El proyecto de decreto para crear una Guardia Municipal en Salto ya ingresó a la Junta Departamental y comenzó a ser analizado por los ediles. Para Cristian Suárez, edil de la Coalición Republicana y presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento, se trata de una iniciativa “ambiciosa” y elaborada con especial cuidado de los límites constitucionales y las competencias que tendrá este nuevo cuerpo.
Según explicó a la diaria, “la Guardia Municipal tendrá carácter civil, preventivo y de cercanía con la ciudadanía. Su función principal estará vinculada al cuidado de los espacios públicos administrados por la intendencia, la orientación a vecinos y visitantes y la colaboración en distintas actividades, sin sustituir en ningún caso las competencias de la Policía”.
Suárez señaló que uno de los objetivos centrales es recuperar las plazas y otros espacios públicos como ámbitos de convivencia familiar y ciudadana. “La Guardia Municipal va a estar en cercanía con el ciudadano, con el salteño, para cuidar los espacios públicos”, sostuvo. Aclaró, sin embargo, que “no se tratará simplemente de una figura de vigilancia, sino de personal que deberá recibir capacitación tanto para el ejercicio de sus funciones como para el relacionamiento con la población”.
Consideró que “la presencia de los guardias también podría tener un efecto disuasivo frente a situaciones de vandalismo o conductas que afecten la convivencia”. El edil mencionó las “quejas de ciudadanos que manifiestan sentirse inseguros al transitar por determinadas plazas en ciertos horarios”.
Uno de los aspectos que Suárez remarcó fue que la Guardia Municipal no tendrá carácter policial. “La intención es que sus integrantes no porten armas ni realicen investigaciones penales, tomen declaraciones o intervengan directamente ante la comisión de delitos”.
En caso de detectar un hecho delictivo o una situación que requiera intervención policial, “el mecanismo previsto deberá apuntar a una comunicación rápida con el Ministerio del Interior y la Policía. Su función sería dar aviso y contar con mecanismos de coordinación que permitan una respuesta rápida de quienes sí tienen competencia para intervenir”.
Suárez indicó que todavía resta conocer cómo se instrumentará la coordinación mediante un eventual convenio con el Ministerio del Interior. Ese será, según adelantó, “uno de los aspectos que la junta buscará profundizar en el análisis del proyecto”.
Además del cuidado de espacios públicos, el proyecto contempla que “los guardias puedan desarrollar determinadas tareas de inspección dentro de las competencias que ya posee la intendencia”. Suárez explicó que “podrían labrar actas en los procedimientos correspondientes, dejando constancia de las actuaciones y entregando copia a las personas inspeccionadas”.
Entre las situaciones en las que podrían actuar se encuentran controles vinculados a actividades desarrolladas en espacios públicos, incluidos eventuales incumplimientos por parte de comercios o actividades informales. “La Guardia Municipal es una herramienta más para proceder de forma más cercana y rápida ante estos incumplimientos”, señaló.
El debate sobre las plazas libres de humo
Suárez también se refirió al proyecto en el que la junta viene trabajando para establecer restricciones al consumo de tabaco y alcohol en determinadas plazas y espacios públicos.
El edil señaló que “el reciente avance parlamentario de una modificación a la Ley 18.257 contribuye a despejar parte del debate jurídico y político que existía en torno a las potestades departamentales para establecer este tipo de limitaciones”.
No obstante, sostuvo que “ya se habían analizado antecedentes jurídicos y criterios que permitirían a las juntas departamentales regular determinados derechos cuando se cumplen condiciones vinculadas a la materia departamental, la proporcionalidad de la medida y el interés general”.
Suárez defendió especialmente la protección de niños y otros usuarios de los espacios públicos, aunque adelantó que el proyecto podría incorporar modificaciones para establecer horarios.
La posibilidad de fijar franjas horarias fue uno de los puntos que surgieron durante el trabajo en comisión.
Suárez consideró que “establecer determinados horarios permitiría buscar un equilibrio entre las personas fumadoras y quienes utilizan las plazas junto con sus familias. La idea no sería una prohibición absoluta durante las 24 horas, sino determinar momentos en los que la restricción tenga mayor fundamento por la presencia habitual de niños y familias. Hay que encontrar también ese sentido de la norma”, afirmó, y sostuvo que el objetivo “es promover una convivencia armónica y recuperar los espacios públicos sin desconocer los derechos individuales”.
Según indicó, la junta procurará fundamentar adecuadamente cualquier decisión que adopte, de forma de contar con argumentos jurídicos claros ante una eventual acción de inconstitucionalidad.
Fundaciones: se responderá si se concreta un llamado a sala
Consultado sobre las críticas planteadas a la diaria en nota del 28 de octubre por el edil frenteamplista Juan Pablo Rocca respecto del manejo de las fundaciones vinculadas a la intendencia, Suárez prefirió no profundizar en el tema antes de que exista una convocatoria formal al plenario.
Rocca había señalado su disposición a promover un llamado a sala al intendente por este tema. Suárez reconoció que “se trata de una herramienta prevista en el reglamento”, aunque sostuvo que reservará sus argumentos para el momento en que eventualmente se plantee la discusión. “No tengo dudas sobre la actuación de la intendencia en este tema”, afirmó.
Para el edil de la Coalición Republicana, “las fundaciones constituyen una herramienta que funciona” y que, desde su perspectiva, “resulta conveniente para la administración departamental”.
