Las contrataciones de traslados tercerizados que hacen los centros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fueron un tema central de la comisión investigadora para la gestión de ASSE desde 2008 a la fecha, particularmente por la compra de servicios a empresas que eran propiedad de jerarcas de centros de ASSE que contrataban esos servicios, como ocurrió en Bella Unión, Dolores y Mercedes. El martes 4 el programa Así nos va de Radio Carve difundió la compra de servicios de traslados que le había hecho la Red de Atención Primaria (RAP) de San José a la empresa Traslado y Apoyo Médico Especializado (Tamed) de Libertad, y reveló que dos de sus socios eran funcionarios de la RAP de San José: Andrés Sena, director técnico de Tamed, y Fernando Viera, quien había sido chofer de la RAP hasta febrero de 2018.
El programa difundió también dos facturas por traslados que le había hecho Tamed al centro de primer nivel de atención de Libertad (una por 169.000 pesos y otra por 306.000 más IVA) en enero de 2018 y otra por 300.000 en febrero de 2018, sin que ninguna de ellas figuraran en los registros de compras estatales. Se mencionó, además, que en octubre de 2017 el Tribunal de Cuentas le había sugerido a ASSE que hiciera una investigación administrativa, luego de haber detectado que la empresa era propiedad de dos funcionarios del hospital.
Al día siguiente ASSE inició una investigación administrativa de urgencia en la RAP de San José, ubicada en Libertad. El miércoles 12 el Directorio de ASSE estudió el informe, detectó que había conflicto de interés, suspendió las compras que se le hacían a Tamed y ordenó una investigación asistencial y administrativa más profunda, que se extenderá incluso a todas las compras estatales de la RAP de San José, y no sólo de los traslados.
Por ahora, los traslados en Libertad serán cubiertos por el Sistema de Atención Médica de Emergencia de ASSE (más conocido como SAME 105) y, en caso de no poder resolverlo, ya no se recurrirá a Tamed sino al servicio de traslados especializados de la Asociación Médica San José (AMSJ).
El gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, declaró el jueves 13 a Así nos va que se recurría a la compra directa de los servicios de Tamed cuando no era posible dar respuesta desde SAME 105; añadió que la licitación que había hecho ASSE para tener cubierto ese servicio había quedado desierta porque el Tribunal de Cuentas había detectado el conflicto de interés que implicaba la contratación con Tamed. Rodríguez alegó que ASSE no tenía alternativa porque la AMSJ había resuelto no vender servicios a terceros, decisión que revirtió la semana pasada, a pedido de ASSE, pero de manera transitoria. La investigación administrativa determinará por qué la compra no fue registrada en el portal de compras estatales.
Como solución a mediano plazo, ASSE piensa hacer una licitación que separe la cobertura de apoyo en puerta de emergencia de los traslados especializados y, de esa forma, espera que puedan postularse empresas que no lograron hacerlo en el último llamado.
Como solución a largo plazo, ASSE trabaja en la creación de un sistema nacional de traslados de la red de salud pública, para evitar este tipo de situaciones de conflicto de interés, que son bastante comunes en pequeñas localidades, en las que los recursos humanos especializados son escasos. Para eso, el organismo conformó un grupo de trabajo que en un tiempo acotado –un mes, se estima– deberá presentar un informe que recomiende las soluciones a implementar.
En diálogo con la diaria Marlene Sica, vicepresidenta de ASSE, expresó que la voluntad es acercarse a una solución “definitiva” del tema. En primer lugar, dijo que se valorará la posibilidad de contar con un sistema de traslados públicos único de ASSE y que, en caso de que eso sea viable y sostenible desde el punto de vista económico, se estudiará cómo implementarlo. Sica comentó que SAME 105 es un servicio que se creó con una lógica metropolitana, con incentivos importantes que lo vuelven “extremadamente costoso y no sostenible”. Si se opta por el sistema público, se verá la posibilidad de crear un sistema incentivado “pero no al costo de SAME 105”, dijo Sica.
Si esa solución no fuera posible, ASSE está pensando una alternativa: mantener los servicios propios y reforzarlos recurriendo a la compra de emergencias móviles con las que ASSE pueda conveniar, es decir, aquellas cuyos dueños no sean funcionarios de ASSE. “Lo que queremos evitar, en la medida que se declare que los funcionarios de ASSE tienen conflicto de interés, es que [el funcionario socio de la empresa de traslados] participe en proceso de decisión de compra de ese servicio, ya sea decidiendo el traslado o ejecutándolo”, explicó. Eso también es parte del trabajo que analizará el grupo conformado por ASSE.
Sica aclaró que primero se trabajará en la implementación del servicio a nivel regional, para luego llevarlo a la escala nacional, debido a las situaciones dispares que se viven al sur y al norte del río Negro en cuando a disponibilidad de empresas de traslados y de recursos humanos. Para alcanzar esas soluciones definitivas, Sica relató que ASSE hizo un relevamiento de los servicios de traslados especializados que contrata a nivel nacional, y que “se documentaron diferentes situaciones”; de allí saldrá el mapeo de empresas cuyos propietarios no tienen conflictos de interés con ASSE, con las que el organismo podría llegar a firmar convenios.