El Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadoras del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Suinau) manifestó su preocupación por “la situación que se viene viviendo” en el Centro de Ingreso de Adolescentes Masculino (CIAM) debido a la “prolongada permanencia de jóvenes privados de libertad en un centro cuya función y finalidad están vinculadas al ingreso, estudio, diagnóstico y posterior derivación de los adolescentes que ingresan al sistema”.
A través de un comunicado, el sindicato informó que este martes un trabajador fue “brutalmente agredido” por un interno mayor de edad en el CIAM y “trasladado de urgencia al sanatorio del BSE [Bancos de Seguros del Estado]”. En ese marco, los trabajadores expresaron que la “insuficiencia de centros destinados a la permanencia y cumplimiento de las medidas de privación de libertad ha generado una situación que se prolonga en el tiempo y que está provocando graves dificultades de convivencia y seguridad”. Señalaron que la “permanencia prolongada” de los jóvenes que tienen “trayectorias, situaciones y conflictos diferentes” genera “condiciones extremadamente complejas de convivencia”.
Dado que el joven que agredió al trabajador en el CIAM es mayor de edad, Suinau expresó que la situación “requiere una respuesta urgente del directorio de la institución”, así como “una revisión profunda desde el punto de vista jurídico e institucional”, en referencia a los jóvenes que son condenados por hechos de extrema gravedad en el régimen correspondiente a personas mayores de edad y, sin embargo, permanecen dentro del Inisa hasta completar las medidas de su pena socioeducativa por los delitos cometidos como adolescente.
Para el sindicato, este tipo de situaciones “no pueden naturalizarse ni resolverse exclusivamente desde la lógica administrativa”. Los trabajadores reclamaron que se determine “con absoluta claridad” cuál es el fundamento legal que habilita esas situaciones, así como también cuál es el régimen jurídico que corresponde aplicar y qué responsabilidad institucional existe en cada caso.
“Consideramos imprescindible una revisión urgente, desde el punto de vista de la legalidad, donde con participación del sistema político y del Poder Judicial se pueda de manera urgente encontrar una solución a esta situación inadmisible”, manifestaron en el comunicado.
En marzo, tras un motín en un centro del Inisa en el que dos funcionarias fueron tomadas de rehenes por dos jóvenes privados de libertad –uno de los cuales estuvo preso en el ex Comcar–, el Poder Ejecutivo creó una comisión integrada por el Inisa, el Ministerio del Interior y Presidencia de la República para analizar cambios en la normativa vigente y evitar que mayores de 18 años con estas características estén en centros para adolescentes.
En este contexto, luego de una asamblea de trabajadores del CIAM, Suinau resolvió respaldar la declaración de preconflicto resuelta por los trabajadores del centro en cuestión, frente al “agravamiento de las condiciones de trabajo y convivencia existentes en el centro”.
Asimismo, se solicitó una reunión urgente con la Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento para “poner en conocimiento de los legisladores la situación que se está viviendo en el CIAM y las consecuencias que está generando la falta de centros adecuados para la permanencia y derivación de los adolescentes”. A su vez, se pidió el análisis y revisión urgente del marco jurídico aplicado en los casos en que los jóvenes recibieron condenas por hechos cometidos como mayores de edad y permanecen en el Inisa, “determinando claramente la legalidad, responsabilidades y régimen aplicable en cada situación”.
El sindicato también reclamó a las autoridades del Inisa que se adopten medidas inmediatas para “evitar la permanencia prolongada de adolescentes en un centro cuya función está vinculada al ingreso, diagnóstico y derivación”. Además, pidieron que se inicie una campaña pública de difusión y consulta para dar a conocer “la problemática existente” y promover el intercambio con “trabajadores, especialistas, organizaciones sociales, legisladores y demás actores vinculados a la temática, con el objetivo de encontrar soluciones urgentes y estructurales”.
“La seguridad de los trabajadores y de los adolescentes, el respeto de las garantías legales y el correcto funcionamiento del sistema de privación de libertad adolescente son responsabilidades que el Estado debe asumir plenamente”, concluyeron.
