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Trabajadores de la empresa San Jorge frente a la Dirección Nacional de Trabajo.

Foto: Federico Gutiérrez

Funcionarios reclaman por malas condiciones de trabajo en empresa de limpieza que contrata ASSE

2 minutos de lectura
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En una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las partes avanzaron en un acuerdo, pero los funcionarios no descartan denuncias civiles y penales contra la empresa.

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Desde hace un año los empleados de la empresa San Jorge están en conflicto. Ellos se encargan de la limpieza de una decena de centros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que han tercerizado esa prestación. Ayer, mientras los dirigentes sindicales, los representantes de la empresa y los negociadores de la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) se reunían, los empleados –en su mayoría mujeres– se manifestaron en la calle, vestidos como personajes de la película Los cazafantasmas, en alusión a la falta de respuesta que han tenido sus reclamos. En la reunión se logró firmar un preacuerdo en el que la empresa se compromete a saldar deudas y cumplir la ley en aspectos básicos como el cobro del salario y el derecho a la licencia, ya que hasta ahora se habían manejado con una libre interpretación de la normativa, explicó a la diaria José Ríos, secretario nacional de Tercerizados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

La ley establece que las empresas tienen hasta el quinto día hábil del mes para depositar los salarios; sin embargo, San Jorge insistía en que tenían tiempo hasta el día 10 de cada mes, y de hecho los trabajadores cobraron el sueldo de diciembre el 10 de enero. Según explicaron los representantes de la empresa, la culpa es en parte de ASSE, porque no presentaba con la antelación suficiente las horas trabajadas cada mes. Tanto la empresa como los trabajadores se comprometieron a hacer las gestiones pertinentes para que esta información llegue a tiempo. En el preacuerdo, al que accedió la diaria, se detalla que San Jorge tendrá tiempo hasta abril para regularizar el cobro de salarios como establece la normativa.

Algunos trabajadores tuvieron inconvenientes con diferentes entidades crediticias o de garantía, ya que aparecen como deudores aunque San Jorge retuvo parte de sus salarios para verterlo en las entidades. En el preacuerdo se establece que la empresa recibirá un listado de todos los trabajadores afectados y se compromete a realizar, en un plazo de cinco días hábiles, los pagos para cancelar las deudas.

Las licencias son otro tema de conflictividad para los funcionarios. En el preacuerdo la empresa se comprometió a que todos los años en el mes de enero se publicará una lista de trabajadores y el número de días que hayan generado, buscando también poder coordinar las licencias para evitar retrasos en el servicio. Además, aquellos trabajadores que aún no usaron los días generados hasta 2017 podrán hacerlo antes del 20 de febrero, recibiendo los pagos correspondientes.

Por otra parte, Ríos explicó que los trabajadores dejaron en claro en la reunión que la empresa imponía sanciones arbitrarias a sus empleados, puesto que muchos fueron despedidos sin previa notificación, cuando debería estar prevista una escala sancionatoria. Además, denuncian un mal relacionamiento entre los trabajadores y los altos mandos de la empresa.

El viernes se reunirán los delegados de los trabajadores de los distintos centros de San Jorge para analizar el preacuerdo y determinar si levantan el conflicto o lo mantienen. A su vez, Ríos detalló que sigue sobre la mesa la opción de presentar una denuncia civil y penal en febrero, cuando se levante la feria judicial; esto también será parte del orden del día de la próxima reunión de trabajadores.

A pesar de esta situación de conflicto que se mantiene desde hace más de un año, la empresa San Jorge volvió a ganar licitaciones y a renovar contrato con ASSE hasta 2020. Sobre esta situación, Alarico Rodríguez, gerente general de ASSE, dijo a la diaria que hasta noviembre de 2018 las denuncias de estos incumplimientos eran orales; recién en los últimos meses de 2018 se generaron actas que demostraran las irregularidades. Las autoridades pudieron constatar tres incumplimientos de San Jorge, por lo que iniciaron el procedimiento administrativo para ingresar esos datos al Registro Único de Proveedores del Estado. También explicó que en varios casos la extensión del contrato se dio simplemente hasta que el Tribunal de Cuentas aprobara el presupuesto de la empresa que ganó la licitación en su lugar.

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