El Poder Ejecutivo dispuso un incremento presupuestal de 50 millones de pesos para el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la Rendición de Cuentas, que se divide en aproximadamente 15 millones para fortalecer la respuesta a situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, 15 millones para reforzar el Sistema de Protección Especial y 20 millones para mejorar la infraestructura de los centros de atención.
El INAU compareció el lunes ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto presupuestal. Según la versión taquigráfica de la sesión, la presidenta del INAU, Claudia Romero, dijo que el directorio del organismo presentó una propuesta incremental a partir de 2027 que es “compatible con el escenario que atraviesa nuestro país” y que está enfocada en aspectos “fundamentales en el mandado de la protección y en el marco de nuestro plan estratégico”.
En diálogo con la diaria, el vicepresidente de INAU, Mauricio Fuentes, señaló que, en realidad, las necesidades del organismo “estaban por encima de los 5.000 millones de pesos”. Sin embargo, en el marco del actual escenario fiscal y en el entendido de que “son muy pocos organismos los que reciben un incremento presupuestal”, se decidió “acompañar el mensaje del Poder Ejecutivo”.
En un comunicado emitido días atrás, el Sindicato de Trabajadores del INAU y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) criticaron el aumento propuesto por entenderlo insuficiente y afirmaron que “no hay recursos genuinamente nuevos”, sino “reasignaciones que sacan de un lado para cubrir otro”.
Las respuestas a las situaciones de violencia
En 2025, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia registró 9.178 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Romero llamó a prestarle atención al número de 2.536, que son las situaciones nuevas que se dieron el año pasado. En ese sentido, calificó como fundamental el artículo que otorga mayores recursos para fortalecer el sistema de respuesta, dado que actualmente este es “insuficiente”. Señaló que en algunos departamentos, como Soriano y Treinta y Tres, no hay “ningún proyecto de atención especializada de proximidad”.
“Este artículo incrementa las transferencias a las organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención y reparación al daño”, explicó Romero, y apuntó que los recursos permiten aumentar 45 cupos de cara a 2027, 2028 y 2029, de los cuales algunos “podrán ser destinados a fortalecer las respuestas en los territorios”. Otros cupos, en cambio, se destinarán a “nuevos dispositivos de atención a territorio y anclaje territorial itinerante”, sobre todo, en aquellos lugares donde se ha reportado “la ausencia de proyectos de cercanía para atención de esta modalidad”.
A su vez, para fortalecer y expandir la capacidad de respuesta del INAU ante casos de violencia, Romero dijo que el organismo se comprometió a abrir un nuevo dispositivo de reparación del daño. Según explicó, dicha “meta” se había alcanzado “parcialmente” en diciembre de 2025, aunque no se había designado aún la organización con la que se iba a firmar el convenio. “Puedo decir que ahora ya se abrieron cuatro Programas de Anclaje Territorial Itinerante, distribuidos en Rivera, Artigas, Maldonado y Colonia, que ya están atendiendo a los niños, niñas y adolescentes en función de violencias y vinculadas sobre todo a explotación sexual”.
Se agregan 60 cupos por año para los programas de Acogimiento Familiar
Romero también informó en la comisión que el Sistema de Protección Especial de 24 horas “presenta una sobredemanda sostenida que responde a la ausencia de dispositivos o alternativas de cuidado de base familiar y comunitaria”, y resaltó que “la falta de recursos para el acogimiento familiar limita muchas veces la derivación y la encauza a los centros residenciales, especialmente en menores de tres años”.
Por ese motivo, los 15 millones de pesos asignados al Programa de Acogimiento Familiar tienen “un objetivo preciso y verificable”, es decir, que 60 niñas y niños “se agreguen por año en Acogimiento Familiar en 2027, 2028 y 2029”, señaló. Este objetivo está vinculado a la “erradicación del cuidado residencial de niñas y niños menores de tres años”, que el INAU se propuso para este período como una de sus políticas centrales. “El derecho a vivir en familia es el principio rector de esta política y está respaldado por las directrices de Naciones Unidas. El cuidado residencial debe ser la última medida, por el menor tiempo posible y con la mayor especialización técnica en caso de que suceda”, afirmó la presidenta del organismo.
En la comisión, Fuentes complementó que los cupos previstos se destinarán a “incrementar las posibilidades de atención mediante la modalidad de acogimiento familiar”. El vicepresidente del INAU señaló que actualmente el organismo tiene 4.756 niñas, niños y adolescentes en este programa, y apuntó que se prevé que los cupos estén acompañados al resto de las políticas del INAU: la ampliación de los Equipos Territoriales de Atención Familiar y los Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar.
Plan de Obras incluyó un relevamiento de la infraestructura del INAU
Con respecto a los 20 millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura de los centros de atención, la directora de la Subdirección General de Administración de INAU, Cristina Azambuja, dijo en la comisión que con ese monto de dinero “se podrá ampliar” el plan de obras, y señaló que actualmente el organismo tiene convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Mevir, la Dirección Nacional del Liberado y cooperativas sociales.
A su vez, Romero hizo énfasis en que el INAU conformó una comisión de obras, la cual “estableció un plan de obras con proyección quinquenal y priorización para 2026, generó un relevamiento de la infraestructura –con evaluación de los inmuebles a nivel nacional y sus destinos según estado edilicio y necesidades de atención directa y oficinas– y puso en operación el software Inmuebles, que contiene toda la información necesaria para la toma de estas decisiones”.
Romero señaló que también “se generaron renovaciones del fideicomiso de la infraestructura educativa de primera infancia con la Corporación Nacional para el Desarrollo y la tramitación de la separación de inmuebles del INAU y del Inisa”.
