La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores comenzó a recibir delegaciones para tratar el proyecto de ley sobre competitividad y reducción de costo de vida, presentado en el Parlamento por el Ministerio de Economía y Finanzas hace una semana. La lista estuvo integrada por la Federación Rural, la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico, el Centro de Navegación y la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.
El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, quien integra la comisión, dijo que el objetivo de los legisladores es que el proyecto se vote en el plenario antes de que ingrese la Rendición de Cuentas a la cámara alta, puesto que “convivir con los temas es muy difícil”. “Apretaremos el paso, haremos una [sesión] extraordinaria si es necesaria, porque es una ley pesada”, afirmó.
Brenta adelantó que en la próxima sesión comparecerá la Asociación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y dijo que se acordó con la secretaría convocar por ejes temáticos: un día irán las cámaras empresariales, luego expertos, y también hay una sesión prevista para el exministro de Hacienda de Chile, Nicolás Grau, quien asesoró al gobierno en la iniciativa.
El gobierno incorporó propuestas de la Federación Rural
El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo a la diaria que su posición, en términos macro, es favorable al proyecto. Dijo que les parece “muy bien” que “se reconozca cabalmente el problema de competitividad que tiene Uruguay”, y que la iniciativa lo reconoce “implícitamente”. Además, resaltó el hecho de que “se empiece a gobernar a favor de atender el problema”.
De todas formas, aclaró que “es un proyecto que no abarca ni lo que son las relaciones laborales, ni la energía”, por lo que “quedan dos grandes temas fuera de este foco”, aunque dijo que “se va a abordar de alguna otra manera”. De esa forma, sostuvo que “va en la dirección correcta, pero es solo una parte del problema”.
Para la elaboración del proyecto, el gobierno convocó a las cámaras empresariales, a la academia, los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, la Federación Rural presentó 31 medidas, y Normay dijo que algunas de ellas fueron tomadas en cuenta en el proyecto, por lo que están “muy satisfechos”.
Los planteos que hicieron, que se reflejaron en el articulado, quedaron plasmados en un documento presentado por la Federación a la comisión. Uno de ellos es la digitalización agropecuaria, para lo que el gobierno propuso crear el Sistema de Registro y Gestión Comercial y Certificación para la cadena cárnica y para la digitalización de los certificados del Instituto de Colonización.
Consultado sobre la propuesta del gobierno de crear un sistema de trazabilidad de frutas y hortalizas frescas, Normey consideró que actualmente hay problemas con la importación de frutas porque “hay un manejo discrecional por parte del sistema que hay que tratar de corregir”. “Creo que hay algunos artículos [del proyecto] que van un poco en esa línea”, dijo, pero resaltó la importancia de que luego “haya resultado”. “Si no mejoramos la competitividad de la granja y el acceso de la población a mercadería a costo más bajo, terminar con ese viejo problema de que la fruta sale barata de la chacra y termina carísima en los puestos de venta”, “creo que no nos sirve”, sostuvo.
Por otro lado, y en línea con las propuestas de la Federación, Normey destacó el silencio administrativo positivo como un punto que les genera “mucho entusiasmo”, aunque señaló que le da “muchas dudas” en cuanto a que “sea solo para procedimientos de bajo riesgo regulatorio”. “Queda una discrecionalidad que creo que habría que detallar mucho mejor, para estar más tranquilos, pero va en la línea de perforar un poco el poder de los escritorios, que muchas veces ni siquiera tiene que ver con la voluntad de los propios políticos y gobernantes, sino que muchas veces el propio Estado genera un poder interno, y terminamos trancando y no sabemos ni por qué”, dijo.
Otras propuestas de la Federación que fueron tomadas por el Poder Ejecutivo son el fortalecimiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que se transformaría en un servicio descentralizado con autonomía; la interoperabilidad entre la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, que en el proyecto agrega a la Ventanilla Única de Inversiones del Uruguay; el reconocimiento de certificaciones extranjeras; y la agilización en minería y canteras, que habilita de oficio la revisión de instrumentos de ordenamiento territorial para su apertura.
De acuerdo al documento, la Federación considera como “aspectos pendientes” contemplar otros temas en la discusión de la ley. Entre ellos, la reducción del aporte al Instituto Nacional de Carnes, el doble voto del sector productivo en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, las autorizaciones de uso de agua para riego, la eliminación de sobrecostos y cargas fiscales a productos veterinarios destinados al control de la garrapata.
La libre elección de lanchas de practicaje “va a colaborar muchísimo con la competitividad de nuestros puertos”
El artículo 144 de la ley de competitividad establece la libre elección de lanchas de practicaje por contratante, que implica que el servicio de transporte para el embarque y desembarque de los prácticos de todas las zonas será cumplido por embarcaciones apropiadas y habilitadas al efecto por la Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval.
La presidenta del Centro de Navegación, Mónica Ageitos, dijo a la diaria que fueron a comisión para apoyar el artículo porque para ellos se trata de “un tema de competitividad” y que si se aprueba, “va a colaborar muchísimo con la competitividad de nuestros puertos”. “El 144 lo que establece es que la lancha de traslado de los prácticos sea elegida por el agente marítimo. El práctico es la persona que asesora al capitán a la salida o la entrada de los barcos, y cada embarcación tiene la obligación de contratar un servicio de practicaje.
El hecho de que los prácticos elijan las lanchas hace que decidan por las que son de su propiedad, según explicó Ageitos, y dijo que esto “ha provocado un monopolio tan grande que es imposible controlar el precio de esas embarcaciones”. “Es importante la aprobación del artículo porque, si elige el agente marítimo, se va a abrir el mercado, y va a existir la posibilidad de que otras lanchas tengan el servicio”, indicó.
ACAU pide retirar artículo sobre importación de camiones usados
Por otro lado, el artículo 94 del proyecto elimina la prohibición de importar vehículos utilitarios usados, es decir, los camiones, que la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) considera que puede ser perjudicial para los importadores de camiones. Para el gerente de ACAU, Ignacio Paz, el artículo “representa un riesgo para la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad operativa del país”.
En ese sentido, según dijo a la diaria, los juicios negativos sobre el artículo tienen que ver con los impactos en la seguridad vial y los impactos ambientales que puede tener, y también que el Estado “pasaría a recaudar menos porque el valor imponible de un usado sobre el cual se calcula el impuesto sería menor”.
“Cambiaría también el impacto para los propios concesionarios e importadores, el mantenimiento y repuestos. Ahí hay un problema grande porque podrían venir muchos camiones sin una representación en Uruguay, no tendrían garantías”, sostuvo, y dijo que en ese marco, “el país se transforma en el chatarrero del mundo”. Es por esta razón que ACAU pide que los legisladores retiren este artículo del proyecto.
