La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó este martes un proyecto de ley para suspender de forma provisional las jubilaciones y pensiones de toda aquella persona que se encuentre requerida por la Justicia y esté en calidad de prófuga. La iniciativa, a la que tuvo acceso la diaria, será analizada en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Laboral de la cámara alta.
El proyecto tiene dos artículos. El primero establece que “el goce de toda prestación de seguridad social por organismos previsionales estatales y paraestatales le será suspendida a toda persona beneficiaria que se encuentre requerida y no habida para la justicia competente”. Dicha suspensión “procederá únicamente mientras subsista la situación referida en el inciso primero y tendrá carácter provisorio, no implicando la pérdida definitiva del derecho a la prestación de seguridad social”.
El segundo artículo dispone que la suspensión solamente se hará efectiva mediante una comunicación librada por el juez competente de la causa a los organismos previsionales correspondientes. Una vez que cese la condición de prófugo, el juez deberá comunicar el levantamiento de la suspensión y los entes de seguridad social pagarán lo retenido y restituirán la prestación.
El proyecto promovido por la bancada del FA consiste en una reformulación de la iniciativa que había presentado el senador Óscar Andrade a fines de mayo, que establecía que la suspensión se aplicaría únicamente a los militares prófugos. Desde el oficialismo señalaron a la diaria que la idea de redactar un proyecto que abarque a todas las posibles situaciones surgió a partir de un intercambio entre los legisladores y las autoridades de los ministerios de Defensa Nacional y de Trabajo y Seguridad Social.
A su vez, la idea de Andrade de impulsar un proyecto para suspender el cobro de las prestaciones por parte de militares prófugos surgió a partir de una reunión con la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, luego de que se conociera que el consulado uruguayo en Miami había entregado en febrero de este año una fe de vida –documento necesario para el cobro de jubilaciones desde el exterior– al aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya Roberto Freddy Amorín Maciel, investigado en la causa de la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza.
Según señaló la fuente, la bancada del FA acordó con el Poder Ejecutivo que el proyecto presentado tenga una redacción “más genérica” para que no se argumente que “se está violando el principio de igualdad” con respecto al resto de los regímenes jubilatorios.
En la exposición de motivos de la iniciativa, los legisladores frenteamplistas señalan que se “procura atender una situación no contemplada expresamente por el ordenamiento jurídico vigente, donde personas beneficiarias de jubilaciones, pensiones, retiros u otras prestaciones de seguridad social, se encuentran requeridas por la Justicia y no son habidas, pero continúan percibiendo regularmente las prestaciones económicas servidas por organismos públicos y paraestatales, no teniendo el Estado la certeza de que se encuentre con vida”.
A juicio de los senadores del FA, esto “genera una situación de vacío normativo”, puesto que el Estado “carece de instrumentos jurídicos adecuados para compatibilizar la tutela del derecho previsional con la necesidad de asegurar la eficacia de las decisiones jurisdiccionales”.
“El proyecto procura armonizar adecuadamente dos principios de relevancia constitucional como son la protección del derecho a la seguridad social y la preservación de la autoridad de las decisiones judiciales, y el interés general comprometido en el efectivo funcionamiento del sistema de justicia”, se señala.
