La Asociación Civil Ambientalista de Salto presentó una solicitud de información dirigida a la Intendencia de Salto y a la Junta Departamental para conocer en detalle el proyecto que prevé privatizar los servicios de gestión, recolección y barrido que actualmente están bajo la órbita de la comuna.
En diálogo con la diaria, la presidenta de la organización, Adriana Carabajal, señaló que hasta el momento no se conocen públicamente suficientes detalles sobre las características, condiciones y alcance de la iniciativa. Por ese motivo, consideró necesario que la población pueda acceder a información clara antes de que se adopte una decisión que comprometería durante varios años la prestación de un servicio esencial.
“Entendemos necesario que la población pueda acceder a información clara y precisa antes de que se adopte una decisión de esta naturaleza”, sostuvo Carabajal.
Entre las principales interrogantes planteadas por la organización se encuentra la propia modalidad de contratación.
Los ambientalistas quieren saber cuál es el proyecto concreto, qué servicios serían transferidos a una empresa privada y si se hará un llamado público y competitivo mediante una licitación o si existe la posibilidad de que el servicio sea adjudicado directamente a un particular determinado.
También solicitan conocer cuáles serán los requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas, qué criterios se utilizarán para seleccionar a la adjudicataria y qué mecanismos de control establecerá la intendencia sobre el cumplimiento de las tareas.
En ese sentido, la asociación pregunta quién tendrá a su cargo la fiscalización del servicio, con qué recursos contará para realizarla y qué consecuencias enfrentará la empresa en caso de incumplimientos. También pretende conocer si se establecerán multas u otras sanciones económicas y bajo qué circunstancias podrían aplicarse.
Uno de los puntos que generan especial preocupación para la asociación es la eventual extensión del contrato. La solicitud de información pregunta expresamente si está previsto que la contratación tenga una duración de hasta 12 años y, en caso afirmativo, cuáles son las razones que justificarían un período de esa extensión.
“Una contratación por un período de hasta 12 años, que involucra un servicio esencial para la población y compromete recursos públicos durante un período prolongado, requiere necesariamente información suficiente, controles adecuados y garantías”, afirmó Carabajal.
La organización también pretende saber si la intendencia podrá rescindir el contrato antes de que se cumpla ese plazo en caso de incumplimientos de la empresa, cuáles serían las causales para hacerlo y qué procedimiento debería seguirse.
A su vez, solicita conocer qué garantías deberá presentar la eventual adjudicataria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Costos y situación de los funcionarios
Otro de los aspectos centrales del pedido está relacionado con el impacto económico de la eventual privatización. La Asociación Civil Ambientalista de Salto reclama conocer cuál sería el costo de la contratación para la intendencia y, en definitiva, para los contribuyentes durante todo el período contractual.
Además, pregunta si existe un estudio que compare los costos y beneficios de mantener el servicio bajo gestión municipal con los que implicaría transferirlo a una empresa privada.
La organización también planteó una interrogante respecto de los trabajadores municipales que actualmente llevan a cabo estas tareas.
Para Carabajal, antes de avanzar en una decisión de estas características es necesario contar con información que permita evaluar sus consecuencias económicas, laborales y relacionadas con la calidad del servicio.
La asociación ambientalista entiende que una eventual contratación debe ser acompañada por mecanismos que garanticen la transparencia del proceso y la igualdad entre los posibles oferentes.
En particular, reclama que se establezcan mecanismos de control público que permitan asegurar que la contratación se haga en condiciones de “igualdad, libre competencia y absoluta transparencia”, y que se evite cualquier posibilidad de favoritismo o de una eventual adjudicación basada en razones políticas o personales.
El planteo ya fue formalizado ante la Intendencia Departamental de Salto y la Junta Departamental. La organización solicita que las autoridades proporcionen la información y documentación vinculada al proyecto y que esos elementos sean puestos a disposición de la ciudadanía.
Para la Asociación Civil Ambientalista de Salto, el debate no debería limitarse a definir quién prestará el servicio, sino que debe incluir información suficiente sobre cuánto costará, cómo será controlado, qué garantías tendrá la población y qué ocurrirá con los trabajadores municipales.
“Las garantías de que la decisión será tomada exclusivamente en función del interés general y del beneficio de los habitantes del Departamento de Salto” son, según Carabajal, un aspecto central antes de avanzar con una contratación de largo plazo.
