La Red de Ollas y Merenderos de Salto atraviesa una etapa de creciente incertidumbre. Después de años de trabajo comunitario, sostenido por voluntarios, donaciones particulares y un aporte económico mensual de la intendencia, la organización se encuentra ante un escenario en el que los recursos institucionales que permitían mantener buena parte de su funcionamiento se han reducido.
Según pudo saber la diaria, la situación se agrava por las dificultades para conseguir nuevas fuentes de financiación y por la necesidad de competir por recursos destinados a atender otras emergencias sociales.
El cambio más significativo se produjo con la llegada de Carlos Albisu al gobierno departamental. La nueva administración dejó de otorgar 250.000 pesos mensuales que la gestión de Andrés Lima destinaba a la compra de alimentos e insumos para las ollas y merenderos.
El convenio anterior había permitido sostener una estructura de asistencia que, aunque fue variando con el tiempo, continuó dando respuesta a miles de necesidades alimentarias en distintos barrios de Salto.
La finalización del convenio, prevista para el 30 de junio de 2025, había generado preocupación entre los integrantes de la red, que reclamaban la continuidad del respaldo institucional, aunque la organización seguía asistiendo a cientos de familias, pese a las dificultades financieras.
En aquella oportunidad, integrantes de la red señalaron que continuaban trabajando para garantizar que nadie se quedara sin un plato de comida caliente, aunque reconocieron que la falta de recursos complicaba el funcionamiento. También informaron que mantenían gestiones para concretar un convenio con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con la expectativa de obtener un apoyo que contribuyera a asegurar la continuidad del servicio.
La pérdida del aporte departamental no es un detalle administrativo: significa que una organización que durante años recibió recursos regulares para comprar alimentos debe buscar otras formas de sostener su actividad, en un contexto en el que las necesidades de las familias no han desaparecido.
Los datos disponibles permiten dimensionar la importancia de esta tarea. En febrero de 2025, la presidenta de la red, María José Semino, informó en una conferencia de prensa que en Salto funcionaban 14 ollas populares y 11 merenderos. La organización había llegado a contar con 21 ollas y 17 merenderos, pero la cantidad de iniciativas fue cambiando durante los años de funcionamiento.
Según las cifras proporcionadas entonces por Semino, la red distribuía aproximadamente 3.000 platos de comida y 2.500 meriendas por semana. En conjunto, se trataba de unas 5.500 entregas semanales, aunque la cifra corresponde a porciones y meriendas distribuidas, no necesariamente a personas diferentes. Una misma familia puede recurrir al servicio en distintas oportunidades.
La referente explicó que el funcionamiento depende de la organización de cada barrio y de la capacidad de conseguir alimentos adicionales a los que se adquieren con los recursos disponibles. El colectivo distribuye insumos para que cada iniciativa prepare comida y meriendas, pero los voluntarios también consiguen donaciones y hacen esfuerzos propios para aumentar la cantidad de entregas.
En la práctica, esto significa que la asistencia final no depende exclusivamente del dinero que recibe la organización. También depende de la solidaridad de vecinos, comercios y personas que aportan alimentos, además del trabajo de quienes cocinan, organizan las entregas y mantienen abiertos los espacios comunitarios.
La situación obliga a los responsables de las ollas a hacer rendir cada recurso. La asistencia se distribuye de acuerdo con las posibilidades de cada iniciativa y no siempre alcanza para responder a todas las necesidades que aparecen en los barrios.
Un aporte que surgió durante la emergencia alimentaria
La colaboración económica de la intendencia no era una ayuda ocasional. Se había convertido en un recurso estable para sostener la red comunitaria.
En julio de 2021, durante la administración de Andrés Lima, la intendencia y la Red de Ollas y Merenderos acordaron un convenio que establecía una transferencia mensual de 250.000 pesos para la compra de insumos. El dinero provenía principalmente de los recursos generados por la Zona Azul, el estacionamiento tarifado de la ciudad.
La continuidad de ese mecanismo fue respaldada por la Junta Departamental. En diciembre de 2022, el Decreto 7.490 estableció que el producido de la Zona Azul, descontados los gastos, se destinara a cubrir emergencias sociales del departamento durante el resto del período de gobierno. La resolución se apoyaba en informes que señalaban la necesidad de mantener el respaldo a la red.
En enero de 2023, la intendencia informó que funcionaban alrededor de 20 ollas y 20 merenderos y que la organización debía presentar mensualmente una rendición del destino de los fondos para habilitar la siguiente partida.
El aporte permitía que la red gestionara sus compras y distribuyera los insumos entre las distintas iniciativas. De esa manera, no se trataba solamente de una transferencia económica: también se reconocía la capacidad de una organización comunitaria para identificar las necesidades de cada zona y administrar los recursos destinados a la alimentación.
Con el cambio de gobierno departamental, ese mecanismo dejó de funcionar. El tercer relevamiento nacional de ollas y merenderos populares, realizado por la Universidad de la República entre setiembre y noviembre de 2025, también identificó el caso de Salto como una experiencia en la que se eliminó el traspaso de los recursos del estacionamiento tarifado al colectivo cuando asumió la nueva administración.
En Salto, por lo tanto, la eventual desaparición de una olla o un merendero no supone únicamente perder un lugar donde se prepara comida. También puede significar la pérdida de un espacio de encuentro, de acompañamiento y de organización barrial que se construyó durante años.
El trabajo voluntario tiene límites
Según información recibida por la diaria, las ollas de Salto estarían enfrentando un retaceo de la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en un contexto en el que se estaría dando prioridad a las personas evacuadas por las inundaciones.
Según afirmó el director departamental del Mides, Jorge Vaz Tourem, a este medio, hubo un atraso en una entrega, pero se proporcionan todos los alimentos secos.
Desde su surgimiento, las ollas populares de Salto se sostuvieron mediante una combinación de compromiso vecinal, donaciones y apoyos institucionales. La organización comunitaria hizo posible responder a una emergencia que inicialmente estuvo vinculada a la pandemia, pero que se prolongó mucho más allá de aquella situación sanitaria.
La experiencia acumulada muestra que las ollas no fueron una respuesta transitoria que desapareció cuando terminó la emergencia sanitaria. Se convirtieron en espacios que continuaron atendiendo necesidades alimentarias persistentes, con una estructura que debió adaptarse a los cambios económicos y sociales.
Sin embargo, el trabajo voluntario tiene límites. Cocinar, conseguir alimentos, trasladar insumos, mantener los espacios y organizar las entregas requiere tiempo y recursos. Cuando desaparecen los aportes regulares, toda esa responsabilidad recae en un número reducido de personas que deben buscar alternativas para evitar que el servicio se interrumpa.
En noviembre de 2025, los integrantes de la red todavía expresaban su voluntad de continuar trabajando y procuraban concretar un acuerdo con Salto Grande. Aquella búsqueda de apoyo reflejaba tanto la capacidad de resistencia de la organización como la fragilidad económica en la que se encontraba.
La pregunta de fondo es cuánto tiempo podrá sostenerse una red de estas dimensiones si el apoyo institucional se reduce y la responsabilidad de alimentar a quienes más lo necesitan vuelve a descansar, casi exclusivamente, sobre la solidaridad de la propia comunidad.
