La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) advirtió sobre un importante subregistro y fallas en el sistema de notificación de internaciones en salud mental, lo que dificulta el control estatal y el seguimiento de situaciones que implican restricción de derechos.
El diagnóstico surge de un informe del Área de Salud Mental de la institución, elaborado a partir de 909 notificaciones correspondientes al primer semestre de 2025, que fue presentado a fines de 2025 y publicado en abril de este año. El documento fue expuesto esta semana ante la comisión parlamentaria que sigue la problemática de salud mental y el cumplimiento de la Ley 19.529 de Salud Mental.
El director de la INDDHH, Juan Miguel Petit, señaló que el estudio constituye “una fotografía de un momento”, pero permite constatar un “claro déficit de información” sobre las internaciones en el país.
Uno de los principales problemas identificados es el bajo nivel de cumplimiento de la obligación de notificar las internaciones involuntarias y aquellas que superan los 45 días. Según explicó la psicóloga del área, Mariana Risso, de unos 144 prestadores que realizan internaciones por salud mental, solo entre siete y ocho notifican de forma regular al sistema previsto por la Ley de Salud Mental.
Esa situación impide contar con datos confiables sobre la magnitud de las internaciones involuntarias y limita la capacidad de supervisión del Estado, advirtió la institución.
El informe también señala problemas en la calidad de la información registrada. En varios casos no se consigna el juzgado interviniente, no figura el consentimiento informado ni la justificación de la internación o su continuidad, lo que dificulta el seguimiento de cada caso.
A esto se suma un retraso en la comunicación de egresos y la existencia de datos incompletos en los formularios. Según el relevamiento, el 74% de las notificaciones correspondió a internaciones involuntarias y el 25% a egresos. Entre estos últimos se detectaron 67 internaciones prolongadas (de más de 45 días), lo que equivale a casi uno de cada tres egresos.
El 80% de las notificaciones provino de Montevideo, lo que sugiere un mayor nivel de incumplimiento en el interior del país, según la INDDHH.
El informe también advierte un subregistro de internaciones de niños, niñas y adolescentes. En el período analizado se registraron solo cuatro casos, una cifra que la institución considera incompatible con la realidad. Petit sostuvo que el propio trabajo de la INDDHH en el área de infancia muestra la existencia de un número significativamente mayor de internaciones no registradas, es decir, un subregistro.
La institución remarcó que las internaciones involuntarias y prolongadas requieren especial atención por tratarse de situaciones que implican restricciones de derechos y suelen asociarse a contextos de vulnerabilidad, como riesgo de suicidio, abandono o violencia.
En ese sentido, el informe subraya que la notificación no es un trámite administrativo, sino una herramienta de control y garantía de derechos.
Finalmente, la INDDHH recomendó fortalecer el sistema de registro, mejorar la calidad de los datos, asegurar el cumplimiento de la obligación de notificar y avanzar en la producción de estadísticas confiables que permitan monitorear la aplicación de la Ley de Salud Mental.
Durante la comparecencia parlamentaria, Petit anunció además la creación de un grupo de trabajo específico sobre salud mental dentro de la institución, que funcionará durante tres meses para elaborar una hoja de ruta con medidas concretas.
El informe, al que accedió la diaria, describe, por ejemplo, los fallecimientos, de una forma que muestra muy bien lo que la INDDHH planteó en la comisión sobre la falta de datos y la inconsistencia de los registros.
El primer fallecimiento reportado correspondió a una mujer de 68 años, en una clínica contratada por el Hospital Vilardebó. Si bien el fallecimiento ocurrió el 13 de abril de 2025, fue notificado el 29 de abril como egreso por fallecimiento. Se informó que la persona, portadora de una patología crónica, había ingresado el 25 de febrero de 2025, totalizando 47 días de internación.
El formulario no amplía ningún otro aspecto particular y en el campo para detallar la continuidad terapéutica al alta se consignó: “Control con psiquiatra en policlínica”; en el siguiente campo, relativo al plazo propuesto, se informó: “Hasta que se le otorgue el alta”.
“Estas respuestas, que presentan absurdas incongruencias, dan cuenta de respuestas administrativas a campos con opciones automáticas que no están pensadas para reflejar la realidad”, dice el informe.
El segundo fallecimiento notificado ocurrió durante el segundo semestre de 2025 y, como se explicó con anterioridad, si bien no corresponde al período principal abordado en este informe, se incorpora a efectos ilustrativos. Se trató de una mujer de 77 años, internada en forma involuntaria en una clínica contratada por un prestador de salud privado de Montevideo.
El fallecimiento ocurrió el 24 de agosto de 2025, pero fue notificado recién el 24 de noviembre, en la categoría de egreso por fallecimiento. De acuerdo con la información consignada, la persona presentaba una patología crónica de salud mental y carecía de referentes familiares desde el fallecimiento de su cónyuge. Permanecía internada en forma continua desde julio de 2022 y había acumulado un total de 1.136 días de internación.
Asimismo, en el campo destinado a consignar la estrategia asistencial se registró el siguiente texto: “Estuvo internada en piso por una infecc. Luego regresó a Xicos. En seguimiento con Mides ya que no tiene referentes…” (sic).
“La forma en que se consigna la información en este caso resulta ilustrativa de las limitaciones actuales del sistema de notificación, no solo para dar cuenta de la trayectoria asistencial, sino que tampoco detalla la articulación interinstitucional, lo que expone las limitaciones”, agrega el documento sobre este caso.