Según se desprende de la versión taquigráfica, las dos primeras delegaciones que el pasado martes concurrieron a la Comisión de Vivienda del Senado para opinar acerca del proyecto de ley sobre monoambientes del Frente Amplio (FA), compuestas por representantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República y de la Sociedad de Arquitectos, tuvieron con los legisladores un intercambio de otro talante, en comparación al que se dio con la tercera delegación, integrada por miembros de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción.
La iniciativa, que es impulsada por el senador socialista Gustavo González y cuenta con el apoyo del resto de la bancada oficialista, plantea retornar a la normativa anterior y establecer que la superficie mínima habitable de cualquier vivienda no puede ser inferior a 35 metros cuadrados. La disminución de 35 a los actuales 25 metros cuadrados se dio durante el gobierno de Luis Lacalle Pou a través de una modificación introducida en la Rendición de Cuentas de 2021. El proyecto, además, propone impedir el otorgamiento de los beneficios tributarios dispuestos en el régimen de vivienda promovida (Ley 18.795) a las construcciones que no cumplan con este mínimo previsto.
Lucía Anzalone, magíster en Arquitectura e integrante de la FADU, dijo que el proyecto “instala un debate de fondo sobre la calidad de la vivienda que el Estado promueve mediante políticas públicas y beneficios tributarios”. “No se trata únicamente de discutir una cifra o una dimensión física, sino de preguntarnos qué entendemos por vivienda adecuada y qué estándares corresponde exigir cuando se reciben importantes recursos públicos comprometidos a través de renuncias fiscales”, expresó.
“Consideramos pertinente restituir el estándar mínimo de 35 metros cuadrados previsto originalmente en la Ley Nacional de Vivienda y eliminar la incorporación de los monoambientes de 25 metros cuadrados como estándar mínimo dentro del régimen de vivienda promovida”, resaltó Anzalone, en referencia al contenido del proyecto.
En la misma línea, la Sociedad de Arquitectos consideró que resulta “pertinente” volver a “establecer el mínimo habitacional en 35 metros cuadrados”, así como eliminar “la posibilidad de la construcción, promoción, financiamiento o subsidio a monoambientes en el marco del sistema público de vivienda”.
“Es un tema hasta psicológico”
Muy diferente fue la postura que manifestó en la comisión la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Su presidente, Alfredo Kaplan, sostuvo que “eliminar los monoambientes de vivienda promovida, como se plantea en el proyecto, afecta un producto que no es más del 9% del total de vivienda promovida”, dado que el 91% de los proyectos que se acogen a este régimen “son unidades de un dormitorio, de dos dormitorios y, muy pocos, de tres y cuatro dormitorios”.
No obstante, advirtió: “Fui un pésimo estudiante de dibujo, pero si se eliminan los monoambientes, en el plano quedan espacios sin utilizar y esos espacios pasan a ser menos metros cuadrados que se construyen”. En ese sentido, sostuvo que la eventual aprobación del proyecto “va a tender a generar menos inversión y menos empleo”.
Aníbal Durán, fundador y asesor de la gremial, dijo que el propio debate ya ha tenido efectos. “Lo cierto es que viene ralentizando la inversión en los promotores privados. Es un tema hasta psicológico. Lo hemos hablado con el ministro [de Economía, Gabriel] Oddone, y con [el secretario de Presidencia,] Alejandro Sánchez. Todo esto trae una serie de cuestiones que, repito, merman la intención de invertir, y no es mi intención poner un cisne negro. Estoy refiriéndome a un dato de lo que sucede hasta que esto se dilucide”, expresó. También mencionó como un factor negativo para el fomento de la inversión “un Consejo de Salarios que está muy complicado ahora”.
Asimismo, Durán hizo un breve repaso del origen de la Ley de Vivienda Promovida, una idea que “nació en el año 2010”, cuando los promotores privados vieron “agotadas las posibilidades de inversión” en la rambla y zonas adyacentes y vislumbraron “la alternativa de ir a ‘colonizar’ otros barrios”. “Recuerdo que hicimos un pequeño proyecto y se lo presentamos al [entonces] presidente, [José] Mujica, quien actuó con gran diligencia y se lo pasó al presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, quien en esos años era Carlos Mendive”, señaló.
En las conversaciones con Mendive, continuó, la gremial planteó que la ley debía tener como objetivo los “sectores medios”. Ese “era nuestro target, no los sectores medio-bajos”, señaló. Si bien reconoció que en el texto que finalmente se aprobó “se habla de sectores socioeconómicos bajos, medio-bajos y demás”, “ese no fue el interés inicial. Allí hay un error legislativo”, añadió.
Asimismo, Durán se refirió al decreto reglamentario de la ley, que fue promulgado en 2011. “Ya en ese momento –en la presidencia de Mujica– se habló de monoambientes de 25 a 40 metros cuadrados. Este no es un invento del doctor Lacalle Pou, sino que viene desde el año 2011. Se hablaba, precisamente, de un ambiente”, resaltó.
“Se fue al carajo la plusvalía de esas zonas”
En otro pasaje de la sesión, Kaplan comentó que la gremial ya se reunió por este tema con autoridades del Poder Ejecutivo. “La ministra de Vivienda [Tamara Paseyro] y el subsecretario de Vivienda [Christian Di Candia] nos dijeron: ‘Nosotros no estamos contra los monoambientes; tal vez podemos hablar del tamaño, pero no de eliminarlos de vivienda promovida como dice el proyecto’”, afirmó.
En respuesta, González manifestó: “Con la ministra también hablo yo. Con la Agencia de Vivienda también hablo yo. Y con Oddone también hablo yo, pero no les voy a decir lo que hablo con ellos, porque no corresponde. Entonces, a mí no me corran con que hablé con este o con aquél. Está bien, ‘hablaron con’, yo también ‘hablé con’, pero no dice lo mismo”.
El senador del FA puntualizó que el proyecto se restringe a los monoambientes porque, a su entender, no es correcto que “el Estado promocione 25 metros cuadrados para que viva un cristiano”. “Todo lo demás de la inversión está bárbaro. Está bien lo que usted dice que fueron a colonizar zonas. Ahora, también se fue al carajo la plusvalía de esas zonas. Téngalo en cuenta. Cuando van ustedes a construir esos edificios, la plusvalía se va para arriba. Pero eso me gustaría discutirlo en otro momento en que discutamos la Ley de Vivienda Promovida”, agregó.
González señaló que en la iniciativa “no se habla de plata” ni de puestos de trabajo. “No cuestiono que se generan puestos de trabajo, como sucedió cuando se construyó el Parque Posadas o Euskal Erría y no había ley”, comentó. Y añadió: “Tampoco estoy cuestionando el último dato que me pasaron de 210 millones de dólares de exoneraciones”.
Con respecto a esto último, Durán dijo que quien está “exonerado de pagar impuestos es el promotor”, no así los dueños de las barracas, los proveedores de insumos, los profesionales y las empresas constructoras, que “siguen tributando”. “Esta es la historia que a veces usted no relata, sin perjuicio de lo relativo a la mano de obra, que eso sí lo ha dicho y reconocido”, expresó el asesor de la gremial, dirigiéndose a González.
Según Durán, en materia de exoneraciones “no hay tal pérdida estatal”. “Con respecto a ese gasto tributario que el Estado pierde, no solo no está perdiendo, sino que gana, según los números que tenemos de la DGI. Hasta el 2023 el Estado ganó cerca de 400 millones de dólares. No pierde, sino que gana por la dinamización de la economía en todos esos barrios”, aseguró.
