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Gustavo Chiriff (archivo, 2025).

Foto: Vicente Massarino

Crece la preocupación por las contrataciones y advierten por el impacto en las cuentas de la Intendencia de Salto

El exsecretario general de la gestión 2020-2025 de la Intendencia de Salto comparó gestiones departamentales y alertó sobre aumento del gasto salarial.

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Gustavo Chiriff analizó la evolución de la plantilla de funcionarios y el gasto en personal durante la transición entre la administración encabezada por Ingrid Urroz, sucesora por unos meses del intendente Andrés Lima, y el actual gobierno de Carlos Albisu.

Consultado por la diaria sobre la cantidad de funcionarios que dejó la administración saliente, Chiriff explicó que la última liquidación realizada por su equipo, correspondiente a junio de 2025, registraba 1.724 trabajadores.

Según indicó, en octubre de 2025, luego del cese de 291 trabajadores, la ntendencia quedó funcionando con 1.448 funcionarios. A partir de entonces, comenzaron los ingresos por designación directa del nuevo gobierno.

“Hoy la cifra debe rondar los 1.600 funcionarios”, estimó. Aunque aclaró que si bien el número es inferior al existente al finalizar la gestión anterior, “representa un crecimiento significativo respecto de la estructura que quedó operativa tras las bajas registradas en octubre”.

Uno de los puntos más debatidos en las últimas semanas refiere a la afirmación de que la actual administración habría hecho más de 500 incorporaciones.

Chiriff matizó esa interpretación y afirmó que, según sus cálculos, las designaciones directas rondan las 230 personas. Explicó que la diferencia surge porque algunos análisis incluyen también a quienes prestan servicios bajo la modalidad de monotributo. “Una cosa son las designaciones directas como funcionarios de la intendencia y otra muy distinta son los contratados bajo el régimen de monotributo”, señaló.

El exjerarca recordó además que el 23 de diciembre comenzó a regir la nueva normativa sobre ingresos a los gobiernos departamentales, que establece restricciones para las contrataciones y fija límites a las designaciones directas realizadas por el intendente. La ley determina que estas designaciones no pueden superar el 4% de los cargos presupuestales existentes.

Teniendo en cuenta que la estructura departamental cuenta con alrededor de 2.000 cargos presupuestales entre ocupados y vacantes, el límite se ubicaría en torno a 80 cargos. “Después del 23 de diciembre las designaciones directas superaron largamente ese número”, sostuvo.

Otro de los aspectos analizados por Chiriff fue el impacto de las jubilaciones y retiros incentivados previstos en el nuevo presupuesto departamental. Afirmó que más de medio centenar de funcionarios, en su mayoría presupuestados, habrían decidido acogerse a los beneficios aprobados recientemente. Muchos de ellos ocupaban cargos de grados altos dentro de la estructura municipal.

Si bien reconoció que esas salidas generan un ahorro salarial, advirtió que simultáneamente se produjo un aumento importante de otras modalidades de contratación.

De acuerdo con los datos que maneja, “entre octubre y mayo la plantilla total de funcionarios creció un 10%”. Mientras que los presupuestados disminuyeron por efecto de las jubilaciones, los contratados a término –categoría que incluye zafrales y designaciones directas– “registraron un incremento cercano al 160%”.

Para Chiriff, la situación se vuelve más relevante cuando se analiza el comportamiento del denominado rubro cero, correspondiente a salarios y retribuciones personales.

Según el exsecretario general, el crecimiento de la plantilla no explica por sí solo el incremento del gasto en personal. Detalló que mientras que la cantidad de funcionarios aumentó un 10%, “el rubro cero registró una suba del 13% durante el mismo período, incluso considerando los ajustes salariales cuatrimestrales”.

A su juicio, la diferencia se explica porque muchos de los nuevos ingresos corresponden a categorías salariales superiores a las utilizadas durante la administración anterior. “En nuestra gestión los ingresos se daban en los escalafones de obrero y oficio o auxiliar de servicio, generalmente grado 3. Ahora están ingresando administrativos grado 10 u 11 y técnicos profesionales grado 14”, afirmó.

Esa situación, dijo, “genera una brecha entre el crecimiento de la cantidad de funcionarios y el aumento efectivo del gasto salarial”.

También fue consultado por la diaria sobre información proporcionada por el actual gobierno departamental, según la cual en los próximos días habrá 508 funcionarios menos que un año atrás.

Chiriff respondió que no dispone de datos que permitan confirmar esa cifra, aunque reconoció que “el proceso de jubilaciones provocará una reducción de personal”.

No obstante, manifestó dudas sobre la viabilidad operativa de una intendencia con una disminución tan pronunciada de trabajadores. “Con 1.100 funcionarios la intendencia no funciona”, afirmó.

En ese sentido, consideró que una eventual reducción de la plantilla permanente “podría ser compensada mediante contrataciones externas, tercerizaciones o mecanismos como los contratos por monotributo”.

Advertencia sobre las finanzas futuras

Chiriff sostuvo que la principal preocupación radica en el impacto financiero que estas decisiones pueden tener en los próximos años.

Explicó que, mientras el presupuesto proyecta una disminución del gasto en personal, se observa un incremento significativo en otros rubros vinculados a contrataciones y servicios, “como ocurre en el rubro 3”.

Según señaló, “esta dinámica podría trasladar gastos desde el rubro salarial hacia otras partidas presupuestales sin generar necesariamente un ahorro real para la administración”.

Además, advirtió que “la situación podría agravarse cuando comiencen a hacerse efectivas las nuevas obligaciones derivadas del fideicomiso departamental y si las previsiones de ingresos incluidas en el presupuesto no se concretan”, expresó.

Para el exsecretario general, el seguimiento de estos indicadores no responde a una postura meramente política, sino a una preocupación por la sustentabilidad económica de la administración departamental. “No es ser crítico por ser crítico. Entendemos que hay elementos objetivos que justifican la advertencia”, concluyó.

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