La Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento de la Junta Departamental de Salto continúa estudiando la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025 junto con la propuesta de modificación presupuestal enviada por el Ejecutivo departamental.
Cristian Suárez, presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento y edil de la Coalición Republicana, valoró positivamente la iniciativa y sostuvo que los cambios buscan adaptar el presupuesto a las necesidades detectadas durante los primeros meses de gestión.
Según dijo a la diaria, la administración encabezada por el intendente Carlos Albisu procura brindar servicios “más eficientes y eficaces”, con una gestión orientada a mejorar la atención al contribuyente.
Uno de los aspectos centrales de la modificación es la transformación de la actual Zona Azul hacia un sistema tecnológico. Para Suárez, se trata de una modernización necesaria que permitirá dejar atrás un modelo que considera “antiguo” y alinearse con sistemas que ya funcionan en otros departamentos.
El edil sostuvo que este cambio “representa el primer paso de un proceso más amplio de modernización de los servicios municipales, con el objetivo de facilitar el uso del estacionamiento tarifado y optimizar su administración”.
Respecto de la situación de los actuales cuidacoches, Suárez aclaró que “la reglamentación definitiva será elaborada una vez aprobada la modificación presupuestal”. No obstante, adelantó que quienes trabajen dentro de la nueva Zona Azul pasarán a desempeñarse como “facilitadores”, deberán recibir “capacitación de la intendencia y tendrán un ingreso fijo, dejando atrás el sistema basado exclusivamente en la venta de boletas”.
Además, indicó que “el Ejecutivo informó que el 30% de la recaudación del sistema será destinado a este nuevo esquema de funcionamiento y que algunos cuidacoches continuarán desarrollando tareas en otros puntos de la ciudad”.
La modificación también redefine el destino de parte de los recursos obtenidos mediante la Zona Azul. Suárez explicó que “el Fondo de Emergencia Vecinal contará con 500.000 pesos anuales para apoyar a las comisiones vecinales, mientras que el Fondo de Emergencia Departamental tendrá como finalidad atender situaciones extraordinarias, como temporales o desastres naturales”.
No obstante, reconoció que “aún resta analizar si los montos previstos serán suficientes para afrontar contingencias de gran magnitud, como el temporal que afectó recientemente al departamento”.
Consultado por nuestro medio sobre la eventual eliminación de las donaciones provenientes de la Zona Azul a instituciones benéficas, el edil señaló que “sobre ese tema todavía no existe una definición”.
Explicó que primero esperan las observaciones del Tribunal de Cuentas y posteriormente convocarán al Ejecutivo “para conocer cómo quedará establecida la reglamentación definitiva y el destino de esos recursos”.
Reconocimiento a la unión concubinaria y cambios en beneficios sociales
Entre las modificaciones previstas figura la incorporación de la unión concubinaria judicialmente reconocida para acceder a la prima por hogar constituido.
Asimismo, se establece que este beneficio “no podrá ser percibido por quienes ocupen cargos de particular confianza o de excepcional responsabilidad dentro de la administración”.
En materia de asignaciones familiares, “la propuesta extiende el beneficio para hijos de funcionarios municipales hasta los 25 años cuando cursen estudios terciarios” u otras formaciones, “siempre que acrediten haber aprobado más del 50% de las materias correspondientes al año que cursan”.
Frente a los cuestionamientos sobre la rapidez con que se presentan modificaciones al presupuesto aprobado hace apenas dos meses, Suárez sostuvo que “la Rendición de Cuentas constituye precisamente la instancia prevista por la normativa para introducir correcciones”.
Afirmó que “se trata de una administración nueva que ha detectado aspectos a mejorar durante sus primeros meses de funcionamiento” y que decidió aprovechar esta herramienta legal para realizar ajustes sin postergarlos. “Se va corrigiendo, mejorando y ajustando a medida que la gestión avanza”, resumió.
El edil recordó que “la Junta Departamental dispone de 60 días para estudiar tanto la Rendición de Cuentas como la modificación presupuestal, mientras que el Tribunal de Cuentas tiene un plazo de 20 días para emitir sus observaciones”.
Precisó además que la documentación ingresó al legislativo el 28 de junio, por lo que la mitad del plazo constitucional ya habría transcurrido mientras la comisión integrada continúa con el análisis de ambos proyectos antes de elevarlos al plenario.