El Poder Ejecutivo firmó el decreto para dejar sin efecto la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) que habilita el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas. La aplicación comenzaba a regir el 1° de agosto. En junio, el directorio de la CJPPU ratificó la decisión de avanzar con el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas, y el gobierno anunció que revertiría la decisión.
La decisión de la CJPPU disponía la aplicación de un timbre profesional de 170 pesos “a los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales”.
El organismo había defendido que está facultado por ley para recaudar los recursos propuestos. “Mientras conserve vigencia [la Ley 17.738], la Caja tiene no solo la facultad sino el deber de recaudar el recurso indirecto que la ley le asigna como fuente de financiamiento del régimen de seguridad social de los profesionales universitarios”, sostuvo en un comunicado de mediados de junio.
La norma, a la que accedió la diaria, establece que no todas las actuaciones realizadas por profesionales de la salud y que quedan registradas en documentos asistenciales deben ser consideradas “documentos otorgados” a efectos de la aplicación del artículo 71 de la Ley 17.738. Señala que no tienen ese carácter “las anotaciones, registros, evoluciones, indicaciones, interconsultas y demás actuaciones profesionales que se incorporen a cualquier instrumento documental”, siempre que esas actuaciones “carezcan de autonomía documental propia y no sean expedidas como documentos independientes”.
Sobre la Historia Clínica agrega que tampoco serán considerados documentos otorgados por profesionales las actuaciones que se incorporen allí o “cualquier otro instrumento destinado a consignar el proceso asistencial de una persona”, siempre que carezcan de autonomía documental propia, permanezcan integradas al proceso asistencial y no sean emitidas como documentos independientes.
El decreto fundamenta esta distinción en la evolución de las modalidades de prestación de los servicios de salud y de la documentación de la asistencia sanitaria. Según señala, en la actuación profesional se generan “anotaciones, registros, evoluciones, indicaciones, interconsultas, resultados de estudios, informes técnicos y demás acciones que se incorporan en diversos instrumentos documentales”, pero no todas esas actuaciones tienen autonomía documental.
Info Capital informó que el directorio solicitó una reunión al presidente de la República, Yamandú Orsi, en las últimas horas. A su vez, previo a la resolución del gobierno, El País informó que la caja paraestatal se reunirá el próximo martes con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Este jueves, en una entrevista con Radio Monte Carlo, el presidente de la caja, Andrés Pérez, cuestionó la decisión del gobierno y afirmó que la institución recurrirá la medida por la vía judicial, aunque dejó abiertas otras posibilidades de cara a la reunión prevista para la próxima semana.
