El Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) convocó este miércoles a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para expresar su preocupación por el avance de los discursos de odio en medios de comunicación y redes sociales, con particular énfasis en situaciones registradas recientemente en Salto.
La jefa del Departamento de Diversidad Sexual del Mides, Josefina González, señaló que es “de público conocimiento” que en el departamento de Salto se han registrado discursos de odio y manifestó su compromiso de hacer frente a este tipo de expresiones desde el lugar que ocupa.
González advirtió que el país atraviesa “un contexto bastante complicado a nivel regional y mundial por el avance de los discursos de odio y de expresiones vinculadas con el fascismo”. En ese marco, planteó la necesidad de diferenciar la libertad de expresión de aquellas manifestaciones que cruzan determinados límites y generan violencia.
“Cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de una cuestión que está enmarcada legislativamente. Otra cuestión son los discursos de odio”, sostuvo. Según explicó, cuando un discurso “traspasa determinados límites, genera violencia e impacta sobre determinadas personas”, deja de ser una expresión amparada por la libertad de expresión.
“Desde el lugar donde estemos y en los procesos de construcción que se vienen desarrollando, vamos a hacer frente a los discursos de odio y a determinadas expresiones que no hacen más que vulnerar derechos y generar violencia sobre determinados cuerpos y personas”, afirmó.
La jerarca sostuvo que las expresiones públicas registradas en Salto deben ser respondidas; en ese sentido, invitó al movimiento social a pronunciarse, pero también a utilizar los canales institucionales de denuncia.
“Hay un claro límite social, legal y político que hay que marcar de una vez por todas”, afirmó. “No cualquiera puede decir cualquier cosa en este país, que tiene determinada normativa y derechos consagrados para proteger a las personas”.
Para González, el problema no se agota en lo que se dice públicamente, porque esas expresiones tienen consecuencias concretas. “Estamos en el momento de poner un freno a que no cualquiera pueda decir cualquier cosa, porque tiene un impacto real sobre determinadas personas”, sostuvo.
En relación con la situación particular de Salto, González señaló que el Mides dará respuesta a través de los mecanismos institucionales correspondientes y confirmó que se realizó una denuncia. Recordó que el artículo 149 bis del Código Penal establece sanciones para la incitación pública al odio, al desprecio o a la violencia contra una o más personas por motivos de discriminación.
La trabajadora social del Mides Paulina Minelli confirmó que la denuncia fue presentada y posteriormente ampliada, aunque señaló que hasta el momento no han recibido respuestas.
Además, el Mides realizó una reunión para definir cómo actuar ante este tipo de situaciones y avanzar en la elaboración de un protocolo de respuesta. El objetivo, explicó Minelli, es establecer “qué protocolo definir y de qué manera actuar de acá para adelante” frente a nuevas situaciones de discursos de odio.
