La propuesta para que todas las personas que aspiren a obtener la licencia de conducir deban realizar una formación previa en una academia continúa vigente para las instructoras de las academias de choferes de Salto.
Aunque el proyecto presentado en 2023 permanece sin definición, quienes impulsaron la iniciativa aseguran que siguen convencidas de que la educación vial debe transformarse en una política nacional orientada a reducir los siniestros de tránsito.
En agosto de 2023, las academias de choferes de Salto presentaron ante la Junta Departamental un proyecto con el objetivo de promover una normativa de alcance nacional que establezca la obligatoriedad de asistir a una academia antes de acceder a la licencia de conducir.
La iniciativa buscaba que la formación teórica y práctica dejara de ser una opción y pasara a integrar el proceso de habilitación de nuevos conductores.
En diálogo con la diaria, la referente de las Academias de Choferes de Salto, Paola Burgos, sostuvo que la propuesta responde a una preocupación compartida en distintos puntos del país por el aumento de la siniestralidad vial. Según explicó, varios departamentos ya cuentan con mecanismos que promueven una formación más rigurosa para quienes comienzan a conducir.
Burgos señaló que una capacitación obligatoria permitiría que los futuros conductores adquieran conocimientos sobre reglamentación de tránsito, señalización, límites de velocidad, cartelería y normas de convivencia en la vía pública. También contribuiría, afirmó, a generar mayor conciencia sobre la importancia de proteger a los usuarios más vulnerables del tránsito, entre ellos peatones, ciclistas y motociclistas.
La instructora destacó además que Salto ha desarrollado un sistema de trabajo que, a su entender, constituye una referencia a nivel nacional. Explicó que los instructores mantienen un vínculo permanente con la Intendencia y cumplen con distintos procesos de habilitación y actualización, lo que ha permitido profesionalizar la actividad.
A su juicio, una parte importante de la población ha tomado conciencia sobre la necesidad de una formación adecuada antes de conducir, aunque entiende que todavía falta avanzar para que ese criterio sea incorporado por todo el país.
“Lo que buscamos es brindar herramientas a los futuros conductores para salvar vidas”, resumió. Tres años después de haber presentado el proyecto, Burgos reconoce que el proceso atraviesa una etapa de pausa. Explicó que decidieron dar un margen de tiempo a las nuevas autoridades departamentales para que puedan instalarse y comenzar su gestión, aunque aclaró que la estructura interna de la Dirección de Tránsito prácticamente se mantuvo.
Si bien la aprobación de una normativa de estas características no depende exclusivamente de la dirección departamental, entiende que durante este período hubo avances importantes. En ese sentido, valoró que las actuales autoridades hayan asumido una actitud activa frente a distintas irregularidades vinculadas especialmente al tránsito de motocicletas.
También destacó el trabajo coordinado entre la Dirección de Tránsito y efectivos del Ministerio del Interior, señalando que los operativos desarrollados en la ciudad han mostrado resultados positivos y reflejan un compromiso con la educación y el control del tránsito.
Burgos afirmó que la actual administración departamental ha mostrado una mayor disposición al diálogo con las academias de conducción. Entre las medidas que destacó mencionó la exigencia de que los vehículos circulen con seguro obligatorio, una decisión que consideró relevante para mejorar las condiciones de seguridad vial.
Sin embargo, insistió en que los cambios departamentales no son suficientes para alcanzar el objetivo que persiguen desde hace varios años. “Nosotros no bajamos los brazos del todo, pero si no hay disposición a nivel nacional y compromiso de los jerarcas para reducir la siniestralidad, las pérdidas de vidas y los costos altísimos que eso genera para el sistema de salud, será muy difícil avanzar”, sostuvo.
A su entender, la obligatoriedad de la formación previa para obtener la licencia debe transformarse en una política pública de alcance nacional y no depender de decisiones aisladas de cada departamento.
Salto, entre los departamentos más avanzados
La referente recordó que las academias salteñas integran la Asociación Nacional de Instructores y Propietarios de Escuelas de Conducir de Uruguay (Andipec) y se encuentran registradas ante el Ministerio de Educación y Cultura.
Según explicó, las distintas instancias de trabajo mantenidas con autoridades nacionales les permitieron comprobar que Salto presenta uno de los niveles más altos de regularización del sector. Cada instructor cuenta con su carné habilitante y cada vehículo destinado a la enseñanza posee los permisos correspondientes, situación que, afirmó, no se repite con el mismo grado de desarrollo en todos los departamentos.
Además, señaló que existe un canal de diálogo fluido con el director de Tránsito, Alberto Subi, quien, según indicó, recibe a los representantes del sector cada vez que solicitan una audiencia para plantear inquietudes o propuestas vinculadas al desarrollo de las academias.
En contraste, Burgos manifestó que no han tenido la oportunidad de reunirse con el intendente Carlos Albisu, pese a que realizaron varias solicitudes de audiencia.
Entre los temas que continúan sobre la mesa, Burgos mencionó el avance hacia la creación de motoescuelas. Valoró que la Intendencia haya comenzado a trabajar sobre esa posibilidad y señaló que el asunto también está siendo analizado junto a ediles departamentales.
No obstante, aclaró que esas escuelas todavía no cuentan con una regulación específica. En ese marco, las academias propusieron que quienes aspiren a conducir motocicletas deban participar en cinco charlas obligatorias de educación vial antes de obtener la licencia. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó, ya que fue rechazada por el legislativo departamental.
Pese a ese revés, las academias aseguran que continuarán promoviendo medidas que fortalezcan la formación de los nuevos conductores, convencidas de que la educación vial constituye una herramienta fundamental para disminuir la siniestralidad y preservar vidas.
