El martes, en el ciclo de conferencias “La justicia en debate”, organizado por el senador colorado Gustavo Zubía, el también senador de ese mismo partido, Pedro Bordaberry, afirmó que el Frente Amplio (FA) “no tiene los huevos” para darles la prisión domiciliaria a los presos en Domingo Arena por delitos cometidos durante la última dictadura militar y anunció que presentará un artículo aditivo en la Rendición de Cuentas para otorgar el excarcelamiento a los mayores de 70 años.
Este jueves, mediante una declaración, la Presidencia del FA rechazó la iniciativa de Bordaberry. “Los principios establecidos desde Núremberg y reafirmados por el Estatuto de Roma determinan que quienes cometen crímenes de lesa humanidad responden por sus actos y que esos delitos no prescriben. La edad y el paso del tiempo no borran los crímenes ni extinguen automáticamente la responsabilidad penal”, señala el texto.
Añade que quienes están recluidos en Domingo Arena “no son presos políticos”, sino que “fueron investigados, procesados y condenados por la Justicia uruguaya, en democracia, con derecho a defensa y todas las garantías del debido proceso”.
Recuerda que para las causas regidas por el anterior Código del Proceso Penal la legislación contempla la posibilidad de prisión domiciliaria para mayores de 70 años, “pero excluye expresamente determinados delitos especialmente graves, entre ellos, los comprendidos en el Estatuto de Roma”. “No hay un vacío legal, sino una decisión expresa del Parlamento que ahora se pretende modificar”, alerta la Presidencia del FA.
Concluye que con esta propuesta se busca “beneficiar a personas condenadas por delitos gravísimos cometidos desde el aparato del Estado”, quienes durante décadas se beneficiaron “del silencio, la impunidad y la falta de colaboración en la búsqueda de los detenidos desaparecidos”.
La declaración concluye que no se trata de “una cuestión de valentía personal ni de atributos masculinos”, sino de “principios, legalidad y responsabilidad democrática”. “Defenderemos siempre la independencia de la Justicia, el cumplimiento de sus sentencias y el trato digno de toda persona privada de libertad. Pero humanizar las condiciones de reclusión no significa consagrar impunidad ni transformar la edad en un mecanismo automático para dejar sin efecto las penas”, señala.
