El edil del Frente Amplio Juan Pablo Rocca, integrante de la comisión de hacienda de la Junta Departamental de Salto en diálogo con la diaria, informó sobre las 2.300 observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a la Intendencia de Salto en lo que va del período de gobierno encabezado por el intendente Carlos Albisu. Según explicó, el monto total observado asciende a 448 millones de pesos, una cifra que considera de gran relevancia para evaluar la gestión económica y administrativa del gobierno departamental.
Rocca señaló que la magnitud del material y la diversidad de las observaciones motivan a realizar un análisis profundo sobre el funcionamiento de varias áreas de la administración.
El curul indicó que existe una contradicción evidente entre el discurso de austeridad y orden que ha sostenido la administración. Recordó que, al inicio de su gestión, el intendente Albisu hablaba de una situación de crisis e incluso pidió a los ediles de la Coalición Republicana que aceleraran la aprobación del presupuesto porque, según expresó, “estamos yendo a la guerra con un escarbadientes”.
Sin comprobantes ni registros
En ese contexto, cuando salen a la luz las observaciones realizadas por el TCR —derivadas de un pedido de informes y que ascienden a 2.300— “se genera una marcada sensación de inconsistencia entre el discurso oficial y la realidad administrativa.”
Rocca explicó que las observaciones pueden agruparse en dos o tres grandes bloques. Uno de ellos refiere a gastos realizados sin una asignación presupuestal vigente, algo que, según reconoció, suele ocurrir en distintas administraciones departamentales y nacionales, por lo que no debería ser el centro del análisis.
Lo realmente relevante, señaló, son los gastos que no cuentan con comprobantes ni registros que justifiquen las compras, así como los procesos de adquisición realizados sin licitación. A esto se suma que no está funcionando la comisión de seguimiento del endeudamiento y que no se ha informado públicamente qué ocurrirá con el fideicomiso, lo que genera un vacío comunicacional. Rocca sostuvo que el ejecutivo departamental debe comenzar a ofrecer explicaciones, dado que las observaciones superan los diez millones de dólares.
Observaciones en contexto de urgencia
Por su parte, el dirigente político de la Coalición Republicana Enzo Paique afirmó a la diaria que las observaciones del TCR cumplen un rol fundamental en el control de legalidad. Es importante aclarar que una observación no implica necesariamente mala administración, sino que señala diferencias entre el procedimiento aplicado y aquel que el tribunal considera más adecuado al caso.
Sostuvo que, en ese sentido, es fundamental considerar el contexto en el que asumió la actual administración, con compromisos ya en ejecución, plazos vinculados a distintos financiamientos y un proceso de transición presupuestal todavía en curso. Estas circunstancias generan, en algunos casos, tensiones entre la necesidad de asegurar la continuidad de la gestión y el cumplimiento estricto de todas las formalidades y exigencias normativas.
Agregó que el Tribunal de Cuentas no evalúa la oportunidad de las decisiones, mientras que el gobierno puede optar por dar continuidad a obras o servicios priorizando las posibilidades de desarrollo. En este contexto el edil mencionó la falta de ejecución del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) al momento de asumir la administración, lo que obligó a tomar decisiones rápidas para no perder recursos destinados, por ejemplo, a las obras en Avenida Apolón y a diversas intervenciones en algunos barrios.
Alto nivel de gestión
Por otra parte, “muchas de las observaciones relacionadas con la falta de disponibilidad presupuestal responden a un hecho objetivo: la administración asumió sin un presupuesto propio y, durante el proceso de elaboración y aprobación del nuevo, se producen desfasajes formales entre el crédito presupuestal y la ejecución del gasto.”
“Esto no significa que no existan recursos o que no puedan destinarse a determinados fines, sino que la herramienta normativa aún no está plenamente ajustada a la nueva gestión, lo que genera observaciones automáticas.”
El dirigente Paique agregó que el volumen de observaciones también refleja un alto nivel de gestión y ejecución en un contexto de urgencia, en el cual el gobierno decidió no detener obras ni servicios esenciales. La alternativa a muchas de estas decisiones hubiera sido la paralización de proyectos y la consecuente pérdida de recursos para el departamento.
Sostuvo que gobernar implica, en muchos casos, tomar decisiones para no frenar el desarrollo, preservar el financiamiento disponible y mantener la continuidad de los servicios. Ejercer la responsabilidad de gobierno no supone una irregularidad, especialmente cuando las cifras se explican y los contextos se hacen públicos, concluyó.