Media hora después de la conferencia pautada por la Coalición Republicana (CR) para informar sobre las conclusiones y las acciones derivadas del trabajo de la comisión que investigó el proceso de adquisición de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama, el oficialismo hizo lo propio. En la antesala del Senado, flanqueado por senadores y diputados del Frente Amplio (FA), el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, encabezó la conferencia de prensa, acompañado por los senadores Nicolás Viera, Liliam Kechichian y Eduardo Brenta y el diputado Joaquín Garlo.
Los integrantes de la comisión se reunieron con Pereira y el resto de las bancadas del FA para informarles sobre las “resultancias del trabajo” desarrollado en ese marco, que quedaron reflejadas en el informe que el oficialismo –al igual que la oposición– remitió a la Asamblea General el viernes pasado.
Foto: Gianni Schiaffarino
En primer lugar, Garlo afirmó que “existieron hechos de apariencia delictiva” durante el proceso de compra y que el trabajo de la comisión confirmó “la existencia de otros hechos que no fueron denunciados oportunamente por el Poder Ejecutivo”. Señaló que la intención del FA es “remitir toda la documentación a la Fiscalía en los términos que el fiscal [subrogante de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez] ya solicitó a la comisión” y, además, “denunciar estos hechos nuevos con apariencia delictiva ante la Fiscalía General de la Nación para que se disponga su investigación y se determinen las eventuales responsabilidades penales que correspondan”.
El oficialismo identifica a Cardama como el “principal responsable” de todo el proceso. Sin embargo, considera que “los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso”. Para Pereira, “claramente hay responsabilidades políticas”. En ese sentido, mencionó a los exministros de Defensa Nacional Javier García y Armando Castaingdebat y a “miembros de la Armada”, pero también al expresidente de la República Luis Lacalle Pou, quien “siguió esta compra y la avaló; avaló cada uno de estos procedimientos, que algunos están reñidos con la norma pública”.
Viera fue categórico y enfatizó que “el primer responsable político de esta situación en la que se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou por ser no solamente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el momento, sino por haber respaldado políticamente todo el proceso de adquisición de las OPV de la forma irregular con la cual se actuó”.
El presidente del FA afirmó que la fuerza política “no va a rehuir” la discusión sobre las responsabilidades de carácter político en esos ámbitos. Sobre los hechos con “apariencia delictiva”, dijo que deberá ser la Fiscalía el organismo que, “dentro de su independencia, pueda actuar para investigar a fondo”.
Garlo dijo que “la voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares tanto nacionales como extranjeros”.
Pereira: “No nos queda claro en este proceso quién defendió al Estado uruguayo”
Brenta señaló que los resultados de la comisión “reafirman la decisión del gobierno uruguayo de rescindir el contrato con esta empresa que, claramente, llevó adelante un fraude contra el Estado”. Resaltó que la rescisión del contrato, anunciada por el presidente Yamandú Orsi el 13 de febrero pasado, “permitió que el país no perdiera más de 50 millones de euros que restaban pagar de un proceso marcado por la opacidad y la falta de transparencia a lo largo de todo ese tiempo”.
Garlo hizo hincapié en los “hechos con apariencia delictiva graves” vinculados “al proceso de constitución de las garantías, a la documentación falsa presentada en el marco de la constitución de las garantías y a los pagos efectuados por el Estado uruguayo en el marco del contrato entre Uruguay y Cardama”.
En primer lugar, mencionó el “otorgamiento de prórrogas sin registro por parte de la Administración Pública”, así como “la omisión de cursar la comunicación de no entrada en vigor por incumplimiento del contrato”. En segundo lugar, y en referencia a los pagos, señaló que su autorización se efectuó “invocando un análisis de documentación que nunca se tuvo a la vista y nunca pisó las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional”.
Asimismo, el diputado frenteamplista dijo que se realizó “sin control de documentación, sin traducción de documentos en inglés y documentación sin apostillar”. Sobre las omisiones en torno a los pagos, señaló que constituyen “irregularidades de gravedad que entendemos que deben ser investigadas por la Fiscalía en el marco de la acción penal”. En último lugar, cuestionó “la ausencia sistemática de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros de decisiones esenciales para la protección de los dineros públicos”.
Consultados por el pago correspondiente al hito C, efectuado durante la actual administración, Viera respondió que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, “fue muy clara” en explicar durante su comparecencia ante la comisión que “todavía no se habían determinado las irregularidades en la garantía”. Por lo tanto, “el gobierno uruguayo lo que hizo fue poner en valor una tradición histórica que es cumplir con las obligaciones que el Estado asume, más allá del gobierno de turno”. “Una vez que se determinó todo lo que ya conocemos en cuanto a las irregularidades de este contrato y se procedió a que el contrato cayera, no se pagó más”, agregó.
Por su parte, la CR anunció que denunciará penalmente a Lazo, así como a sus asesores Damián Rojas y Daniel Marsiglia. En su informe final, la CR cataloga a Rojas y Marsiglia como “comisarios políticos”, porque “desempeñaron funciones en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional”, presentándose públicamente como “asesores” y “adscriptos” de Lazo, “sin contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”. La CR señaló que los informes de Rojas y Marsiglia “derivaron directamente en una sanción de 30 días impuesta al almirante Jorge Wilson”, así como a otros tres jerarcas de la Armada Nacional.
Respecto del rol de ambos funcionarios, Garlo sostuvo que Lazo “fue muy clara en su comparecencia en la comisión y dejó determinado que la actuación de estas dos personas no constituyó una investigación y una pesquisa, como se señala por parte de la oposición”. Igualmente, sostuvo que “la determinación de las sanciones por parte de la ministra se ajustó a las normas que rigen la conducta del personal de las Fuerzas Armadas”. “Hay procesos jurisdiccionales en curso vinculados a estas sanciones que se están sustanciando en la Justicia administrativa y, por esa razón, deberá recorrer esos caminos a la hora de concluir si fueron regulares o no las sanciones aplicadas. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre esos aspectos”, señaló Garlo.
Brenta lamentó que se haya “puesto el acento por parte de una parte de la oposición en defender los intereses de una empresa privada que estafó al Estado uruguayo más que en defender los intereses nacionales y, por tanto, denunciar el fraude que cometió esta empresa”. En la misma línea, Pereira afirmó: “No nos queda claro en este proceso quién defendió al Estado uruguayo y a la plata de los uruguayos”.
“Es muy curioso cómo se mueve la oposición en el Uruguay: aceptaron garantías truchas y denuncian a nuestra ministra; aceptaron garantías truchas y tuvieron una irresponsabilidad en la gestión incalificable y están pensando en Rojas y Marsiglia. Imaginemos la maniobra distractiva que esto supone”, sostuvo Pereira.
Pereira dijo que declaración de Díaz sobre el fiscal Diego Pérez “no es en sí misma una presión”
Durante la conferencia de la CR, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, apuntó contra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien en la diaria Radio sostuvo que no lo sorprendió que se diera marcha atrás a la designación del fiscal Diego Pérez como titular de la Fiscalía de Delitos Económicos, algo que definió como una decisión “razonable” que le “va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”. “Tenemos a un fiscal que era el que iba a investigar este hecho, que dice que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, presionó, como vimos en la prensa, para que no fuera. Pero, además, dice que lo hace porque tiene intereses personales”, cuestionó Sotelo.
Pereira consideró que lo que hubo fue “una opinión de nuestro prosecretario Jorge Díaz que como cualquier opinión en el Uruguay libre se puede hacer y eso no es en sí mismo una presión”. Por otro lado, en cuanto a la designación de un fiscal de Corte titular, el presidente del FA dijo que “todos tendríamos que tomar nota que es bueno para Uruguay llegar a un acuerdo que defina un fiscal titular y que nos dé a todos las garantías jurisdiccionales”.
