La asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se pronunció este lunes sobre la decisión del Poder Ejecutivo de unificar la Secretaría de Derechos Humanos con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, ambas dependientes de Presidencia. El proceso de unificación coincide con el cese de Collette Spinetti como titular de la primera secretaría, cargo que será ocupado por Iliana da Silva, quien hasta ahora se desempeñaba como subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia.
A través de un comunicado, Madres y Familiares reafirmó que “lo que falta es la decisión política necesaria para avanzar efectivamente en materia de verdad y justicia”. En ese sentido, se señala que “continúa pendiente una orden clara y expresa del Presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que poseen y permitan conocer dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos”.
La asociación remarca que “los pendientes históricos del Estado uruguayo no se resuelven mediante cambios de organigrama”, ya que “no son las nuevas estructuras administrativas las que, por sí solas, habilitan transformaciones sustantivas”, sino “la voluntad política –tantas veces ausente– capaz de materializar los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado”. “Esa es la voluntad que continuamos reclamando”.
Con respecto a la resolución –plasmada en un decreto– que dispone el pasaje de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente a la Secretaría de Derechos Humanos, la asociación manifestó: “Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la estructura orgánica y funcional que considere adecuada para su gestión, nos alarma habernos enterado a través de los medios de prensa de una modificación de esta relevancia en la institucionalidad vinculada al pasado reciente”.
El anuncio lo realizó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el pasado viernes, en su cuenta oficial de X. El jerarca dijo que “motivaron dicha decisión razones de mejor servicio y la búsqueda de una mejor gestión”, y mencionó que “la mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ya habían sido asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo que era poco razonable mantener dos estructuras”. “Unificarlas permite racionalizar y optimizar los recursos humanos y materiales asignados”, argumentó Díaz.
Para Madres y Familiares, “una decisión que afecta la forma en que el Estado aborda sus obligaciones en materia de verdad, justicia, memoria y reparación no debería adoptarse sin un proceso previo de diálogo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que desde hace décadas trabajan en esta materia”.
Sin abordar los “aspectos meramente administrativos” de la resolución, la asociación manifestó que “preocupa profundamente la señal política que transmite esta reorganización”, dado que “la integración de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente dentro de una estructura de carácter general puede implicar la pérdida de su especificidad, autonomía operativa, jerarquía y capacidad para impulsar políticas públicas sostenidas frente a obligaciones estatales que permanecen incumplidas”.
Asimismo, se advierte que con el cambio “se suprimen algunos cometidos y se modifica la formulación y el alcance de otros, lo que podría traducirse en una fragmentación, dilución o pérdida de competencias institucionales”.
Por estos motivos, Madres y Familiares le solicita al Poder Ejecutivo que “informe públicamente cuál será la estructura orgánica y funcional resultante”, así como “qué recursos presupuestales, técnicos y humanos serán asignados, cuál será la situación del funcionariado y de los equipos especializados, cómo se garantizará la continuidad de todas las líneas de trabajo y qué mecanismos de participación y diálogo se establecerán con las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos”.
“La institucionalidad dedicada al pasado reciente no puede debilitarse, diluirse ni quedar sujeta a formulaciones ambiguas. El Estado uruguayo debe fortalecerla y asegurar que cuente con la jerarquía, la autonomía, las capacidades y los recursos necesarios para avanzar efectivamente en verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición”, concluye el comunicado.
