La Intendencia de Salto presentó ante la Junta Departamental un proyecto de decreto que busca facilitar la recuperación de vehículos incautados por infracciones de tránsito y reducir la acumulación de unidades en los depósitos municipales.
El secretario general de la intendencia, Walter Texeira Núñez, explicó a la diaria que actualmente hay unas 14.000 motos y más de 300 vehículos de cuatro ruedas bajo custodia departamental. Según señaló, “muchos permanecen a la intemperie durante años, se deterioran y generan costos para la administración”. Destacó que “la devolución de los vehículos había sido un compromiso de campaña” del actual gobierno departamental, encabezado por Carlos Albisu. “Mucha de esta gente lo necesita para ir a trabajar o para hacer el transporte familiar, y entendíamos que era bueno darle una oportunidad más para que pueda obtener el vehículo”, señaló.
El proyecto comprende los vehículos incautados entre el 1º de enero de 2023 y la fecha de publicación del decreto, siempre que permanezcan bajo custodia de la Intendencia de Salto. Los interesados deberán acreditar la propiedad o legítima posesión del rodado y cumplir con las condiciones establecidas.
Uno de los beneficios previstos es la exoneración del pago de la patente de rodados correspondiente al período durante el cual el vehículo permaneció incautado. Texeira precisó que, en el caso de los automóviles, la patente se gestiona a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), mientras que las motos tienen un tratamiento diferente. La propuesta también contempla la declaración de oficio de la prescripción extintiva de tributos, multas y recargos cuando corresponda, de acuerdo con la normativa vigente.
No obstante, la recuperación del vehículo no implicará la eliminación automática de todas las deudas. Las obligaciones tributarias y las sanciones que continúen vigentes permanecerán asociadas al padrón y la matrícula, y deberán regularizarse conforme a las disposiciones correspondientes. “Le estamos diciendo que lo puede retirar y verá después las multas y recargos que queden, pero, en principio, se lo estamos entregando”, explicó el secretario general.
Por otro lado, los vehículos deberán encontrarse en condiciones mínimas para circular por la vía pública. En caso de que no estén aptos, sus propietarios deberán retirarlos mediante un servicio privado de guinche o remolque. “El vehículo que no esté apto lo tiene que retirar, no lo puede llevar andando. Tiene 15 días para presentarlo con todas las cosas funcionando correctamente; si no, se le va a retirar definitivamente”, advirtió Texeira. El incumplimiento de ese requisito podrá determinar una nueva incautación y el traslado del vehículo a los depósitos departamentales, con los costos a cargo del infractor.
El proyecto incorpora, además, una exigencia educativa para quienes tengan sanciones firmes por infracciones graves o gravísimas. Entre las conductas contempladas, está la participación en picadas o conducir bajo los efectos del alcohol. En esos casos, los propietarios deberán asistir a charlas técnicas sobre seguridad vial impartidas por la intendencia como condición previa para recuperar el vehículo.
El jerarca también expresó su preocupación por la cantidad de motociclistas que circulan sin contar con la habilitación correspondiente. Según indicó, “entre los vehículos incautados hay numerosas motos cuyos conductores no tenían libreta de conducir”.
Los vehículos no reclamados podrán rematarse o destinarse a instituciones
La iniciativa establece un régimen extraordinario que otorgará a los propietarios un plazo de 60 días para iniciar los trámites, una vez que la norma sea aprobada y entre en vigencia. La intendencia podrá extender el plazo por hasta 30 días adicionales. Sin embargo, una vez vencido ese período, los vehículos cuyos propietarios no hayan iniciado formalmente el trámite podrán ser declarados en situación de abandono.
A partir de ahí, “la administración podrá disponer su compactación, desguace, enajenación o remate público”. También se prevé que los vehículos que se encuentren en condiciones de circular o conserven un valor utilitario “puedan incorporarse al patrimonio departamental para uso oficial, o entregarse en donación o comodato a instituciones públicas y entidades privadas de bien público debidamente constituidas”. Entre los destinos posibles, Texeira mencionó “la utilización de algunos vehículos con fines educativos”, por ejemplo, en talleres de la UTU, para actividades de formación técnica.
“La intención es resolver el problema y evitar que continúen ingresando vehículos sin que exista una solución para los que llevan años retenidos”, sostuvo el jerarca. El proyecto no comprende los vehículos que se encuentren a la orden o provengan de la Dirección Nacional de Aduanas o de la Administración de Aduanas de Salto. El secretario general remarcó que “el régimen tendrá un carácter excepcional” y que, una vez finalizado el período previsto, “la intendencia deberá adoptar otras medidas para evitar que siga creciendo la acumulación de vehículos incautados”.
La propuesta fue remitida a la Junta Departamental de Salto, que deberá analizarla y resolver sobre su eventual aprobación.
