Desde que asumió su banca, en febrero del año pasado, la diputada del Frente Amplio Ana Laura Melo realizó 17 trámites ante la Dirección Nacional de Catastro, según informó El País y confirmó la diaria. El dato surge de un pedido de acceso a la información realizado por el director de Catastro en el período pasado, el colorado Augusto Alcalde.
Alcalde solicitó información sobre la presentación de declaraciones juradas de caracterización urbana por parte de Melo, que es arquitecta de profesión. En concreto, pidió que se le remitiese la fecha de presentación de dichas declaraciones, así como los padrones correspondientes de los inmuebles. Catastro, organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, accedió a la solicitud.
En la respuesta al pedido de Alcalde, a la que tuvo acceso la diaria, figuran decenas de declaraciones desde 2005. Desde febrero de 2025, en tanto, Catastro registró un total de 17 presentaciones.
El artículo 124 de la Constitución de la República prohíbe a los legisladores “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”, y establece que, en caso de incumplimiento, la pena será “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.
A su vez, el artículo 9 del Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823) prohíbe a los funcionarios públicos “tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista”.
El impedimento constitucional ha sido esgrimido por varios dirigentes del Frente Amplio en el caso del senador colorado Andrés Ojeda, quien, ya siendo legislador, realizó trámites ante la Fiscalía General de la Nación como abogado. De hecho, este caso está siendo estudiado en la Comisión de Constitución del Senado; hay informes que respaldan la actuación de Ojeda y otros que sugieren la pérdida de la banca.
En declaraciones a El País, Melo, diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) electa por el departamento de Flores, aseguró que ella está “impedida de trabajar para el Estado o para cualquier organismo del Estado”. “En el caso de las declaraciones juradas de caracterización urbana, a mí me contrata un cliente particular que va a hacer una transacción con su inmueble y la facturación de esas caracterizaciones urbanas están a nombre de mi cliente. Es lo mismo que si yo presentara un permiso de construcción para una vivienda o cualquier tipo de construcción ante una intendencia o ante el BPS. Son mis clientes particulares”, afirmó. Y señaló que “el trabajo profesional está vinculado a organismos del Estado, pero no trabajando para el Estado ni para ningún ente”.
Por su parte, Alcalde resaltó al mismo medio el hecho de que, “mágicamente”, las presentaciones de Melo se interrumpieron “a partir de más o menos la fecha” en que él hizo el pedido de acceso a la información. “No sé si es casualidad o es porque informaron que alguien había hecho ese pedido”, señaló.
