró que “no hay responsabilidad política de las autoridades anteriores”, que actuaron “con la debida diligencia”.

“Va a terminar la investigadora Cardama con nada. De los testimonios recibidos hasta el momento ha quedado claro que no hubo, como quiso insinuar desde un principio el gobierno, un acto de corrupción”, consideró por su parte Schipani. “Yo, francamente, no estoy advirtiendo ninguna irregularidad en el proceso”, evaluó.

Por otra parte, la oposición sigue cuestionando la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama. Schipani indicó que más allá de la constancia de la falsificación del acta presentada por Cardama, “había margen para negociar”, pero consideró que en realidad el gobierno de Orsi tenía la decisión de rescindir desde antes. Con su decisión, para Schipani, el gobierno lo que logró es que el Estado uruguayo tenga “20 millones de euros flotando en Vigo”, en referencia a la patrullera a medio construir. Y lo hizo para hacer “un planteo efectista” con “mala fe” y con “un deliberado ánimo de cobrarle una factura al gobierno anterior”, sentenció.

Abdala opinó en el mismo sentido que la decisión del gobierno de rescindir el contrato fue “totalmente desproporcionada, tremendamente riesgosa, y los riesgos los estamos viendo hoy”. Consideró que la resolución de rescisión debería haber estado precedida de una intimación a Cardama y que tiene “una debilidad”, ya que apunta no solo contra la garantía de fiel cumplimiento, sino contra la garantía de reembolso, que el diputado nacionalista evaluó que estaba “en perfecto estado”, porque “después la póliza apareció”.

Al igual que Schipani, mencionó una reunión en la Torre Ejecutiva en la que participó el abogado Gonzalo Fernández en representación de Cardama, en busca de solucionar el tema de la garantía. Sobre ese encuentro, Presidencia respondió que Fernández no planteó “formalmente” ninguna solución a la cuestión de las garantías.

Abdala afirmó que incluso con el dato que se conoció sobre el acta adulterada, él entiende que el actual gobierno “se salteó etapas” en el proceso de rescisión. En el oficialismo entienden, en cambio, que el gobierno “actuó muy bien” al rescindir el contrato.

Viera afirmó que “la única duda” que no pudo disipar la bancada oficialista es “por qué razón la coalición republicana defiende tanto a la empresa Cardama”, que “está demostrado que estafó al Estado uruguayo”. Consultado al respecto, Schipani consideró que es “todo lo contrario”, ya que la decisión del gobierno lo que generó es “un juicio arbitral internacional que puede terminar demandando al Estado uruguayo por millones y millones”. “Defender el interés nacional hubiera sido evitar todo eso y procurar hacernos por lo menos de una patrullera”, opinó el diputado colorado.

En su informe en minoría, la coalición republicana señalará también el “turismo de astilleros” que realizaron los gobiernos del FA, en referencia a la visita de jerarcas a distintas empresas en países del mundo que finalmente no se plasmaron en ninguna adquisición de patrulleras.

Las conclusiones del FA: “Responsabilidades políticas”

Brenta señaló que “todos los que participaron” en la comisión “apuntaron a [Javier] García”. “Todos dicen claramente que la decisión la tomó el ministro. Los ministros, porque en realidad son dos. Los dos serían claramente responsables”, sentenció el senador frenteamplista. En el mismo sentido, Viera remarcó que de la actuación de la comisión quedó claro que no fueron los oficiales de la Armada los que resolvieron contratar a Cardama. “Todas las resoluciones de contratación y de extensión de prórroga de las garantías fueron dadas por el mando político”, subrayó.

En la última sesión de la comisión, el lunes pasado, se le consultó a Fabián Martínez, exdirector general de Secretaría y actualmente en pase en comisión en el despacho de García, quién tomó la decisión de prorrogar el plazo para presentar las garantías, y Martínez señaló que “las tomas de decisiones siempre son de los ministros o, en su caso, del subsecretario en calidad de ministro interino”. “Las decisiones son de ellos”, enfatizó, según consta en la versión taquigráfica.

Los legisladores Viera y Abdala mencionaron la posibilidad de que lo surgido del trabajo de la comisión sea enviado a la Justicia, como documentación ampliatoria de la que ya posee. Pero según supo la diaria, en las reuniones de los legisladores frenteamplistas que trabajan el tema también se manejó como una posibilidad presentar otra denuncia ante la Justicia que apunte a los responsables políticos del proceso, lo que incluye a los exministros García y Castaingdebat. “Eso puede ser un elemento, lo hemos estado conversando con los compañeros legisladores. No lo hemos resuelto porque nos parece que eso lo podemos hacer una vez que tengamos acabada la tarea en la comisión”, confirmó Viera. “Nosotros estamos evaluando todos los escenarios. Naturalmente, uno es perfectamente hacer una denuncia si entendemos que al final de este proceso de investigación hay elementos para determinar responsabilidades políticas”, añadió.

Viera concluyó que de la actuación de la comisión quedó “claramente establecido que hubo una empresa que por la falta de controles de la administración pública uruguaya estafó al Estado”.

Kechichian aseguró que desde el FA tienen “certeza de la desprolijidad total” con la que actuó el gobierno anterior. “Cada comparecencia deja más clara la liviandad con la que trataron el tema, lo direccionado que estaba para Cardama, los beneficios que Cardama tuvo en relación a los otros astilleros. Es todo muy oscuro”, afirmó.

Sobre la posibilidad de una nueva denuncia ante la Justicia, Kechichian aclaró que todavía “no está definido”. “Si me preguntás a mí, yo creo que todas las comparecencias dejan en claro que, además de la denuncia por la garantía de truchas, hay en el proceso anterior muchas ilicitudes. Si terminamos por mandarlo a la Justicia, eso todavía no está resuelto, pero que hay condiciones para eso, a mí no me cabe duda”, concluyó.