Comisión que controla el cumplimiento de la Ley de Salud Mental tiene “cero recurso económico”

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En los 15 meses que lleva de funcionamiento, la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental ha recibido 520 comunicaciones, entre ellas: notificaciones de internaciones involuntarias y de las hospitalizaciones que sobrepasan los 45 días; interacciones con jueces para el seguimiento de casos de adultos o niños internados y para el nombramiento de defensores de oficio, y ha recibido algunas denuncias sobre condiciones y plazos de internación.

El miércoles 16, Ángel Valmaggia, presidente de la comisión, y Josefina Plá, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), dieron la primera conferencia de prensa desde que se creó la comisión, que está integrada por dos representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP) –uno de ellos es Valmaggia–, tres de la Universidad de la República, uno de los trabajadores, uno de las personas con padecimientos mentales, uno de familiares y otro de organizaciones sociales.

Valmaggia remarcó que la comisión es un órgano desconcentrado del MSP: “No dependemos del MSP, sino que somos independientes”, y dijo que “no está sometido a jerarquía” del ministerio. La aclaración viene a cuento porque durante la discusión de la ley varias organizaciones reclamaron que la comisión no estuviera bajo la órbita del MSP, y la negativa provocó fracturas que todavía persisten.

La falta de recursos económicos fue señalada por Valmaggia como un límite para el trabajo de la comisión. “Tiene cero recurso económico”, lamentó. Detalló que el MSP aporta funcionarios administrativos y que en el último tiempo se pudo coordinar empezar a hacer inspecciones en vehículos del ministerio, porque al comienzo lo hacían en sus propios vehículos. “Esta es una dificultad muy grande para la comisión, habría que buscar algún cambio”, dijo, , y añadió: “lograr una mayor autonomía de la comisión y no depender, aunque sea para estas pequeñas cosas del ministerio”. Además, comentó que la comisión es honoraria y que “ese es un factor que limita mucho”.

Valmaggia planteó que es necesario ampliar las inspecciones a los establecimientos en donde están internadas las personas con problemas de salud mental. Dijo que en este tiempo han concurrido a “cinco o seis” centros, públicos y privados, de Montevideo. Visitaron algunos en los que sabían que “se atendía muy bien”, para tener “una medida de lo que se puede hacer”. En uno de ellos, una residencia con apoyo (privada) corroboraron que las condiciones eran “excelentes”: especificó que había más de 30 personas, que las instalaciones eran muy buenas (excepto que el lugar tenía cuatro pisos y carecía de ascensor), que estaban “muy bien atendidas” y que tenían actividades para hacer. También hallaron algunos establecimientos en malas condiciones y con “cables colgando”. De todo eso le informaron al MSP. Dijo que es prioritario visitar centros del interior del país, conocer el número de centros y de personas internadas; relató que a raíz de una comunicación visitaron una casa que ni siquiera había iniciado la solicitud de habilitación ante el MSP.

La comisión ha recibido denuncias por el tope de internación de 30 días en las mutualistas, algo que la nueva ley prohíbe limitar. Valmaggia recordó que quienes tienen que hacer las notificaciones por hospitalizaciones involuntarias y por las que se prolonguen por más de 45 días son los directores técnicos de los establecimientos, y que “han sido excepcionales las llamadas de directores”, ya que por lo general ese trámite lo hacen otros trabajadores. Lamentó, también, que todavía no se haya trabajado de manera interinstitucional, para asegurar el acceso a vivienda, trabajo y educación.

Plá manifestó preocupación porque no han llegado algunas notificaciones de internaciones de niños y comentó que es necesario vigilar las internaciones prolongadas porque los privan de continuar su trayectoria educativa, algo que la ley pide asegurar.