El 9 de julio el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que concreta una promesa que había hecho el presidente Tabaré Vázquez el día que asumió su segundo mandato: que cualquier persona fuera de su departamento de residencia pueda concurrir a cualquier institución, pública o privada, para recibir atención médica. Eso ya podía hacerse ante una situación de emergencia, que es aquella en la que la persona corre riesgo de vida; ahora se habilita la atención de “urgencia”, definida como “una situación clínica que, sin poner en riesgo inminente la vida o una función del individuo, requiere una atención médica en el menor tiempo posible”, según el decreto.
El texto incluye un listado de las situaciones clínicas de urgencia, agrupadas en 17 secciones: cardiovasculares, del aparato respiratorio, del aparato digestivo, neurológicas, endócrino metabólicas, nefrourológicas, ósteo-músculo-articulares, intoxicaciones agudas y mordeduras, otorrinolaringológicas, oftalmológicas, odontológicas, dermatológicas, pediátricas, obstétricas y ginecológicas, psiquátricas, urgencias agentes por químicos o físicos, y otras urgencias, como violencia doméstica y presunción de abuso sexual.
El decreto (que reglamenta lo dispuesto por la Ley de Rendición de Cuentas del año pasado) se trabajó en la Junta Nacional de Salud (Junasa), en la que participan el Ministerio de Salud Pública (MSP) –que lo preside–, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, representantes de las mutualistas, de los trabajadores de la salud y de los usuarios. El texto establece los aranceles máximos para la atención de urgencia, que es lo que le debe pagar la institución de salud a la que está afiliado el usuario a aquella que lo haya atendido. La Junasa fijó cuatro aranceles: la consulta médica de urgencia cuesta 361 pesos; la paraclínica básica (hemograma, glicemia, examen de orina simple, hemoglucotest, oximetría, RX simple, electrocardiograma) vale 488 pesos; la terapéutica básica (que incluye desde la curación al suministro de fármacos) cuesta 566 pesos; y la consulta a especialista, 620 pesos. La persona no tendrá que pagar en el momento de atenderse, sino que lo hará más adelante, y pagará lo que hubiera pagado si se hubiera atendido en su institución de salud. Los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Hospital Militar no tendrán que pagar por la atención.
El decreto habilita, por ejemplo, a que una persona que esté de vacaciones, o de paso, en otro departamento, pueda atenderse en ese lugar en caso de urgencia, y no tenga que trasladarse a su lugar de origen o pagar un precio disparatado. Si la institución en la que se atiende tiene convenio con algún prestador local, la persona deberá dirigirse a ese prestador. “Hay algunos prestadores que eso ya lo tienen cubierto, Fepremi [Federación de Prestadores Médicos del Interior] tiene convenios que habilitan que se asistan en la sede en cada uno de los departamentos, y tienen aranceles para intercambiar servicios; lo mismo sucede con ASSE, pero después hay un conjunto de prestadores, sobre todo de Montevideo, que tienen sedes secundarias en algunas localidades del interior pero que no tienen condiciones de atender las 24 horas, o que no tienen recursos para abordar algunas de las circunstancias de urgencia que se puedan dar”, explicó a la diaria el ministro de Salud Pública, Jorge Basso. El usuario tendrá que saber a dónde dirigirse, y el MSP aspira a que la mutualista le informe al usuario dónde puede atenderse. Ayer se hizo la reunión mensual que tienen todos los directores departamentales de Salud con el equipo del MSP, y este fue uno de los temas que se trabajó. “Lo que más nos interesaba es que en cada uno de los territorios, en todos los puntos de atención, los usuarios estén en conocimiento de esta disposición, que es muy buena”, dijo Basso, y acotó que la idea es que los directores de salud refuercen la comunicación que tienen que hacer las instituciones de salud “de tal manera que un usuario que vaya a consultar no se encuentre al otro lado del mostrador a alguien que no esté al tanto”. Basso comentó que ya hay personas que se atendieron por este mecanismo.
El ministro expresó que la comunicación entre las instituciones fue uno de los temas que más se discutió, porque “había cierto temor de que, más allá de la atención inmediata que se hiciera en la urgencia, se generaran estudios complementarios o intervenciones de otro porte que excedieran el propio carácter de la atención de urgencia”.
Complementación versus competencia
Además de habilitar la asistencia de urgencia en cualquier lugar del país, este paso tiene otro valor para el MSP. Basso afirma que favorece la complementación. “Seguramente va a promover que las instituciones busquen generar acuerdos que permitan lograr mejores resultados desde el punto de vista de la atención y sobre todo de los gastos asistenciales que estas puedan generar”, adelantó. Valoró, además, que el Ejecutivo comenzó a fijar aranceles y que es algo novedoso porque “teníamos una larga brecha entre los aranceles que tenían los distintos prestadores, incluso dentro del mismo prestador, dependiendo de la zona”. El MSP aspira a avanzar en la fijación de otros precios, algo que habilitará la complementariedad: Basso recordó que con el fin de optimizar los recursos, muchas veces el MSP no habilita a las instituciones a adquirir un equipamiento que está subutilizado en la zona; lo que pasa es que ese intercambio se frena a la hora de acordar aranceles.
El País publicó el jueves que las mutualistas de Montevideo se beneficiaron porque tanto ASSE como Fepremi pedían aranceles superiores, mientras que las instituciones capitalinas querían pagar menos. Consultado al respecto, Basso respondió que el valor lo estableció el Poder Ejecutivo, que tiene mayoría dentro de la Junasa, y que los prestadores entendieron que era razonable que se terminara definiendo así “porque arrancábamos de brechas en cuanto a las visiones de esos costos significativos”. Agregó que “se hizo un estudio concienzudo de qué puede significar determinado procedimiento, de equipos, de instalaciones necesarias; se manejaban distintas variables para llegar a ese precio. Como todas las cosas, uno toma una definición y después tiene que ir monitoreando el funcionamiento. Somos conscientes de que esto es un techo y de que seguramente en el futuro se va a poder seguir trabajando con costos menores, en la medida en que haya una mayor complementación”, comentó.
Por ahora, en algunos casos, habrá ganancia para el prestador: hay instituciones de Montevideo que cobran bastante más que 361 pesos por la consulta de urgencia, por lo que se quedarán con la diferencia. En cambio, les saldrá más caro para aquellas que por esa atención cobran un precio ínfimo. Basso reconoció que unificar esos precios es “un desafío pendiente”.