El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, recibió este martes en la Torre Ejecutiva a integrantes del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Luego de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto la resolución de la paraestatal que habilitaba el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas, el directorio presentó una nueva propuesta para el financiamiento de la Caja.
En rueda de prensa tras la reunión, el presidente de la CJPPU, Andrés Pérez, señaló que el directorio le informó a Díaz de todas “las opciones que planteó la Caja antes de poner los timbres”. “Le hicimos ver que habíamos llegado a algunos acuerdos que luego no se cumplieron por parte del Poder Ejecutivo”, dijo a la diaria el vicepresidente de la CJPPU, Fernando Rodríguez Sanguinetti. Señaló que la Caja “ha hecho montones de propuestas que no fueron llevadas por el Poder Ejecutivo y ahora ha hecho una nueva propuesta para solucionar los problemas económicos y financieros que tiene, que no fueron atendidos en la legislación del año pasado”.
La nueva alternativa presentada al Poder Ejecutivo está vinculada a “un reparto equitativo” de los fondos que se destinan al Banco de Previsión Social (BPS) por concepto de IVA. Por ley se asignan como recursos del BPS siete puntos de la tasa básica de IVA, que representan unos 2.300 millones de dólares. La propuesta de la CJPPU es que esos recursos no se dirijan exclusivamente al BPS, sino que “sean para todos los organismos de seguridad social”, indicó el vicepresidente.
El planteo es que “una parte, la proporción en función de los pasivos y activos que tiene cada una de esas instituciones, venga para la Caja de Profesionales, en este caso, y para las otras cajas también”. A la Caja de Profesionales le correspondería aproximadamente un 3%, es decir, algo más de 70 millones de dólares. El vicepresidente sostuvo que la propuesta “está mensurada” y, si bien “es muy poco a los efectos del volumen económico del país, a la Caja de Profesionales le daría el aire que necesita”.
El prosecretario se comprometió a analizar el material que le entregaron, entre ello, un documento elaborado por la Comisión de Expertos, y a conversar con el presidente de la República y jerarcas de otros ministerios pertinentes.
Por otro lado, la CJPPU resolvió impugnar el decreto del Poder Ejecutivo que echó para atrás la aplicación del timbre a partir de agosto. La decisión de la CJPPU disponía la aplicación de un timbre profesional de 170 pesos “a los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales”. La resolución del gobierno establece que no todas las actuaciones realizadas por profesionales de la salud y que quedan registradas en documentos asistenciales deben ser consideradas “documentos otorgados” a efectos de la aplicación del artículo 71 de la Ley 17.738 –la que, según la Caja, la facultaba para cobrar el timbre–.
Rodríguez explicó que la paraestatal presentará la impugnación ante el Poder Ejecutivo y, de ratificarse el decreto, podría seguirse por la vía civil. La Caja esperará a ser notificada y que el decreto sea publicado en el Diario Oficial para presentar el recurso que corresponda.
