Este miércoles, las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) redactaron una declaración a raíz de las “reiteradas y graves amenazas e intimidaciones vertidas en los últimos días” contra el ministro del Interior, Carlos Negro, y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, “provenientes de referentes de estructuras criminales en privación de libertad”.
Se refieren a las amenazas que ambos jerarcas recibieron de Erwin Coco Parentini a través de una carta escrita a mano que el recluso le entregó a un oficial de la Unidad 25, el centro de máxima seguridad ubicado en el predio del ex Comcar, donde está recluido. Esta no es la primera vez que Parentini amenaza a un ministro del Interior. En 2022 tuvo un accionar similar contra el nacionalista Luis Alberto Heber, en ese momento máximo jerarca de esa cartera.
Los legisladores oficialistas señalaron que “los amedrentamientos dirigidos contra autoridades públicas representan un intento sistemático de presionar al Estado, erosionar el principio de autoridad y vulnerar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Además, consideraron que “ante las pretensiones de organizaciones delictivas de condicionar o chantajear a los servidores públicos y a sus familias, el sistema político debe responder con absoluta unidad, firmeza y determinación institucional, sin perjuicio de las actuaciones judiciales en curso”.
Agregaron que “este respaldo político e institucional refleja asimismo la voz y el sentir de toda la sociedad uruguaya, hastiada de la violencia, la cultura del amedrentamiento y el accionar impune con el que las organizaciones criminales pretenden vulnerar la tranquilidad de nuestras familias y la convivencia pacífica”.
Por lo tanto, los legisladores del oficialismo declararon su “más absoluto, categórico y unánime rechazo a las amenazas e intimidaciones” vertidas contra ambos jerarcas, “así como contra cualquier otra autoridad del Estado”.
Los legisladores del FA subrayaron que la “república y sus instituciones democráticas no cederán ante chantajes, amedrentamientos o presiones de estructuras delictivas, reafirmando que el orden, la ley y la autoridad en los centros de reclusión y en todo el territorio nacional corresponden exclusivamente al Estado”.
