La Comisión de Planeamiento Urbano de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) tiene a estudio un proyecto de decreto para declarar de interés departamental la iniciativa inmobiliaria promovida por la empresa Bislun SAS en los predios aledaños a los bañados de Carrasco. La iniciativa ha generado distintas posiciones dentro del Frente Amplio (FA) y algunos sectores ya decidieron que no acompañarán la declaración.
Un pronunciamiento favorable del legislativo departamental habilitaría el desarrollo del instrumento para la transformación del suelo y, eventualmente, la consideración por parte de la JDM de la recategorización de los suelos. Las 228 hectáreas del proyecto están categorizadas como rural de interfaz. El digesto departamental define ese suelo como “áreas del territorio de suelo rural con alta vulnerabilidad ante la expansión de los procesos urbanizadores en sus distintas manifestaciones”. Para que se pueda instalar allí la urbanización residencial de aproximadamente 3.000 viviendas propuesta debe ser definido como suburbano.
El primer paso para avanzar en los trámites de recategorización es la declaración de interés, pues es el requisito habilitante del Programa de Actuación Integrada (PAI) Complementario, de acuerdo a el decreto N°128/026 de junio, que reglamentó los requisitos para el PAI –previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial–. El PAI implica la elaboración de estudios técnicos de los ministerios, de una evaluación ambiental estratégica y audiencias públicas. Como última instancia, debe ser aprobado en la JDM para el cambio efectivo de categoría de suelo.
El PS y el PCU en contra del proyecto
En el Partido Socialista (PS) consideran que “la declaración de interés departamental es un paso indispensable para que el proyecto prospere”, dijo a la diaria el edil del sector Juan Ceretta. El 29 de julio el Comité Departamental del PS resolvió por unanimidad no acompañar el proyecto, basado principalmente en tres razones. En primer lugar, por el aspecto ambiental. “Cuando vos tenés un proyecto que genera una afectación considerable al ambiente, a mi juicio, eso ya es suficiente para no dar ningún paso”, afirmó Ceretta. En segundo lugar, por “lo que significa como política territorial y de uso del suelo”, ya que “no acompañamos la idea de que la mancha urbana deba expandirse y no compartimos esos criterios de ordenamiento del suelo”, señaló. En tercer lugar, consideran que el “proyecto no da respuesta a las necesidades más importantes en materia de vivienda” y que, al mismo tiempo, “la plusvalía que genera el cambio de uso del suelo queda en manos, en un porcentaje muy importante, de privados”.
Un informe elevado al comité, al que accedió la diaria, señala que la declaración de interés, si bien no equivale a aprobar el proyecto, “es la decisión política que abre la puerta y que, una vez tomada, es muy difícil de revertir”. “No hay ventaja alguna en ‘dejar avanzar para ver qué sale’”, considera el sector, para el que la declaración es “la única instancia real en la que la Junta Departamental conserva plena libertad de decisión”, ya que “los organismos rara vez contradicen lo que ya fue declarado de interés”.
Asimismo, el PS señala que los PAI Complementarios sobre suelo rural sin atributo de potencialmente transformable no fueron pensados para “una urbanización residencial para sectores acomodados”. El Decreto 128/026 establece que el instrumento será “de uso preferente para proyectos estratégicos asociados a grandes equipamientos o desarrollos públicos y/o privados, vinculados a procesos de innovación tecnológica, educación, desarrollos logísticos e industriales”.
El Partido Comunista del Uruguay (PCU) es el otro sector que ya definió su postura de rechazo al proyecto. Desde el sector entienden que “la declaración de interés habilita el proyecto”, al que se oponen, entre otros motivos, porque “no es lo que necesita en este momento Montevideo”, señaló a la diaria la edila comunista Fátima Vázquez, presidenta de la Comisión de Planeamiento. Por otro lado, sectores como Compromiso 711 y la Vertiente Artiguista (VA) –sector al que pertenece el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño– continúan analizando el asunto para tomar posición.
Hace unas semanas, la VA envió una nota a la Mesa Política Departamental del FA en la que advirtió por “situaciones de tensión” que llegaron “prácticamente al hostigamiento” por diferencias en torno a algunos temas, entre ellos el del proyecto de los bañados de Carrasco, según informó El Observador.
Posturas “de estudio”
A pedido del PS, el PCU y la 711, el tema también está siendo analizado por la Departamental de Montevideo –integrada por los sectores y las bases– y por la Comisión de Seguimiento del Programa del FA. “Propusimos llevar el debate a la Departamental de Montevideo para que sea la fuerza política la que decida qué carácter hay que tomar con este proyecto”, dijo Vázquez. Señaló que el objetivo es “buscar una salida de consenso” y que sea en el Plenario departamental donde la fuerza política se pronuncie.
El trabajo de la comisión –a la que han concurrido autoridades de la empresa y de la Intendencia de Montevideo (IM)– continúa. El lunes, representantes del Colectivo en Defensa de los Bañados de Carrasco, con el apoyo del PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, se manifestaron frente a la sede de la JDM en contra del proyecto.
“En la bancada no hemos tomado posición todavía por aquello de la responsabilidad, porque básicamente no tenemos en este momento culminada la tarea de la comisión”, dijo a la diaria el edil de Seregnistas –el sector del intendente Mario Bergara– Gonzalo Zuvela. La bancada del FA está integrada por seis ediles del Movimiento de Participación Popular (MPP), cuatro de la 711, tres del PCU, dos de Seregnistas, uno del PS y uno de la Vertiente Artiguista.
La postura de Seregnistas es “de estudio”, dijo Zuvela. “No estamos ni a favor ni en contra, ni del proyecto ni de la declaración de interés”, afirmó. A diferencia del PS y el PCU, Seregnistas y el MPP consideran que “para formar opinión sobre el proyecto” son necesarios los estudios que la declaración de interés habilitaría. La edila del MPP Gimena Urta dijo a la diaria que “son importantes los estudios porque van a brindar mayor cantidad de información para poder decidir”. En ese marco, están a favor de habilitar la declaración y, sobre los insumos que se generen, “poder avanzar luego”.
“Nosotros no estamos negados a la declaración de interés departamental y parándonos en algo que es fundamental y hay que aclararlo: declarar de interés departamental solo habilita los estudios, no habilita el proyecto, no habilita ni siquiera el cambio del uso del suelo”, sostuvo Zuvela. Resaltó que la postura del sector no es “decir que no a todo, porque entendemos que uno sin estudiar los temas no puede negarse”.
En la 711 el posicionamiento es similar, aunque preocupan los impactos ambientales que podría tener el desarrollo inmobiliario en esa zona. El coordinador de esa bancada, Diego Romaniello, dijo a la diaria que aún no tienen una definición e incluso hay distintas opiniones dentro del sector. “Estamos a favor del desarrollo económico y del desarrollo urbano, pero también estamos a favor del medioambiente”, afirmó. El líder del sector, el senador Felipe Carballo, dijo a este medio que los ediles “están tratando de reunir toda la información posible en relación con este tema” y han decidido “tener en cuenta las opiniones más científicas y tener las garantías necesarias, porque es una decisión difícil que puede poner en riesgo el desarrollo de toda una zona y los humedales”.
Para la VA, “la mejor vía” sería el desarrollo de un Plan Parcial antes de la declaración de interés, sostuvo el edil Pedro Pastorín. El Plan Parcial está previsto en los considerandos de la resolución de la IM, pero en paralelo con el PAI. “La diferencia es que el Plan Parcial no necesariamente se dispara para modificar el tipo de suelo, es más para hacer el estudio del tipo de suelo, entonces ahí se tendría todos los elementos para después definir si se pretende cambiar el tipo de suelo o no”, explicó Pastorín. El sector también entiende que el proyecto de la comuna “es perfectible”. Por ejemplo, considera que se podría “añadir que el ingreso de dinero a partir de la recategorización se destine a trabajar y mejorar la zona en la que se va a dar el proyecto”.
Ministerio de Ambiente incluirá a los bañados de Carrasco en la lista de humedales protegidos
En paralelo, el Ministerio de Ambiente ha sido cuestionado por la exclusión de los bañados y humedales de Carrasco de la lista oficial de humedales protegidos. Desde el oficialismo y la oposición han solicitado conocer los fundamentos técnicos de la decisión. Este miércoles, en una rueda de prensa, Ortuño negó que se haya quitado “una protección a los bañados de Carrasco, porque nunca existió una protección legal a los bañados de Carrasco ni a ningún otro humedal hasta este gobierno”.
El ministro señaló que el gobierno actual estableció “la protección ambiental a 800.000 hectáreas, 37 humedales”, y decidió tomarse “más tiempo para analizar junto con las intendencias de Montevideo y Canelones las medidas de protección para los humedales de Carrasco”. En ese sentido, y ante “los planteos públicos que se han realizado y la suspicacia”, anunció que se resolvió incorporar esos humedales en un nuevo decreto.
“Nunca fue el objetivo quitar los bañados de Carrasco de la consideración de instrumentos de protección ambiental y, por lo tanto, esto queda cerrado con la inclusión de estos bañados en el decreto de humedales y lo vamos a estar haciendo en este mes”, indicó Ortuño. El titular de Ambiente aclaró que el proyecto inmobiliario en la zona “ni estuvo en consideración, ni está en consideración, ni está a estudio del Ministerio de Ambiente y, por supuesto, no incidió en la promulgación del decreto y las medidas de protección”, a pesar de que “se quiere involucrar al Ministerio de Ambiente en el tratamiento” de esa iniciativa.
