La Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley que dispone la creación de un programa piloto de justicia terapéutica, como medida alternativa a la prisión, para personas que hayan sido imputadas por delitos leves y que se encuentren en una situación de consumo problemático de drogas. La iniciativa es impulsada por el abogado y diputado suplente del Partido Colorado Rodrigo Martínez, asesor del sector Crece, liderado por el senador Robert Silva.
El proyecto, que ahora ingresará a la Cámara de Senadores, tiene como cometido central “reducir el consumo problemático de drogas, fomentar la reinserción social y evitar la reincidencia delictiva de los participantes” del programa, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Junta Nacional de Drogas (JND).
Durante los primeros dos años, el programa tendrá un máximo de 40 cupos; posteriormente el número de participantes “quedará sujeto a lo que disponga la reglamentación” de la ley. En el proyecto se establece que los participantes, que ingresarán al programa de manera voluntaria, “deberán calificar para la suspensión condicional del proceso y presentar un bajo riesgo de reincidencia delictiva”.
El programa “será llevado a cabo por un juzgado letrado de ejecución y vigilancia con competencia de tribunal de tratamiento de drogas, que aprobará el plan del tratamiento y tendrá a su cargo la vigilancia de su ejecución”. Este tribunal, a su vez, será asesorado por un equipo multidisciplinario, integrado por técnicos de ASSE, el Mides y la JND.
En el informe sobre el proyecto, que también fue aprobado por unanimidad en la Comisión Especial de Adicciones de la cámara baja, se sostiene que en este tema “los números son contundentes”. Se remarca que, según datos del Ministerio del Interior y del Banco Interamericano de Desarrollo, “el 65,6% de quienes salen de nuestras cárceles reincide antes de los tres años”, mientras que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Rehabilitación, “el 85% de las personas privadas de libertad ingresa con consumo problemático de sustancias sin tratamiento”.
Además, se apunta que, a los efectos de instrumentar el programa, el proyecto “restablece un mecanismo procesal ya existente en nuestro Código del Proceso Penal”, en referencia a la suspensión condicional del proceso como vía procesal para evitar la privación de libertad.
“Un cambio de paradigma ineludible”
Al momento de la votación, Martínez señaló que, si bien Uruguay no tiene “buenos mecanismos de medición”, las estimaciones marcan que las medidas alternativas a la prisión “reducen la reincidencia a la mitad”. “Entonces, ¿ la cárcel es la única solución? No”, manifestó.
El impulsor de la iniciativa sostuvo que, dado que “hay muchas personas en nuestra sociedad que son consumidores, que tienen un uso problemático, que padecen una adicción, y terminan cometiendo algún delito menor”, no es una obligación del Estado “tratar de manera igual” a una persona “que es delincuente” y a otra que “está presa de una adicción”. “Sin romantizar y sin pretender justificar la conducta de nadie, no es lo mismo”, subrayó.
Asimismo, Martínez, que suple al diputado colorado Felipe Schipani, recordó que en la última campaña electoral “todos los partidos políticos se propusieron trabajar en materia de salud mental”. “Esta es una posibilidad de empezar a hacer real lo que estamos pregonando desde la campaña”, afirmó.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio Luis Gallo dijo que el proyecto “busca aportar mayor eficacia, mayor racionalidad, rigurosidad técnica y profunda humanidad en la respuesta que el Estado debe dar a las conductas delictivas directamente encadenadas al consumo problemático de sustancias”. En ese sentido, consideró que “pasar de una justicia que se limita a castigar ciegamente a las consecuencias de una justicia inteligente, que apunta a la curación y a la reinserción social del individuo”, supone “un cambio de paradigma ineludible”.
En tanto, la diputada del Partido Nacional Mercedes Long dijo que la iniciativa abarca “un tema muy importante”, al que “hay que hincarle el diente”. De todos modos, puntualizó: “No nos olvidemos de los que lamentablemente están con la problemática de todo tipo de drogadicción y que tenemos que evitar que delincan, entonces, ahí uno de los reparos que tuve fue el presupuesto, [para que] no vaya a pasar como [con el programa] Ni Silencio Ni Tabú, que es un proyecto muy bueno pero lamentablemente en el presupuesto fue muy poco el dinero el que se le destinó”.
