El domingo a las 23.35 se incendió una de las salas de seguridad del hospital Vilardebó, en la que residían dos pacientes internados por orden judicial. Entre que se vio la llamarada y comenzó a combatirse el fuego pasaron 45 segundos, según informó a la diaria Paula Sarkissian, directora técnica del hospital Vilardebó; el tiempo fue breve pero suficiente para provocar, ayer, la muerte de uno de los internos –no fue difundido su nombre ni su edad–, que había sido internado en el Centro Nacional de Quemados por quemadura de tórax de segundo grado, según declaró a este medio Mariela Vivone, vocera de Bomberos. El otro paciente fue derivado al hospital Pasteur, donde continúa internado en el CTI por la inhalación de gases tóxicos; según informó Sarkissian, está estable. Cuatro funcionarios del hospital también sufrieron complicaciones por la inhalación de gases al intentar combatir el fuego, pero no fueron de gravedad. Vivone expresó que lo que pasó fue que un colchón ardió, no se sabe si de manera accidental o intencional, luego de que uno de los internos prendiera fuego; se espera que las investigaciones de Bomberos y del hospital aporten más pistas. Sarkissian comentó que los pacientes no pueden portar encendedores. Consultada acerca de la posibilidad de que los colchones sean un material que no desprenda gases tóxicos (de lana en lugar de polifón, por ejemplo), dijo que lo tratarán y que “en base a situaciones como estas uno va aprendiendo”.
En el comunicado de prensa con el que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) difundió ayer la noticia, anunció que “redoblarán los esfuerzos” junto a los otros organismos que integran la mesa de diálogo –Ministerio de Salud, Suprema Corte de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Institución Nacional de Derechos Humanos, Facultad de Medicina de la Universidad de la República y Comisión de Contralor para el cumplimiento de la Ley de Salud Mental– “para enfrentar esta difícil problemática que implica tener bajo custodia en un centro de salud a pacientes derivados por la Justicia con graves trastornos de conducta”. La mesa se formó en enero, luego de que el hospital “colapsó” por la implementación de la nueva Ley de Salud Mental y el nuevo Código Penal, por el que, además de los jueces penales, los jueces de familia comenzaron a derivar pacientes al Vilardebó. Las primeras reuniones de la Mesa de Diálogo se hicieron recién a mitad de año.
El Vilardebó tiene 349 plazas, incluyendo las 12 que hay en el sexto piso de la ex Cárcel Central, a donde son derivados los pacientes imputables (los judiciales del Vilardebó son inimputables). De esas 349 plazas, entre 40% y 45% son ocupadas por pacientes judiciales; cuando todas son ocupadas, el Vilardebó deriva a otros centros, como el sanatorio Etchepare, a donde a mitad de año también falleció un interno, a raíz de un incendio provocado por otro paciente, en una de las salas.