El edil del Frente Amplio Juan Pablo Rocca, integrante de la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental de Salto, informó en diálogo con la diaria sobre las 2.300 observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a la Intendencia de Salto en lo que va del período de gobierno encabezado por el intendente Carlos Albisu.
Según explicó, el monto total observado asciende a 448 millones de pesos, una cifra que considera de gran relevancia para evaluar la gestión económica y administrativa del gobierno departamental.
Rocca señaló que la magnitud del material y la diversidad de las observaciones ameritan un análisis profundo sobre el funcionamiento de distintas áreas de la administración. El edil indicó que existe una contradicción entre el discurso de austeridad y orden sostenido por el gobierno departamental. Recordó que, al inicio de la gestión, el intendente Albisu hablaba de una situación de crisis e incluso solicitó a los ediles de la Coalición Republicana que aceleraran la aprobación del presupuesto porque, según expresó, “estamos yendo a la guerra con un escarbadientes”.
Sin comprobantes ni registros
En ese contexto, al conocerse las observaciones del TCR –derivadas de un pedido de informes y que ascienden a 2.300–, se genera, según Rocca, una sensación de inconsistencia entre el discurso oficial y la realidad administrativa.
Explicó que las observaciones pueden agruparse en dos o tres grandes bloques. Uno de ellos refiere a gastos realizados sin asignación presupuestal vigente, algo que, según reconoció, suele ocurrir en distintas administraciones departamentales y nacionales, por lo que no debería ser el eje del análisis.
Lo más relevante, señaló, son los gastos que no cuentan con comprobantes ni registros que justifiquen las compras, así como los procesos de adquisición realizados sin licitación. A esto se suma que no está funcionando la comisión de seguimiento del endeudamiento y que no se ha informado públicamente qué ocurrirá con el fideicomiso, lo que genera un vacío comunicacional.
Rocca sostuvo que el Ejecutivo departamental debe comenzar a ofrecer explicaciones, dado que las observaciones superan los diez millones de dólares.
Observaciones en contexto de urgencia
Por su parte, el dirigente de la Coalición Republicana Enzo Paique afirmó en diálogo con la diaria que las observaciones del TCR cumplen un rol fundamental en el control de legalidad. Aclaró que una observación no implica necesariamente mala administración, sino que señala diferencias entre el procedimiento aplicado y el que el tribunal considera más adecuado.
Sostuvo que es necesario considerar el contexto en el que asumió la actual administración, con compromisos en ejecución, plazos vinculados a distintos financiamientos y un proceso de transición presupuestal aún en curso. Estas circunstancias generan, en algunos casos, tensiones entre la necesidad de asegurar la continuidad de la gestión y el cumplimiento estricto de las formalidades y exigencias normativas.
Agregó que el TCR no evalúa la oportunidad de las decisiones, mientras que el gobierno puede optar por dar continuidad a obras o servicios priorizando el desarrollo. En ese sentido, mencionó la falta de ejecución del Fondo de Desarrollo del Interior al momento de asumir, lo que obligó a tomar decisiones rápidas para no perder recursos destinados, por ejemplo, a obras en la avenida Apolón y a distintas intervenciones en barrios.
Alto nivel de gestión
Paique sostuvo que muchas de las observaciones vinculadas a la falta de disponibilidad presupuestal responden a un hecho objetivo: la administración asumió sin un presupuesto propio y, durante el proceso de elaboración y aprobación del nuevo, se generan desfasajes formales entre el crédito presupuestal y la ejecución del gasto.
Esto, explicó, no implica necesariamente la ausencia de recursos, sino que la herramienta normativa aún no está plenamente ajustada a la nueva gestión, lo que genera observaciones automáticas.
Añadió que el volumen de observaciones también refleja un alto nivel de gestión y ejecución en un contexto de urgencia, en el que el gobierno decidió no detener obras ni servicios esenciales. La alternativa, señaló, hubiera sido la paralización de proyectos y la posible pérdida de recursos para el departamento.
Concluyó que gobernar implica, en muchos casos, tomar decisiones para no frenar el desarrollo, preservar el financiamiento disponible y garantizar la continuidad de los servicios, y que ello no supone una irregularidad cuando las decisiones se explican en su contexto.