El representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) y delegado del PIT-CNT en el Diálogo Social, Carlos Clavijo, está recorriendo el país para informar a la ciudadanía sobre los resultados del proceso convocado por el gobierno de Yamandú Orsi.
En diálogo con la diaria, Clavijo explicó que, ya culminada la primera etapa del proceso, en los próximos seis meses el Ejecutivo preparará los proyectos de ley correspondientes para enviarlos al Parlamento, de modo de concretar los acuerdos y consensos alcanzados en este Diálogo Social.
Opinó que en esta instancia se resolvieron temas favorables para todos los trabajadores del país. En ese sentido, señaló que, una vez que los proyectos de ley sean aprobados por el Parlamento, los trabajadores por cuenta propia contarán con un sistema de seguro de paro, un derecho que hasta ahora no existía. “Esto es positivo, porque los trabajadores por cuenta propia y los monotributistas accederán a la protección social de un seguro de paro, al igual que los trabajadores dependientes”, afirmó.
Otro aspecto relevante es el acuerdo para eliminar los plazos de reconocimiento de años de servicio anteriores a 1996. “Recordemos que en los próximos días vencen algunos de esos plazos, y en el directorio del BPS votamos una extensión de un año más, porque siempre hemos entendido que es injusto que se impongan límites cuando antes de 1996 no se realizaban aportes a la seguridad social. Nos quitaron un derecho, y ahora nos quitan otro. La responsabilidad de aportar no era del trabajador, sino del empleador, por lo tanto es otra conquista”, agregó.
Clavijo también se refirió al aumento de las licencias paternales, que se extenderán a 30 días, así como a las mejoras en el sistema de cuidados, que se busca universalizar y fortalecer. Añadió además que “las transferencias destinadas a la infancia se duplicarán e incluso triplicarán, es decir, el apoyo que reciben los hogares con niñas y niños en situación de pobreza”. Consideró que estas medidas son muy positivas, dado que se trata de una emergencia nacional.
Recordó que el movimiento sindical ha advertido que la pobreza infantil en Uruguay “tiene rostro de niña o niño y de madre jefa de hogar; por lo tanto, tiene rostro de mujer”, y sostuvo que esa problemática debe ser enfrentada de manera prioritaria. En ese sentido, afirmó que será uno de los primeros temas a resolver.
La emergencia es la pobreza
También mencionó un recurso que podría tener un fuerte impacto en el interior del país: una prestación universal para las personas de 70 años. “Hoy existe una pensión a la vejez, pero para acceder se deben cumplir ciertas condiciones que dejarán de exigirse. Si el Parlamento aprueba el proyecto, esta ayuda será universal”, explicó.
Asimismo, señaló que hay dos temas cruciales en discusión. El primero es la recuperación de la posibilidad de jubilarse a los 60 años. Reconoció que existen distintos matices, ya que dos terceras partes de los trabajadores verán incrementados sus años de permanencia en el mercado laboral. Sin embargo, destacó un aspecto positivo: una tercera parte de quienes estén en condiciones de jubilarse recibirán una prestación igual o, en la mayoría de los casos, superior a la prevista por la Ley 20.130 de reforma de la seguridad social.
Dijo que este gobierno definió que la emergencia es la pobreza, por lo tanto “nosotros como movimiento sindical estamos totalmente de acuerdo, porque venimos denunciando el crecimiento de la pobreza en los últimos cinco años”.
También se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, acerca de la propuesta de realizar una intervención urbana en el entorno del Palacio Legislativo utilizando un ahorro de 30 millones de dólares. El sindicalista sostuvo que esas expresiones “no son una buena noticia”, porque considera que antes se debería invertir en combatir la pobreza infantil. Recordó que durante el Diálogo Social no se logró un acuerdo para discutir el financiamiento de la seguridad y la protección social.
Agregó que, además de plantear una modificación en el aporte patronal, el movimiento sindical presentó una propuesta para aplicar una sobretasa del 1% al IRPF dirigida al 1% más rico del país, con el objetivo de financiar apoyos para los hogares más pobres. “A esa propuesta también se nos dijo que no. Por eso no creo que las expresiones de Cosse sean positivas ni que la sociedad las reciba bien, porque ese dinero debería destinarse a los sectores de mayor vulnerabilidad”, señaló.
Señaló que, si bien las transferencias a los hogares más vulnerables son necesarias, por sí solas no permitirán que esas familias salgan de la pobreza. Consideró que deben ir acompañadas de políticas públicas integrales impulsadas por el Estado, como iniciativas en materia de vivienda, educación, cuidados y salud. Para llevar adelante esas políticas, afirmó, se necesitan recursos.