Una delegación del Ministerio de Salud Pública, encabezada por la ministra Cristina Lustemberg, concurrió esta semana a la comisión especial de seguimiento de la problemática de la salud mental y de la Ley 19.529, para informar a los legisladores sobre el plan de salud mental y los cambios en el programa Ni Silencio Ni Tabú, implementado en el gobierno anterior.
En este marco fue donde Lustemberg anunció que el gobierno implementará un plan piloto para incorporar psicólogos en liceos y UTU de todo el país.
Durante la comparecencia, la cartera fue consultada sobre diversos temas vinculados a centros de atención, presupuesto para salud mental, estrategia prevista para los próximos años y ejecución de recursos en lo que va del período de gobierno, entre otros.
El legislador Andrés Ojeda, quien motivó la comparecencia, consultó sobre la ejecución presupuestal, la disponibilidad de especialistas en el país, el funcionamiento de los mecanismos de control previstos por la ley, la situación de las habilitaciones de servicios de salud mental y el seguimiento de casos de internación involuntaria, incluyendo fallecimientos registrados en ese contexto, consultas que se basaron en dos informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentados este año ante la comisión.
En concreto, Ojeda planteó que de los 144 servicios de salud mental relevados por Salud Pública —según datos de la INDDHH— solo cuatro cuentan con habilitación vigente: tres en Montevideo y uno en Canelones. Sobre las internaciones involuntarias, señaló que en 2025 fallecieron dos personas en ese contexto; una tras 47 días y otra tras 1.136 días. Agregó que la notificación se realizó tres meses después del fallecimiento, con registros que el informe califica como “con absurdas incongruencias”.
El ministerio respondió que tomó nota del informe, aunque ya lo conoce, y que la situación está siendo abordada en el ámbito de la Comisión de Contralor pautada por la Ley de Salud Mental. También consultada por esta comisión, la cartera informó que comenzó a funcionar en junio, tras un período sin integración completa, y que el ministerio participa en su funcionamiento y coordinación.
En materia presupuestal, el director general de Secretaría, Rodrigo Márquez, explicó que los fondos de salud mental provienen de partidas específicas y se ejecutan en parte a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En concreto, señaló que el área cuenta con alrededor de 200 millones de pesos para ejecutar, incluyendo unos 69 millones anuales.
Agregó que lo principal no es la disponibilidad de recursos, sino la ejecución y la dispersión del gasto entre distintos organismos. “Es muy difícil saber cuánto gastamos como país en salud mental”, afirmó, y señaló que se trabaja en mejorar los sistemas de información y en “etiquetar” el gasto.
El ministerio presentó los avances de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar hacia 2025–2030, que, según la ministra de Salud Pública, impulsa la consolidación del modelo comunitario de atención en salud mental, en línea con la Ley 19.529 y el Plan Nacional de Salud Mental 2020–2027.
En su exposición, la directora general de Salud, Laura Llambí, informó que en el Sistema Nacional Integrado de Salud se incorporó un nuevo indicador de metas asistenciales para 2026–2027, orientado a mejorar el acceso oportuno a los servicios de salud mental, con seguimiento de listas de espera y tiempos de atención.
Respecto a las prestaciones de los centros de salud, se indicó que los datos del Sistema Nacional de Información que la cartera está analizando muestran una fuerte concentración en la atención psicoterapéutica individual, mientras que los abordajes grupales aparecen subutilizados. A partir de esto, el ministerio planteó avanzar hacia una reorganización del modelo de atención por niveles, priorizando el primer nivel como puerta de entrada del sistema.
Sobre el programa Ni Silencio Ni Tabú, señaló que al cierre de 2025 funcionaban siete centros en seis departamentos, y que fue ampliado desde un enfoque de sensibilización hacia la instalación de dispositivos en territorio. En ese marco, se anunció la apertura de nuevos centros, además del fortalecimiento de acciones y cursos junto con el INJU y Unicef.
El ministerio también fue consultado sobre la ejecución de fondos y el destino de los recursos previstos para 2026. En respuesta, reiteró que la ejecución está en marcha y que parte de los recursos se orienta a sistemas de información y fortalecimiento de programas territoriales.
En relación con los recursos humanos, una duda compartida por varios legisladores, se indicó que Uruguay cuenta con 17,8 psiquiatras cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la de países como Reino Unido o Canadá, aunque con una distribución territorial desigual. En ese sentido, se remarcó que el objetivo de la estrategia no es solo la cantidad de profesionales, sino el cambio del modelo de atención hacia un enfoque comunitario y desde el primer nivel de atención.
Desde el ministerio también informaron avances en el registro de intentos de autoeliminación, que serán informados a la población en julio, mejoras en los sistemas de vigilancia y la elaboración de informes epidemiológicos, además de un plan piloto para integrar información al sistema nacional de vigilancia en salud.
Asimismo, se informó sobre el programa Acción País, que recibió 128 proyectos actualmente en evaluación técnica bajo criterios de pertinencia, territorialidad y viabilidad, que serán seleccionados en una etapa posterior.