La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, defendió su actuación en el marco de las investigaciones que llevaron a la rescisión del acuerdo entre el gobierno uruguayo con el astillero español Cardama para la construcción de patrullas oceánicas y manifestó su tranquilidad ante la denuncia penal en su contra anunciada por legisladores de la Coalición Republicana al respecto.
En filas opositoras argumentan que Lazo es responsable de permitir a “personas extrañas” que no tenían “el más mínimo vínculo funcional” con el Ministerio de Defensa –en alusión a dos de sus asesores, Daniel Marsiglia y Damián Rojas– participar en el proceso, lo que configura “un abuso de funciones de la ministra y, eventualmente, de usurpación de funciones por parte de esos actores”. Así lo sostuvo el diputado nacionalista Pablo Abdala en la conferencia de prensa en la que se anunció la decisión de presentar el recurso.
Sin embargo, este viernes, en una rueda de prensa en Torre Ejecutiva, a la salida de una reunión con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, para abordar las últimas novedades del caso, la ministra sostuvo que su equipo se “adelantó” a eso, dado que es algo que entendían “que podía estar sobre la mesa”. “Fuimos muy claros en expedirnos sobre eso: tenemos absoluta tranquilidad de que actuamos dentro de las normas”, aseveró.
Lazo resumió la reunión con Díaz como “una actualización del tema” en términos generales, y acotó que en ella no se habló del “pasado”, sino del “futuro”. “Lo importante acá es que estamos trabajando en aras de cumplir efectivamente con el compromiso que tenemos para con la ciudadanía y para con la defensa nacional, que es efectivamente obtener lo que necesitamos, que en este caso es una patrullera oceánica”, sostuvo.
Igualmente, remarcó la necesidad de que la decisión que surja de ello “sea de Estado a Estado”, y consultada al respecto más tarde, dijo que esto es conveniente, ya que “da más garantías” al gobierno, en el entendido de que “hay un Estado que respalda de alguna manera esta acción”. Adelantó que ya se cuenta con “una serie de presentaciones” de distintos oferentes, pero prefirió no ahondar en ellas, ya que la administración entiende que es necesario “llevar adelante de la mejor manera, de la forma más garantista para el Estado uruguayo, las decisiones que tiene que tomar”.
Así, y luego de que se le preguntara si el gobierno preferiría negociar con otros países de la región, apuntó a la necesidad de “encontrar la mejor oferta que sea plausible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente que cumpla con todas las reglamentaciones”. “No es una cuestión de ganas, digamos, aunque estamos absolutamente abiertos y contestes a analizar las propuestas que sean necesarias”, afirmó.
No obstante, y consultada por los plazos, reconoció que estos “se van acotando”, ya que “un astillero serio tiene determinado tiempo para la fabricación de una herramienta de este tipo”, por lo que es necesario “avanzar en ese sentido”, y recordó que es un compromiso con el que el gobierno tiene que cumplir. “Han llegado muchas [propuestas], pero justamente por eso uno es que mantiene cierta reserva, porque no queremos entrar en un juego de manosear ni a las empresas ni mucho menos a la decisión del Estado uruguayo”, reiteró.
Consultada por el documento que Mario Cardama envió a la comisión investigadora del caso, y las posibles interpretaciones que pueden surgir de ello, Lazo remarcó el hecho de que ella asistió al ámbito por su cuenta, y lo comparó con el caso del empresario español, que “tuvo un tiempo para elaborar esas preguntas” y que “parecen respondidas con algunos detalles” que “parecían surgidos” desde nuestro país. “Cada uno tuvo sus plazos [y] sus momentos. Yo simplemente me mantengo en las declaraciones que hicimos en el marco de la comisión investigadora, que ya concluyó y, bueno, concluyó de la manera que saben”, sentenció.
