El 56% de los funcionarios públicos que ingresaron a los gobiernos departamentales en el transcurso de 2025 lo hizo a través del mecanismo de designación directa, de acuerdo con el último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) sobre vínculos laborales, altas y bajas en el Estado uruguayo.
Estos datos revelaron, además, que la Intendencia de Lavalleja fue la que registró más designaciones directas y también la mayor proporción respecto del total de altas: 611 funcionarios ingresaron por ese mecanismo sobre un total de 623 altas o transformaciones de vínculo, es decir, el 98%. En 2024 habían sido 623 los ingresos directos, sobre un total de 762.
Dado que los actuales intendentes asumieron entre el 10 y el 11 de julio de 2025, los datos sobre los ingresos incluidos en el informe abarcan un semestre de las anteriores autoridades, lo cual en algunos departamentos implica un cambio de signo político, como en el caso de Lavalleja, que pasó de una administración del Partido Nacional (PN) a una frenteamplista.
Ante estos datos, el presidente de la Junta Departamental de ese departamento, Mauro Álvarez, difundió un comunicado que comienza así: “Desde el año 2023 vengo advirtiendo que la situación de la Intendencia de Lavalleja era insostenible”. “Hoy, lamentablemente, la realidad confirma aquello que denunciábamos, y también confirma que quienes advertimos a tiempo fuimos injustamente descalificados”. Álvarez indicó que en 2022 se detectaron 3.201 contrataciones directas.
En ese sentido, señaló que las administraciones de los exintendentes Adriana Peña y Mario García “dejaron una intendencia con graves problemas estructurales”, puesto que el departamento “quedó como la intendencia con más funcionarios” en relación con su población (27,1 cada 1.000 habitantes), “fue la tercera que más incrementó su plantilla durante el año electoral (12%) y alcanzó un preocupante 98% de designaciones directas sobre el total de ingresos de personal”.
Con respecto al actual período del intendente frenteamplista Daniel Ximénez, el edil dijo que “solo ingresaron diez personas” y que “todas lo hicieron por arrendamiento de servicios, sin contrato de función pública”.
“Las consecuencias de esas decisiones [de las designaciones directas] las estamos viviendo hoy”, afirmó Álvarez, y explicó que “más del 60% de los ingresos de la intendencia se destinan al pago de salarios”, lo que “limita seriamente la capacidad de invertir en obras, maquinaria, infraestructura y mejores servicios para la gente”. A su vez, señaló que los ingresos de la intendencia “dependen cada vez más de las transferencias del gobierno nacional”.
En ese marco, Álvarez aseguró que “desde el primer día” la administración frenteamplista “eligió un camino distinto: el camino de la transparencia”. “Nunca se ocultaron los números ni se maquilló la realidad; por el contrario, se informó cuál era la situación económica y financiera recibida, porque entendemos que los vecinos tienen derecho a conocer la verdad, aunque sea incómoda”, aseveró.
El edil señaló que la situación de las designaciones directas “no apareció de un día para el otro”, sino que “es la consecuencia de muchos años de una forma de administrar que privilegiaba el corto plazo por encima de la sostenibilidad, dejando a este gobierno frenteamplista con la tarea ingrata de ordenar el desorden ajeno”, aunque aclaró: “Ni tan ajeno, porque es nuestra plata la que malgastaron durante décadas para satisfacer sus ansias de poder, dejando en un segundo plano lo que realmente importa”.
Intendente de Rocha dijo que no se trata de contratos nuevos, sino de renovaciones
Rocha se ubicó como el cuarto departamento con más designaciones directas, que representaron el 95% de los ingresos: 359 sobre 378. Sin embargo, el intendente nacionalista de ese departamento, Alejo Umpiérrez –que fue reelecto–, habló con la radio rochense Esteña y explicó que en realidad el informe contabiliza como designaciones directas las renovaciones de contratos de funcionarios que ya integraban la plantilla municipal cuyos vínculos se renovarían al vencer el plazo actual.
En ese sentido, Umpiérrez dijo que esa manera de registrar las designaciones puede llevar a la interpretación de que hubo “cientos de nuevas contrataciones”, pero en realidad corresponden a renovaciones de personal.
En el desglose de los vínculos laborales registrados como designaciones directas, Umpiérrez indicó que 158 corresponden a salvavidas contratados para la temporada, 50 son cargos de designación política y el resto son renovaciones de contrato.
En segundo lugar se ubicó la Intendencia de Cerro Largo, con 431 ingresos por designación directa, lo que representa el 56% de un total de 769. En este caso, la jefatura departamental no cambió de partido político, aunque sí de sector dentro del Partido Nacional (PN). De hecho, el actual intendente, Christian Morel, ha cuestionado en reiteradas ocasiones la gestión de su antecesor, José Yurramendi, por presuntas irregularidades en las compras y los pagos de la intendencia. La Intendencia de Durazno, también en manos del PN, con Felipe Algorta a la cabeza, se ubicó tercera con 414 ingresos directos, que fueron el 85% del total.