Con idas y vueltas, la negociación de un nuevo convenio colectivo en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) sigue en curso. La empresa –integrada en un 80% por la belga Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos– ha cuestionado en reiterados comunicados la postura del sindicato, que, por su parte, ha señalado las ganancias de Katoen Natie en el último año. Días atrás, las gremiales rurales solicitaron la intervención del gobierno en el conflicto.
En ese marco, en el programa Desayunos informales de Canal 12, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo este lunes que está “muy preocupado” por la situación, si bien puntualizó que se trata de “una negociación de un sindicato de una empresa privada con esa empresa privada”, por lo que “el gobierno no tiene la llave”.
Sánchez también puntualizó que el conflicto es únicamente en la terminal especializada de contenedores y no en la totalidad del puerto de Montevideo. Con todo, sostuvo que es “un conflicto complejo”, porque “cuando vos tenés una única terminal especializada, obviamente el poder de negociación de quien la para es muy grande” y “el sindicato también ha puesto arriba de la mesa a veces algunos temas que son... Pedir 50.000 pesos para sentarse a negociar por cabeza por funcionario... es complejo”.
El secretario de Presidencia señaló que uno de los reclamos del sindicato es ampliar la cantidad mínima de jornales asegurados para cada trabajador, que actualmente oscila entre 13 y 27 jornales. “La pelea del sindicato es por los que tienen 13 jornales asegurados, que puedan aumentar”, apuntó.
Sánchez dijo que el planteo de los 50.000 pesos “ya no está arriba de la mesa”. “Ahora estamos de vuelta reencauzando [el diálogo] para que haya un acuerdo”, apuntó, y agregó: “Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de facilitar que se llegue a un acuerdo”.
Consultado sobre la posibilidad de que, en caso de que el conflicto se agrave, el gobierno decrete la esencialidad, Sánchez manifestó: “Yo no quiero echar más leña al fuego, porque la esencialidad tiene determinados componentes: si tú no te presentas a trabajar, te echan. Los sindicatos portuarios tienen un esquema de solidaridad cuando hay conflictos, y hoy no hay un conflicto generalizado en el puerto de Montevideo, hay un conflicto en la terminal de contenedores”. Por eso, sostuvo, “lo primero que tiene que hacer un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo”.
Sin embargo, Sánchez afirmó que, “si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella”, porque “hay un momento en que la negociación tiene que terminar”.
Consultado sobre si una eventual esencialidad significaría la salida del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, expresó: “A mí no me lo dijo”. Pero añadió: “Si es el límite de Juan y si hay que declararla, renunciará”. Manifestó que “es un tema de Juan, no es un tema del gobierno”.
“Si el ministro de Trabajo entiende que ese no es su camino, presentará la renuncia. Es sencillo; todos somos fusibles, todos somos responsables de nuestras decisiones”, recalcó Sánchez, y subrayó que “no está en consideración el no emitir un decreto de esencialidad por ese comentario de Juan, que yo ni lo sabía”.
El Ministerio de Trabajo “no está hablando de servicios esenciales”
Antes de asumir como ministro de Trabajo, en enero de 2025, Castillo dijo en el programa de stream La fórmula que, “a priori”, la esencialidad sería un límite para su gestión, aunque apuntó que hay “situaciones y situaciones”.
Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, en 2015, cuando la entonces ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunció la declaración de esencialidad en la educación, Castillo, que en ese momento era director nacional de Trabajo, puso su cargo a disposición. La esencialidad rigió desde el 26 hasta el 31 de agosto de ese año. Una vez levantada, Castillo dijo en En perspectiva que “si la esencialidad en la educación se mantenía” hubiese renunciado (“directamente me iba”). “Para mí fue un golpe muy fuerte”, recordó Castillo el año pasado en La fórmula.
Consultado sobre la situación en el puerto, Castillo sostuvo la semana pasada en una rueda de prensa que recurrir a la esencialidad “no soluciona un conflicto”, y advirtió que, en algunos casos, “puede agravarlo”. “Si nosotros solamente gobernáramos con decreto de esencialidad, no habría negociación colectiva, no habría Consejo de Salarios”, señaló. Dijo que el rol de la cartera es “tratar de buscar el consenso entre las dos partes”, en referencia al sector empleador y los trabajadores. “Mal haríamos nosotros si hubiéramos partido por una o por otra de las opciones”, agregó.
En diálogo con la diaria, el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, señaló que en el caso de TCP la cartera está “extremando los esfuerzos para seguir el buen curso del tratamiento de los temas de la negociación de este convenio colectivo”.
Actualmente, hay una negociación en curso y los trabajadores no están ejerciendo medidas de paralización de las actividades. En ese marco, Barretto dijo que el ministerio “no está hablando de servicios esenciales”, sino que “está extremando todos los instrumentos que tiene para la negociación”. Aseguró que la cartera “no solamente ha negociado la posibilidad de un acuerdo, sino que también ha hecho esfuerzos para evitar un perjuicio mayor”. De hecho, mencionó que han podido habilitarse “algunas acciones para permitir el embarque de productos”.
Barretto también señaló que Uruguay tiene una “tradición”, en el sentido de que, “cuando van a declararse servicios esenciales, se siguen siempre los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”. Según estos, agregó, “la huelga solo puede limitarse si se afecta la vida, la salud y la seguridad de toda o de parte de la población”.
Para Robert Silva, Sánchez “está desautorizando” a Orsi
El senador frenteamplista Gustavo González, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, dijo a la diaria que “lo primero que hay que aclarar es que es un conflicto privado”, que no abarca a la totalidad del puerto. “El puerto está trabajando, las medidas son de Katoen Natie”, apuntó, y afirmó que el “primer problema” es que “la administración anterior le entregó la exclusividad total de todos los contenedores” a la empresa belga.
En cuanto a la resolución del conflicto, González consideró que “el recurso de la esencialidad no corresponde”, ya que “todo conflicto se debe resolver en el ámbito del Ministerio de Trabajo”. Además, señaló que la eventual esencialidad sumaría “un problema con el movimiento sindical”.
Desde la oposición, en tanto, ya se ha reclamado que se decrete la esencialidad en el puerto. En una rueda de prensa, el senador nacionalista Javier García sostuvo que la situación “está comprometiendo el trabajo de miles y miles de uruguayos y la competitividad del país”. “Si hay que declarar medidas esenciales, que se aclare y rápido”, afirmó.
Por este tema, la Coalición Republicana promovió días atrás la convocatoria de las autoridades de los ministerios de Transporte y Economía, así como de la Administración Nacional de Puertos, a la Comisión de Industria integrada con la de Asuntos Laborales del Senado.
Entrevistado por la diaria Radio, este lunes, el senador colorado Robert Silva dijo que el Ministerio de Trabajo “juega un rol protagónico” para “procurar un acuerdo, que se está dilatando, que está afectando”, y añadió que “el gobierno tiene que tomar acciones”. Señaló que la esencialidad “es una de las cartas que están sobre la mesa”, así como las guardias gremiales, “y que el gobierno no debe desecharlas, como, de hecho, no las está desechando”.
Con respecto a las declaraciones de Sánchez sobre Castillo, el senador colorado dijo que “es un tema complejo” para el gobierno. Consideró que, al referirse a una eventual renuncia del ministro, Sánchez “está desautorizando” al presidente Yamandú Orsi. “Los ministros son personas de confianza del presidente de la República, quien remueve o no remueve a un ministro es el presidente de la República, no el secretario de Presidencia”, afirmó Silva; y sostuvo que, al igual que los distanciamientos de Castillo con relación a algunas acciones de Orsi, “son cosas que desprestigian al gobierno y al presidente de la República”, sobre las cuales “tienen que ser conscientes quienes están ahí”.