Salto cuenta desde este jueves con el Dispositivo de Reparación del Daño, una iniciativa interinstitucional destinada a brindar atención especializada a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, maltrato y negligencia.
El acuerdo que formalizó la puesta en funcionamiento del dispositivo fue firmado con la participación de la Red de Atención del Primer Nivel de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (RAP-ASSE) de Salto, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).
En la presentación participaron el director de la RAP-ASSE Salto, Roberto Varela; Aldana Antúnez, en representación de INAU; el director departamental del Mides, Jorge Vaz Tourem, y Marcia Tarragó, integrante del equipo de Coordinación Nacional del Sipiav.
Antúnez destacó que “la creación del dispositivo es resultado del trabajo articulado de las instituciones que integran el Sipiav, un sistema que también involucra a la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], el Ministerio del Interior y la Fiscalía”, entre otros organismos.
Recordó que “las instituciones se reúnen periódicamente para abordar situaciones de extrema vulnerabilidad y casos graves de violencia, en busca de definir estrategias conjuntas y realizar el seguimiento correspondiente”.
La representante del INAU señaló que las cifras “interpelan” a las instituciones y mencionó que durante 2025 el Centro de Referencia Local atendió en Salto a 62 niños, niñas y adolescentes en situaciones graves de violencia y abuso. “Estos números como políticas públicas nos tienen que interpelar”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “ninguna institución tiene por sí sola la capacidad suficiente para dar respuesta a todas estas situaciones”.
El dispositivo de Salto se suma a experiencias que ya funcionan en otros departamentos, como Artigas, Treinta y Tres y Maldonado, y contará con recursos técnicos aportados por las distintas instituciones involucradas. El objetivo será trabajar de forma articulada para avanzar en la reparación del daño provocado por situaciones de violencia y abuso.
Para Varela, la puesta en marcha del dispositivo representa un paso importante porque aborda una problemática que puede tener consecuencias durante toda la vida de quienes la padecen. “El maltrato y el abuso hacia niños y niñas es una situación que los marca por el resto de la vida”, expresó.
Varela señaló que “cuando las víctimas no acceden a instancias de reparación, muchas veces las consecuencias aparecen posteriormente en los servicios de salud, a través de cuadros de angustia, dolores físicos, problemas musculares o gastritis, entre otras manifestaciones”. En ese sentido, sostuvo que “el sistema de salud muchas veces llega tarde si debe atender únicamente las consecuencias del daño sufrido durante la infancia o la adolescencia”.
El jerarca subrayó “la importancia de la prevención” y recordó que, en muchos casos, las situaciones de violencia ocurren en los entornos más cercanos de los niños y adolescentes. “Una vez que lamentablemente se detecta, tenemos que reparar, para que luego esa persona no sea un adulto que ande cargando con ese sufrimiento”, afirmó.
Detrás de cada cifra hay una historia de vida
Vaz Tourem señaló que en la Mesa de Primera Infancia ya se venían manejando cifras de entre 60 y 70 niños con situaciones de abuso y maltrato moderadas y graves. “No es un número, son historias de vida que comienzan en la etapa temprana de estos niños”, expresó.
El director departamental del Mides sostuvo que “el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de construir respuestas acordes a las necesidades de atención y acompañamiento”. Reconoció que “reparar implica actuar después de que una situación que no debió ocurrir ya tuvo lugar”, pero remarcó que “aun así es necesario intervenir para evitar que las consecuencias del trauma acompañen a las víctimas durante toda su vida”.
Vaz Tourem explicó que el impulso surgió desde la Mesa de Primera Infancia y posteriormente fue trasladado a la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, un espacio que fue reconvocado por el Mides en la actual administración.
El proceso permitió articular recursos y presentar la propuesta ante las autoridades nacionales, hasta concretar el dispositivo que comenzará a funcionar en Salto.
El nuevo dispositivo contará con un equipo integrado por psicólogos del INAU y el Mides, además de aportes de psiquiatría infantil y pediatría desde ASSE. También participarán profesionales del trabajo social aportados por el INAU, mientras que la Regional de ASSE brindará apoyo en aspectos legales y jurídicos.
Según explicó Vaz Tourem, en “la primera etapa tendrá una capacidad limitada en cuanto a las horas disponibles, por lo que uno de los objetivos planteados tras la firma del acuerdo será aumentar progresivamente la capacidad de atención para llegar a todos los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten”.
La concreción del dispositivo también contó con aportes de diferentes organismos e instituciones. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande aportó recursos económicos para la compra de materiales necesarios para el funcionamiento del espacio, mientras que el Banco de Previsión Social colaboró con mobiliario.
Además, las instalaciones fueron adecuadas con el trabajo de un participante del programa Accesos del Mides y con materiales que, según explicó Vaz Tourem, también fueron aportados por Aldeas Infantiles SOS.
Por su parte, Tarragó calificó la jornada como “un día de logros”, luego de un proceso que demandó numerosas reuniones y coordinaciones para identificar los recursos necesarios.
La representante del Sipiav reconoció que “la reparación llega después de que la violencia ya ocurrió”, pero remarcó que “todavía estamos a tiempo de lograr que estas secuelas no los acompañen durante el resto de su vida”.
La puesta en funcionamiento del Dispositivo de Reparación del Daño representa una nueva herramienta para Salto, con el desafío de brindar atención especializada a niños, niñas y adolescentes que atraviesan algunas de las situaciones más graves de vulneración de sus derechos.