El Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que depende del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), modificó en los últimos meses algunos de sus programas. Uno de los cambios más importantes es el del Programa de Apoyo al Riesgo Nutricional, dirigido a niños y embarazadas con riesgo nutricional: consistía en una transferencia de 603 pesos y un complemento de leche fortificada que era de alcance nacional para quienes se encontraban en esa situación; desde junio se da sólo a los recién nacidos en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), y ya no se entrega el complemento de leche. Los otros tres programas modificados son el Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos, que excluye ahora a jubilados y pensionistas de bajos ingresos; el Programa de Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas, que redujo las partidas de alimentos y ya no entrega leche en polvo; y se dejó de supervisar y asesorar en nutrición a 300 Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF).
La Asociación de Funcionarios del INDA (AFINDA) y la Asociación de Funcionarios del Mides discrepan con la resolución. El miércoles, representantes de ambos sindicatos fueron recibidos por la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados. “Planteamos la equivocación que hay en dar de baja el Programa de Riego Nutricional: desaparece el programa como tal y queda focalizado en el CHPR. Son colectivos vulnerables que quedan sin cobertura, y no los cubren otros programas, como la tarjeta Uruguay Social, porque no están diseñados para cubrir esa problemática”, declaró a la diaria Sergio Turra, licenciado en Nutrición e integrante de AFINDA. Dijo, además, que la prestación debería ser entregada a todos los recién nacidos en el CHPR, pero sólo está alcanzando a un promedio de 100 niños por mes, es decir, menos de 30%.
Al término de la reunión, la comisión resolvió citar a la titular del Mides, Marina Arismendi, y al director del INDA, Gerardo Lorbeer. Consultado por la diaria, el diputado Walter de León (Frente Amplio, FA) explicó que quieren escuchar la versión de la ministra. Comentó que según tiene entendido, las autoridades “tratan de centralizar las prestaciones” y coordinar acciones que eran divergentes, pero que “la pregunta es si en esa intención que estaba muy bien, de racionalidad administrativa y de gestión, no se cometieron injusticias o se dejó a una población fuera de cobertura. Es un tema que me preocupa a pesar de que yo soy del gobierno, porque mi función es tomar decisiones correctas, justas y que favorezcan a la gente más pobre”.
Al tiempo que transcurría esa sesión, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados recibió a Arismendi y a Lorbeer por este mismo tema. Las autoridades respondían, así, a una citación de la diputada nacionalista Gloria Rodríguez. “La ministra nos manifestó que no es un recorte sino que se unificaron los programas de alimentación para atender a las personas según el índice de carencias críticas”, informó la diputada a la diaria. Pero no quedó satisfecha con la explicación, porque el programa ya no llega a niños que nazcan en otros centros –incluso en mutualistas– que también tienen riesgo nutricional, y en el CHPR sólo se produce 15% de los nacimientos, dijo. Por otra parte, criticó que jubilados y pensionistas de bajos recursos ya no reciban la prestación del INDA y que se hayan reducido las partidas para merenderos y hogares de ancianos, que en lugar de cada dos meses, ahora se dan cada tres. Según Rodríguez, las autoridades transmitieron que se cambió la periodicidad de las entregas porque falta fiscalización y la leche en polvo terminaba venciéndose en las intendencias, y criticó que se achicaran las canastas en contenido de azúcar y sal porque “‘estar gordo no significa salud’, es algo tragicómico”, dijo. Rodríguez concluyó que se alega que los cambios son para “disminuir burocracia” y que “es algo piloto que está para mejorar”, pero que en verdad el Mides “no puede controlar correctamente la llegada de esos recursos a sus destinatarios”, y que depositan la culpa en las intendencias o en el exceso de peso de las personas. Rodríguez dijo que les pidió a las autoridades datos que mencionaron y no presentaron.
En cambio, a la diputada Mercedes Santalla (FA), de la Comisión de Derechos Humanos, le conformaron las declaraciones de las autoridades. Dijo que “acá no se suspendió ningún comedor” y que los 603 pesos se les dan a las madres del CHPR: “Lo primero que hay que ver es cómo se van potenciando y unificando las transferencias. Este cambio va a ser bueno para tener una mejor respuesta y para que [el beneficio] les llegue a las familias con más vulnerabilidad”, estimó.