El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció este martes en una entrevista con el programa Lado B de TV Ciudad que próximamente el gobierno presentará una nueva ampliación de la denuncia penal sobre la garantía de fiel cumplimiento que presentó el astillero español Cardama Shipyard, en el marco del contrato firmado por la anterior administración para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya.
Será la tercera ampliación de la denuncia, que fue radicada en octubre del año pasado. Tan solo un mes después, en noviembre, el Poder Ejecutivo aportó como nuevo elemento un informe elaborado por el notario español Ignacio Martínez-Gil, en el que se señala que las copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa Nacional para avanzar en la concreción del contrato eran “absolutamente falsas” y no fueron expedidas por un notario.
Días después, en diciembre, el gobierno sumó el resultado de un peritaje que concluyó que la firma y el sello de un documento enviado por Cardama para intentar renovar la garantía de fiel cumplimiento fueron copiados y pegados de la garantía original expedida por Eurocommerce Bank, compañía que fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido.
Ahora, en la tercera ampliación, el Poder Ejecutivo aportará información que “recontra acredita, por decirlo de alguna manera, la falsificación de la documentación presentada por el señor Cardama en la garantía de fiel cumplimiento”, afirmó Díaz en la entrevista. “La vamos a presentar a la brevedad posible, apenas la recibamos en el formato legal desde España”, apuntó.
“Nosotros tenemos una pericia respecto de una determinada documentación; le digo pericia porque es un informe notarial respecto de documentación notarial española, y ahora tenemos no solamente el documento falsificado, sino el documento original”, agregó el prosecretario de Presidencia.
Consultado sobre el avance de la investigación por parte de la Fiscalía, Díaz comentó: “La última información que tengo, porque lo maneja Jurídica de Presidencia, que tiene total autonomía en ese sentido, [es que] no había actuaciones nuevas, aparentemente”.
Semanas atrás, en mayo, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dispuso el traslado del fiscal que tenía a su cargo el caso Cardama, Alejandro Machado, desde la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen. El caso será asignado a Diego Pérez, quien, a su vez, será trasladado desde la Fiscalía de Flagrancia de Montevideo.
Para Díaz, “no es bueno cambiar de caballo en la mitad del río”. “A veces no hay más remedio, pero no es bueno por las señales que se dan. Yo creo que no se puede cambiar de caballo en la mitad del río en causas que tienen una altísima sensibilidad como esta. Esa es mi opinión. Creo que no es de buena política de gestión, pero así están las cosas”, expresó.
El prosecretario de Presidencia sostuvo que “lo relevante es que se aclaren los hechos, que se sepa la verdad, que se llegue hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, agregó: “Lamentablemente vemos, por la razón que sea –por falta de recursos, no sé exactamente cuál es la razón–, una justicia que opera con mucha lentitud”.
